El 2 de abril de 2020, aproximadamente 15 agentes de la DGCIM irrumpieron en la vivienda de Maury Carrero. En esa actuación se llevaron muchos de los objetos valiosos y aparatos electrónicos de la familia. Los agentes avisaron a los padres de Maury Carrero de que se la llevaban temporalmente y que la traerían de vuelta, ya que su nombre no constaba en la orden de registro. Maury Carrero no regresó a casa esa noche

Maury Carrero, detenida arbitrariamente en abril de 2020 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, fue acusada formalmente el 19 de mayo por la fiscalía. Ha sido acusada de “ocultamiento de armas de fuego” y “asociación para delinquir”, ambos cargos formulados en virtud de la legislación antiterrorista. Sin apenas contacto con sus abogados o su familia desde el 1 de mayo, corre riesgo de tortura. Pedimos que se ponga en libertad a Maury, que se proteja su integridad física mientras esté bajo custodia, y que durante su juicio se respeten todas las garantías procesales.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores

Av. Nte. 10, Caracas 1012, Distrito Capital,

Venezuela

Teléfono: +58 212-8063111

Twitter: @NicolasMaduro

Señor Nicolás Maduro:

Deseo expresarle mi preocupación por el uso continuado de detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos cometidos en Venezuela, en particular mientras su gobierno utiliza la pandemia de COVID-19 para abusar más de su poder.

Tras haber sido detenida arbitrariamente el 2 de abril de 2020 por agentes de la DGCIM, Maury Carrero fue acusada formalmente el 19 de mayo de delitos en virtud de la legislación antiterrorista. Desde que está bajo custodia, a la familia y los abogados de Maury Carrero se les ha negado reiteradamente acceder a ella y comunicarse con ella. La detención prolongada en régimen de incomunicación puede constituir tortura en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Pido que Maury Carrero sea puesta en libertad mientras dure su juicio, respetando todas las garantías procesales. Hasta entonces, pido que las autoridades garanticen la integridad personal de Maury Carrero, y que le den acceso inmediato y adecuado a sus abogados y familiares.

Cordialmente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Mientras el mundo confronta la pandemia de COVID-19, el gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado esta crisis para ampliar su poder y abusar más de él. El gobierno ha aumentado significativamente su uso de detenciones arbitrarias contra miembros de la oposición y presuntos miembros de la oposición, así como otras personas críticas. Además, hay indicios de tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el gobierno de Maduro.

El 2 de abril de 2020, aproximadamente 15 agentes de la DGCIM irrumpieron en la vivienda de Maury Carrero. En esa actuación se llevaron muchos de los objetos valiosos y aparatos electrónicos de la familia. Los agentes avisaron a los padres de Maury Carrero de que se la llevaban temporalmente y que la traerían de vuelta, ya que su nombre no constaba en la orden de registro. Maury Carrero no regresó a casa esa noche. Desde su arresto, sólo se le permitió realizar una llamada de teléfono extremadamente corta aproximadamente una vez por semana durante su primer mes de detención; durante esa llamada había agentes presentes en todo momento, por lo que Maury no podía hablar libremente ni de manera segura sobre las condiciones de su reclusión. Desde que el 14 de mayo fue trasladada a las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), las autoridades le han negado el acceso a su familia y sus abogados, con la excusa del estado de alarma impuesto como respuesta a la pandemia de COVID-19 desde el 13 de marzo de 2020.

El 19 de mayo, la fiscalía acusó formalmente a Maury de “ocultamiento de armas de fuego” y “asociación para delinquir”, ambos cargos formulados en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo venezolana. La acusación se presentó ante el tribunal segundo con jurisdicción en casos relacionados con delitos asociados al “terrorismo”. Inicialmente se le habían imputado los cargos de terrorismo, asociación para delinquir, ocultación de armas de fuego y explosivos, y ocultación de una pequeña cantidad de droga, pero no fue acusada formalmente hasta el 19 de mayo.

La detención de Maury Carrero es un ejemplo más de la política de represión del gobierno de Maduro. La intimidación, el hostigamiento, la tortura, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas son prácticas habituales de la DGCIM y del gobierno de Maduro. Durante los últimos años, decenas de políticos de la oposición se han visto obligados a huir del país y solicitar asilo a consecuencia de las amenazas que habían recibido por parte del gobierno de Maduro; otras personas han sido detenidas arbitrariamente por estar relacionadas con líderes de la oposición o activistas. Las personas corrientes de Venezuela que se atreven a criticar a su gobierno o participan en protestas también hacen frente a la amenaza de ser detenidas, y algunas de ellas han sido objeto de desaparición forzada o han muerto a manos de las fuerzas de seguridad. En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, se ha detenido a personal médico, periodistas y otras personas por llamar la atención sobre los casos de COVID-19 o la escasez de suministros médicos y productos básicos.

En su informe del año pasado Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Amnistía Internacional concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y lesiones debidas al empleo de fuerza excesiva por el gobierno de Nicolás Maduro, que formaron parte de una política de represión sistemática y generalizada desde al menos 2017, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Desde 2014 se ha producido una huida sin precedentes de personas venezolanas en busca de seguridad y de un futuro digno en el extranjero. Hasta marzo de 2020, más de 5 millones de personas habían huido del país. A consecuencia de la crisis de COVID-19, muchas personas venezolanas que previamente se habían ido del país se han visto obligadas a regresar debido al derrumbe de las economías y a la falta de apoyo específico para las personas refugiadas afectadas por la pandemia y sus efectos secundarios. También están expuestas a sufrir represalias por parte del gobierno.

Pueden escribir llamamientos en: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 7 de agosto de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Maury Carrero (femenino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/2323/2020/es/