Lunes, 22 de junio, 2020

El aumento de la vigilancia de quienes critican al gobierno se produce al mismo tiempo que aumenta el número de detenciones y enjuiciamientos arbitrarios en el país. Desde noviembre de 2019, Amnistía ha documentado diez casos de activistas, incluido el de Omar, que han sido detenidos ilegítimamente, enjuiciados y condenados a prisión


El periodista marroquí Omar Radi ha aprendido a suponer que está siempre sometido a vigilancia. Lo siguen cuando investiga noticias, le han pirateado el ordenador y han atacado su teléfono con un sofisticado software espía.

Las investigaciones de Omar sobre las relaciones entre intereses políticos y grandes empresas, así como sus duras críticas al historial de Marruecos en materia de derechos humanos, lo han convertido en blanco de represión, pues las autoridades buscan silenciar las voces disidentes.

En marzo le impusieron una pena condicional de cuatro meses de prisión por un tuit que había publicado el año anterior en el que criticó a un juez por el juicio injusto y encarcelamiento de un grupo de activistas. Omar ha recurrido la sentencia condenatoria.

A pesar de que las autoridades miran con lupa todos los aspectos de su vida, Omar está decidido a seguir contando las noticias que le importan. No teme por su propia seguridad, pero le preocupa el sufrimiento que puedan causar a sus seres queridos. “Pueden atacarte a través de tus amistades más cercanas, a través de tus cosas personales. Así que, quizá hagan daño a parientes, familia, amistades por mi culpa”, dice.

Este mismo mes, se publicó el nombre de su compañera de piso en un popular sitio de noticias que, dice Omar, usan a veces los servicios de inteligencia para desacreditar a periodistas. En la noticia, acusaban a ambos de mantener una “relación ilegal fuera del matrimonio” y se afirmaba que Omar había sido visto borracho en la calle. El mismo artículo incluía también detalles de una conversación telefónica que Omar había mantenido con un investigador estadounidense.

“Están buscando argumentos para dañar mi imagen, minar mi credibilidad en público”, explica, añadiendo que el artículo también tenía como fin avisarle de que lo estaban vigilando.

Omar no está seguro de cómo han recabado esta información personal, pero cree que fue una combinación de escuchas telefónicas y vigilancia callejera al viejo estilo.

Una nueva investigación de Amnistía ha revelado que, entre enero de 2019 y enero de 2020, su teléfono había sido atacado en reiteradas ocasiones con el programa espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, que da al atacante acceso total a los mensajes, correos electrónicos, medios de comunicación, micrófono, cámara, llamadas y contactos del teléfono.

Amnistía y otras personas y entidades han documentado una constante de utilización del software espía de NSO contra la sociedad civil. Una investigación de Amnistía del año pasado descubrió que dos activistas marroquíes habían sido víctimas de este programa. Uno de los sitios web maliciosos que, según esa investigación, se está usando para espiar al académico y activista marroquí Maati Monjib estaba también relacionado con los ataques contra Omar.

El aumento de la vigilancia de quienes critican al gobierno se produce al mismo tiempo que aumenta el número de detenciones y enjuiciamientos arbitrarios en el país. Desde noviembre de 2019, Amnistía ha documentado diez casos de activistas, incluido el de Omar, que han sido detenidos ilegítimamente, enjuiciados y condenados a prisión por ofender a autoridades o instituciones públicas, o a la monarquía.

Omar dice que se ha vuelto cada vez más difícil informar en Marruecos. Este mismo año, como parte de una investigación sobre abusos contra los derechos de tierras, había entrevistado a lugareños que más tarde le llamaron para retractarse de lo que le habían dicho, afirmando que la policía los había amenazado. “Terminé decidiendo no publicarlo para proteger a la gente, pero me temo que eso va a ocurrir de nuevo. Es el modus operandi de las autoridades ahora”, dice.

Algunas partes del país se han convertido en zonas prohibidas para Omar, que dice que la región del Rif está sometida a “un bloqueo casi militar”. La última vez que la visitó, en 2017, para filmar allí, estuvo detenido 48 horas y dice que no puede volver.

Desde que Amnistía confirmó en febrero que su teléfono había sido atacado por un programa espía de NSO, Omar ha advertido a sus amistades más próximas, colegas y contactos de que podría haberse filtrado su información. Ahora trata de hacer todo lo posible para eludir la vigilancia, aunque dice que es como una batalla entre David y Goliat.

“El objetivo es ponérselo difícil, aprender ciertos reflejos”, dice.

Omar trata de tener el mayor número de conversaciones confidenciales en persona usando lo mínimo el teléfono, y sí hace lo que puede para estar alerta ante el espionaje.

Aunque la vigilancia intensiva a la que están sometido él y otras personas hace que tarde más en terminar los proyectos de periodismo de investigación, sigue esforzándose para superar esos obstáculos.

“El mero hecho de que nos estén vigilando no significa que no vamos a hacer nuestro trabajo”, dice.