El presidente de República Democrática del Congo, Felix Tshisekedi, ha abandonado las promesas que formuló en su investidura en cuanto a fortalecer el Estado de derecho, luchar contra la impunidad y garantizar la justicia, y ha dejado desamparadas a las familias de cientos de personas que murieron durante la crisis preelectoral que vivió el país; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El presidente Tshisekedi fue investido el 24 de enero de 2019 tras ganar las elecciones que tuvieron lugar, con dos años de retraso, el 30 de diciembre de 2018. Tras nueve meses en el poder ,manifestó que no iba a “hurgar en el pasado”. Desde entonces no ha hecho ningún esfuerzo por garantizar que se investigan las muertes de al menos 320 personas durante las protestas ocurridas entre 2015 y 2018.

“El presidente Tshisekedi y su gobierno deben reconocer el sufrimiento de las víctimas y sus familiares y comprometerse públicamente a enjuiciar con prontitud y eficacia a los responsables”, ha dicho Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

En un nuevo informe titulado Dismissed! Victims of 2015-2018 brutal crackdowns denied justice in the DRC, Amnistía Internacional ha hablado con 115 sobrevivientes y familiares de víctimas sobre su búsqueda de justicia. Muchos expresaron su frustración ante la inercia de las autoridades para investigar y perseguir a los responsables.

“Cuando Tshisekedi todavía estaba en la oposición, vino y me dijo: ‘siempre podréis contar con nosotros’. Pero desde que es presidente, no ha dado señales... Quienes mataron a papá deben ser juzgados y castigados”, ha dicho Kelly Tshimanga, de 15 años, cuyo padre, Rossy Mukendi Tshimanga, murió de un disparo de la policía que le alcanzó en el estómago cuando estaba en la iglesia católica de Saint Benoît, en Kinshasa, el 25 febrero de 2018.

Justicia esquiva

Muchas familias explicaron a Amnistía Internacional que la falta de acción para investigar las denuncias presentadas las había disuadido de buscar justicia, mientras que otras explicaron que temían pedir justicia por miedo a represalias. Otras pensaban que la justicia era un lujo para ricos.

La madre de otra víctima a la que mataron los soldados de la Guardia Republicana el 19 de diciembre de 2016 dijo: “Todo el mundo en el vecindario conoce a los soldados que dispararon a mi hijo. Tienen armas y pueden hacer lo que quieran. Presentar una denuncia contra ellos sería un suicido para mí y para mis hijos. Ya he perdido a un hijo; no quiero provocar más muertes en mi familia”.

Boweya Ntando, de 46 años, murió de un disparo en la cabeza el 20 de septiembre de 2016. Su hermana, Molela Mowaki, vendedora de pescado, cuida ahora de los 12 hijos de Boweya junto con sus 6 hijos. Ha contado: “No sé nada de política y no tengo a nadie que me ayude. Aunque supiera qué hacer, ¿cómo conseguiría el dinero para pagar a un abogado cuando ya paso dificultades para cuidar de estos niños? ¿No es la justicia un derecho que tienen todas las víctimas?”

Las autoridades pagaron los gastos funerarios de algunas víctimas y luego hostigaron a sus familiares por tratar de buscar justicia. Thérèse Kapangala quería ser monja, pero murió de un disparo en la iglesia católica Saint François de Sales en Kinshasa. Su familia está decidida a que se haga justicia y rechazó el dinero que le ofrecieron las autoridades.

"El gobierno todavía no nos ha dicho quién mató a nuestra hija, por qué y quién dio la orden de disparar a los feligreses. ¿Acaso se quiere burlar de nosotros, o comprar nuestro silencio? La sangre de nuestra hija no tiene precio. Sabemos que es muy peligroso pedir justicia para Thérèse, pero se lo debemos. Quienes derraman la sangre del pueblo deben saber que pagarán un precio muy alto”, afirmó su tío, el sacerdote Joseph Musubao.

Investigaciones inconsistentes

Gracias a la presión internacional, el ex presidente Joseph Kabila estableció tres comités para investigar la represión letal de manifestantes, sin que ninguno iniciara ningún procesamiento.

El primer comité se estableció en 2016 para investigar las protestas violentas que sacudieron el país entre el 19 y el 21 de septiembre de 2016 —después de que la Comisión Electoral no convocara las esperadas elecciones— y que causaron la muerte de al menos 49 personas. Para sus conclusiones, el comité eligió con cuidado edificios destruidos y calificó de saqueadores a los manifestantes muertos. No mencionaba el uso de medios letales por parte de las fuerzas de seguridad.

“República Democrática del Congo es un Estado de derecho y es signatario de instrumentos internacionales de derechos humanos que prohíben estrictamente las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Todas las personas sospechosas de haber cometido homicidios ilegítimos deben ser arrestadas y acusadas y tienen derecho a un juicio justo sin recurso a la pena de muerte. Deben rendir cuentas por los crímenes que han cometido”, ha afirmado Deprose Muchena.

El segundo comité se creó en febrero de 2018 para investigar el uso de medios letales contra manifestantes el 31 de diciembre de 2017 y el 21 de enero de 2018 y recomendó el enjuiciamiento de los agentes policiales que hicieron u ordenaron un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. En abril de 2018, un mes después de la publicación del informe de conclusiones, seis organizaciones de derechos humanos representadas en el comité lo abandonaron debido a la reticencia del gobierno a aplicar las recomendaciones.

“La justicia y las investigaciones son una farsa. Son un ejercicio de relaciones públicas para intentar acallar a la gente”, ha afirmado el párroco Jean-Claude Tabu de la iglesia de Saint Benoît.

En junio de 2018 se estableció un tercer comité para volver a investigar la muerte de manifestantes en septiembre y diciembre de 2016, pero éste nunca terminó su trabajo. Fuentes internas explicaron que los agentes de seguridad hicieron flagrante caso omiso a las citaciones y que el trabajo del comité finalmente se paralizó cuando el ministro responsable se centró en la campaña electoral.

“Las peticiones de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos formuladas por las víctimas y de sus familiares no pueden ignorarse como si fueran una molestia. El presidente Felix Tshisekedi debe reconocer su sufrimiento y romper con un pasado de impunidad para garantizar que se hace justicia”, ha dicho Deprose Muchena.