Luego de un año en la presidencia, Nayib Bukele y su gobierno han puesto en alerta a la comunidad nacional e internacional de derechos humanos, quienes ahora observan a El Salvador con enorme preocupación, dijo Amnistía Internacional hoy.

El contexto del COVID-19 ha visibilizado un estilo de gobierno que, si bien parece innovador por sus formas, en el fondo regresa a las tácticas represivas y de abusos que se han visto tantas veces en el pasado de El Salvador. 

 

Las autoridades han detenido a más de 2,000 personas por presunta violación de la cuarentena domiciliar y las han recluido en “centros de contención” que a menudo no cuentan con niveles mínimos de salubridad y distanciamiento físico. Amnistía Internacional ha examinado documentos legales en los que se afirma que algunas personas fueron detenidas sólo por salir de casa a comprar comida o medicamentos. Además, la organización ha verificado material audiovisual que muestra las precarias condiciones de los centros de contención.

Amnistía Internacional también ha entrevistado a personas que denunciaron ser víctimas de violaciones a derechos humanos producto de las medidas gubernamentales implementadas para detener la pandemia. Un joven relató que había salido a comprar comida y gasolina después de recibir su salario, cuando un policía le detuvo, le golpeó y le disparó dos veces en las piernas.

Una defensora de derechos humanos, que padece diabetes, denunció que fue detenida al salir por comida y medicamentos para su hijo de tres años. En el momento de su detención, la policía le aseguró que solo le realizarían una prueba de COVID-19 y después podría irse a su casa. Sin embargo, la recluyeron por más de un mes en un “centro de contención”, a pesar de no haber sido diagnosticada con el virus.

En otro caso, un adolescente de 17 años dijo que la policía le detuvo saliendo de su trabajo en una plantación de azúcar. Él y su familia relataron que, sin tomar en consideración que su trabajo era parte de las actividades marcadas como esenciales, la policía lo golpeó y lo llevó a un centro de detención, donde permaneció con adultos por casi tres días, siendo posteriormente liberado sin cargos.

“Estos casos muestran claramente que las medidas que el gobierno está tomando, con la excusa de detener la pandemia, son desproporcionadas. Como resultado, muchas personas han tenido que enfrentar innecesariamente el riesgo de contraer el COVID-19 y han sufrido violaciones a sus derechos. Las autoridades tenían la obligación de protegerlas y nunca vulnerar sus derechos”, dijo Erika Guevara Rosas.

Además, otras acciones realizadas por el presidente Bukele han alarmado a la comunidad internacional por el gravísimo retroceso que podrían representar. En febrero, el Consejo de Ministros del gobierno convocó a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, la cual fue acompañada de un ostentoso e innecesario despliegue militar en las instalaciones y el perímetro de la Asamblea, así como denuncias de francotiradores apostados en las proximidades y reportes de restricciones a la libertad de prensa.

Asimismo, Amnistía Internacional lamenta los mensajes públicos del presidente Bukele, donde desacredita a las organizaciones de derechos humanos, sugiere que los cuerpos de seguridad implementen medidas violentas o llama al incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Promesas rotas

En junio de 2019, después de su toma de posesión, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con el presidente Bukele para presentarle las serias preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en el país. La organización instó al mandatario a dejar atrás los enfoques represivos que administraciones anteriores aplicaron en las estrategias de seguridad pública y garantizar un retiro ordenado de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, así como, fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil.

“Durante nuestro encuentro, el presidente se comprometió a ser una voz distinta en Centroamérica. Sin embargo, el gobierno actual ha llenado de titulares la prensa internacional y alarmado a los organismos internacionales por su desprecio a los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional ve con preocupación que, en lugar de revisar y evaluar los errores y aciertos de las medidas implementadas por administraciones pasadas, el gobierno actual insista en privilegiar un enfoque represivo para afrontar los niveles de violencia y frenar el COVID-19,

En febrero, la organización observó con entusiasmo el veto presidencial del decreto legislativo que contenía la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, texto que no garantizaba plenamente los derechos de las víctimas del conflicto armado. Pero lamentó que dicho veto no fuera acompañado de acciones contundentes, como hacer pública la información contenida en los archivos militares de los años del conflicto, que ayudarían a garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.

“Este es un momento oportuno para que el gobierno actual dé un giro radical a sus políticas públicas y genere un cambio sustancial en materia de derechos humanos. Es importante que el presidente Bukele deje de culpar a las administraciones previas y a otros órganos del Estado, asuma su responsabilidad y cree soluciones integrales para fortalecer el Estado de Derecho y atender la deuda histórica que tienen las autoridades salvadoreñas con los derechos de la población”, dijo Erika Guevara Rosas.