Las autoridades iraníes deben detener de inmediato la ejecución prevista de un hombre condenado a muerte tras haber sido declarado culpable de la violación de un niño. Así lo ha confirmado Amnistía Internacional hoy.

Está previsto que Farhad Salehi Jabehdar, de 29 años, sea ejecutado este sábado (20 de junio) en la Prisión Central de Karaj, en la provincia de Alborz.

Según un documento judicial obtenido por Amnistía Internacional, Farhad Salehi Jabehdar fue condenado a muerte por mantener “relaciones sexuales forzadas de varón a varón” (lavat-e be-onf) con un niño de 10 años.

“Irán sigue ejecutando a varios cientos de personas cada año, con lo que se ha ganado el vergonzoso segundo puesto entre los países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Instamos a las autoridades iraníes a detener esta ejecución prevista. Aunque los detalles de este caso son realmente abominables, el uso de la pena de muerte para castigar la violación no está permitido por el derecho internacional.”

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Su uso continuado en Irán es alarmante, y ya es hora de poner fin de una vez por todas a esta práctica inhumana.”

A la familia de Farhad Salehi Jabehdar la convocaron ayer (16 de junio) para que acudiera a la prisión para su última visita. A consecuencia de ello, la familia siente una preocupación extrema por la posibilidad de que la ejecución se lleve a cabo antes de lo planeado.

Según el derecho internacional, los Estados que mantienen la pena de muerte deben limitar su uso a los más graves delitos, que impliquen homicidios intencionados.

Rechazo de las peticiones de revisión judicial

Según los documentos judiciales, la víctima tenía 10 años cuando tuvo lugar el incidente en 2017, y la causa penal se abrió después de que el padre del niño presentara una denuncia.

Farhad Salehi Jabehdar fue identificado y detenido el 10 de junio de 2018, y fue declarado culpable y condenado a muerte por la Sección 1 del Juzgado Primero de lo Penal de la provincia de Alborz el 12 de marzo de 2019. La condena fue confirmada posteriormente en apelación por la Sección 31 del Tribunal Supremo.

Por la sentencia del tribunal, Amnistía Internacional tiene entendido que la Organización de Medicina Legal de Irán señaló en un informe forense, presentado al tribunal, que su examen había hallado pruebas de desgarros y hematomas en la zona anal del niño, consecuencia de una penetración forzada.

En noviembre de 2019, el padre del niño se retractó oficialmente de su denuncia, manifestando que, aunque su hijo había sido objeto de abusos sexuales, el incidente no había implicado “penetración peneana completa” (el umbral jurídico para el delito de “lavat” en virtud de la legislación iraní). Por tanto, expresó su oposición a la declaración de culpabilidad de Farhad Salehi Jabehdar por “lavat” y a la imposición de la pena de muerte, y pidió a las autoridades que archivaran el caso. 

El abogado de Farhad Salehi Jabehdar ha apelado ante el presidente de la Magistratura para que detenga la ejecución, y para que ordene que se examine el caso. Otras peticiones de revisión judicial han sido rechazadas.

También se ha presentado una serie de opiniones religiosas de varios destacados clérigos chiíes en apoyo de los esfuerzos legales por salvar la vida de Farhad Salehi Jabehdar.

“En respuesta a la terrible violencia sexual contra niños y niñas, las autoridades iraníes deben trabajar para garantizar mecanismos adecuados de prevención y protección, y asegurar el acceso de los y las supervivientes a la atención médica y psicológica que necesiten”, ha manifestado Diana Eltahawy.

“En lugar de eso, están perpetuando un círculo de violencia al recurrir a otra condena a muerte más, pese a que el padre del superviviente ha pedido que se anule.”

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Amnistía Internacional registró al menos 251 ejecuciones en Irán en su Informe sobre la pena de muerte anual de 2019.