Viernes, 26 de junio, 2020
A cinco décadas de las primeras manifestaciones públicas de lucha y orgullo de la disidencia sexual, los retos en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ son muchos, son complejos y están agudizándose ante la pandemia. Sin embargo, este panorama representa también una oportunidad para reivindicar el activismo y fortalecer las alianzas entre redes, organizaciones y colectivos en la diversidad sexual
Por primera vez en la historia de los movimientos de la disidencia y la diversidad sexual en las Américas, las marchas del orgullo LGBTIQ+ han sido canceladas a causa de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, esto no ha representado un obstáculo para que organizaciones, colectivos, líderes y personas defensoras de los derechos de las personas LGBTIQ+ hayan organizado una serie de actividades, en su gran mayoría virtuales, para hacer llegar mensajes de solidaridad y esperanza, así como llamados enérgicos a los estados. Ahora más que nunca, las voces de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales y queer deben ser escuchadas, y nosotras, las organizaciones que les acompañamos en la lucha por el respeto a sus derechos humanos debemos asumir un compromiso mayor de exigencia a los gobiernos de la región para que cumplan con sus obligaciones internacionales.
En las últimas dos décadas, se han logrado avances significativos en materia legislativa y de política pública en algunos países del continente en torno a la agenda por los derechos de las personas LGBTIQ+. Estos avances van desde leyes que ponen fin a la grotesca criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo para combatir la discriminación o garantizar la identidad de género, hasta el reconocimiento del matrimonio igualitario y la adopción entre parejas del mismo sexo en algunos países de la región. Sin embargo, este progreso no se debe a iniciativas lideradas por estados, sino a la tenacidad y lucha de los movimientos LGBTIQ+, acompañados muchas veces por los movimientos de resistencia como las feministas, movimientos estudiantiles o aquellos en contra de la discriminación racial. Los mismos movimientos LGBTIQ+ han evolucionado en las últimas décadas y han dado cabida a nuevas identidades y expresiones.
A pesar de los avances y el momento histórico que significa el mes del orgullo, las personas LGBTIQ+ en la región continúan enfrentando diversas formas de exclusión, desigualdad y violencia, derivadas en gran medida por la omisión sistemática de los Estados para garantizar sus derechos y responder a sus necesidades. Asimismo, no podemos ignorar que, en el contexto actual de pandemia, las personas LGBTIQ+ están en mayor riesgo de ver sus derechos vulnerados ante la incapacidad de los gobiernos de responder de manera integral a un conjunto de retos complejos que exacerban las desigualdades y las problemáticas sociales.
Con los gobiernos de la región volcados en intentar responder a la emergencia sanitaria por el COVID-19, en Amnistía Internacional observamos con preocupación que se deje al margen el establecimiento de mecanismos que garanticen políticas y programas de atención integral a las personas LGBTIQ+ en un contexto tan adverso. Uno de los pendientes que más apremia en este sentido es la falta de respuesta efectiva de los Estados ante el incremento en los casos de violencia y discriminación por motivo de orientación sexual, identidad y expresión de género.
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que pese a las medidas adoptadas por los Estados para prevenir y mitigar la violencia en contra de las personas LGBTI en la región, los altos índices de violencia y discriminación, incluidos los crímenes de odio por orientación sexual, identidad y expresión de género, permanecieron en gran parte de los países de la región y en algunos otros aumentaron. En paralelo, desde Amnistía Internacional documentamos en nuestro informe anual 2019 una grave regresión en materia de derechos de personas LGBTIQ+ en países como El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
En materia de derecho a la salud, la pandemia del COVID-19 ha mermado la capacidad de los sistemas de salud para brindar, de manera oportuna, servicios específicos orientados a personas LGBTIQ+. Tal ha sido el caso, por ejemplo, en la falta de provisión de terapias de reemplazo hormonal para mujeres trans, servicios de salud sexual, así como acceso y oportunidad del tratamiento antirretroviral para personas que viven con VIH — otra pandemia que desde hace casi cuatro décadas ha afectado de manera significativa a hombres gays y mujeres trans en la región. Aunado a esto, no podemos omitir que la persistente discriminación en la atención a la salud basada en la orientación sexual y la identidad y expresión de género, colocan a las personas LGBTIQ+ en una situación de mayor riesgo ante el COVID-19.
Por otra parte, el impacto económico de la pandemia ha comenzado a dar muestras en las tasas de desempleo en una región donde las posibilidades de acceder a un empleo digno han sido particularmente limitadas para la población trans, así como para otras personas de la diversidad sexual, incluso antes del COVID-19. Sin programas de profesionalización y promoción de la inclusión laboral para personas LGBTIQ+ como parte de una política pública, será difícil que esta población tenga los medios de subsistencia que les garanticen una adecuada calidad de vida.
Finalmente, es importante recalcar que, aunque en el discurso político percibimos a las personas LGBTIQ+ como un colectivo integrado en la lucha por sus derechos, muchas de ellas enfrentan otro tipo de realidades y múltiples formas de discriminación que las colocan en contextos de altísimo riesgo y violaciones a sus derechos humanos. Tal es el caso de las personas LGBTIQ+ migrantes y refugiadas, quienes han salido de sus países a causa de los contextos de violencia y persecución o en búsqueda de mejores oportunidades de vida; personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversas que pertenecen a pueblos indígenas y comunidades rurales, quienes sufren en mayor grado la violencia y discriminación en sus comunidades; así como personas en situación de reclusión, quienes padecen la segregación y están más propensas a sufrir de violencia en los centros penitenciarios.
A cinco décadas de las primeras manifestaciones públicas de lucha y orgullo de la disidencia sexual, los retos en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ son muchos, son complejos y están agudizándose ante la pandemia. Sin embargo, este panorama representa también una oportunidad para reivindicar el activismo y fortalecer las alianzas entre redes, organizaciones y colectivos en la diversidad sexual. Las personas LGBTIQ+ y las personas defensoras de derechos humanos quienes les acompañamos en su lucha, estamos en resistencia, y desde el confinamiento y los espacios virtuales exigimos a los Estados que sus voces sean escuchadas y atendidas. No daremos un paso atrás hasta que el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y su vida en dignidad se hagan costumbre.