Miércoles, 27 de mayo, 2020
Los niños y niñas están entre quienes más han sufrido la cadena de atrocidades cometidas por Boko Haram en grandes zonas del noreste de Nigeria durante casi un decenio. Ataques a escuelas, secuestros generalizados, reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados, y matrimonios forzados de niñas y mujeres jóvenes, son algunas de las tácticas habituales utilizadas por el grupo armado, y todas constituyen delitos de derecho internacional
- Boko Haram ha secuestrado a miles de niños y niñas para convertirlos en combatientes o “esposas”.
- El ejército somete a los niños y niñas a tortura durante prolongadas detenciones ilegales.
- La UE y otros donantes han financiado un programa de “rehabilitación” deficiente.
Nigeria debe abordar con urgencia su inacción a la hora de proteger y ofrecer educación a toda una generación de niños y niñas en el noreste del país, una región devastada por años de atrocidades cometidas por Boko Haram y graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército. Así lo ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe de 91 páginas, ‘We dried our tears’: Addressing the toll on children of Northeast Nigeria’s conflict, examina cómo las detenciones y torturas ilegales generalizadas llevadas a cabo por el ejército han agravado, desde el estado de Borno al de Adamawa, el sufrimiento de niños y niñas que han sido víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad a manos de Boko Haram.
También revela cómo los donantes internacionales han financiado un programa deficiente que afirma reintegrar a presuntos ex combatientes, pero que en la mayoría de los casos equivale a la detención ilegal de menores y personas adultas.
“La última década de enconado conflicto entre el ejército de Nigeria y Boko Haram ha supuesto un ataque contra la infancia en sí misma en el noreste del país. Las autoridades nigerianas corren el riesgo de crear una generación perdida a menos que aborden urgentemente la forma en que la guerra ha afectado y traumatizado a miles de niños y niñas”, ha declarado Joanne Mariner, directora en funciones de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
“Entre otras atrocidades, Boko Haram ha atacado reiteradamente escuelas y ha secuestrado a un gran número de niños y niñas para utilizarlos como combatientes o ‘esposas’.”
”El ejército de Nigeria también ha tratado de forma terrible a quienes lograban escapar de tal brutalidad. Desde detenciones ilegales en masa en condiciones inhumanas hasta el uso de palizas y tortura, pasando por permitir abusos sexuales a manos de reclusos adultos, resulta increíble que las propias autoridades responsables de proteger a los menores les hayan podido causar tanto daño.”
Entre noviembre de 2019 y abril de 2020, Amnistía Internacional entrevistó a más de 230 personas afectadas por el conflicto, 119 de las cuales fueron víctimas, durante su infancia, de graves delitos perpetrados por Boko Haram, por el ejército nigeriano o por ambos. Entre las personas entrevistadas había 48 niños y niñas que habían permanecido recluidos bajo custodia militar durante meses o años y 22 personas adultas que habían sido recluidas con menores.
La brutalidad de Boko Haram
Los niños y niñas están entre quienes más han sufrido la cadena de atrocidades cometidas por Boko Haram en grandes zonas del noreste de Nigeria durante casi un decenio. Ataques a escuelas, secuestros generalizados, reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados, y matrimonios forzados de niñas y mujeres jóvenes, son algunas de las tácticas habituales utilizadas por el grupo armado, y todas constituyen delitos de derecho internacional.
Este patrón de crímenes ha llegado a ser muy conocido por algunos casos de gran repercusión, como el secuestro de cientos de alumnas de Chibok en 2014. Sin embargo, ha sido habitual que se subestimara la magnitud de los secuestros, que podrían sumar millares. Boko Haram continúa obligando a los progenitores a entregar a sus hijos e hijas, bajo amenaza de muerte. Continúa obligando a “casarse” a niñas y mujeres jóvenes. Y continúa asesinando a quienes intentan escapar.
Los niños y niñas en las zonas bajo control de Boko Haram han sido sometidos a tortura, incluidas flagelaciones y otras palizas, además de ser obligados a presenciar ejecuciones públicas y otros castigos brutales.
Una niña de 17 años que escapó de Boko Haram tras ser secuestrada y permanecer cautiva durante cuatro años describió la vida en el bosque de Sambisa: “[Mi] malvado ‘esposo’ siempre me pegaba […] Mis actividades diarias incluían rezar, cocinar cuando había comida, [y] asistir a lecciones del Corán. No nos permitían desplazarnos, ni visitar a amistades. Fue una experiencia horrible. Fui testigo de distintos castigos, desde disparos hasta lapidaciones y azotes con vara”.
Ella, y casi todas las demás niñas entrevistadas que fueron obligadas a casarse (algunas de la cuales han vuelto con hijos e hijas nacidos durante el cautiverio), apenas han recibido ayuda, si es que han recibido alguna, para volver a la escuela, poder ganarse la vida o acceder a apoyo psicosocial.
“Me gustaría ir a la escuela, pero no hay dinero”, explicó la niña de 17 años. “Para mí, la mejor ayuda sería ir a la escuela.”
Detención militar
Los niños y niñas que escapan del territorio controlado por Boko Haram se enfrentan a numerosas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades nigerianas, entre ellas crímenes recogidos en el derecho internacional. En el mejor de los casos, acaban desplazados, luchando por sobrevivir y sin prácticamente acceso a educación. En el peor de los casos, son detenidos de forma arbitraria durante años en cuarteles militares, en condiciones que constituyen tortura y otros malos tratos.
La ONU informó a Amnistía Internacional de que, desde 2015, había verificado la puesta en libertad de 2.879 menores que estaban bajo custodia militar, aunque previamente había citado una cifra más alta de niños y niñas detenidos entre 2013 y 2019. Es probable que estas cifras sean muy inferiores a las reales, y la ONU ha explicado que su acceso a los centros de detención militar es limitado, por lo que no puede ofrecer el total real de niños y niñas detenidos en el contexto del conflicto.
La mayoría de estas detenciones son ilegales; los menores no son acusados ni procesados por ningún delito y ven negados sus derechos de acceso a asistencia letrada, a comparecer ante un juez o a comunicarse con sus familias. Las detenciones ilegales generalizadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Casi todas las personas que huyen de las zonas controladas por Boko Haram, incluidos los niños y niñas, son “examinadas” por el ejército y la Fuerza Civil Especial Conjunta: un proceso que, para muchas, implica torturas hasta que “confiesan” su afiliación a Boko Haram. Las personas sospechosas de pertenecer a Boko Haram o simpatizar con él son trasladadas y recluidas —a menudo durante meses o años— en pésimas condiciones en centros de detención, como el cuartel de Giwa, en Maiduguri, o la base militar de Kainji, en el estado de Níger.
Todas las personas entrevistadas que habían estado detenidas ofrecieron descripciones coincidentes y muy detalladas de las condiciones de reclusión: hacinamiento extremo, falta de ventilación en un calor sofocante, parásitos en todas partes y orina y heces en el suelo por la falta de retretes. A pesar de que en los últimos años ha habido ciertas mejoras, muchas de las personas que estuvieron detenidas, incluidos los niños y niñas, tenían además un acceso extremadamente inadecuado a agua, alimentos y atención médica.
Decenas de miles de personas detenidas han estado recluidas en estas condiciones, que son tan extremas que constituyen el crimen de guerra de tortura. Muchos menores siguen recluidos en estas condiciones, incluso después de las excarcelaciones masivas que tuvieron lugar a finales de 2019 y principios de 2020. Amnistía Internacional calcula que al menos 10.000 personas, entre ellas muchos menores, han muerto bajo custodia durante el conflicto.
Un niño de 14 años que fue secuestrado por Boko Haram cuando era pequeño, y después huyó y fue detenido por el ejército de Nigeria, contó: “Las condiciones en Giwa son horribles. Te puedes morir. No hay sitio para tumbarse […] Hace calor, tienes toda la ropa mojada, como si te hubieran metido en el río […] Hasta hoy, nadie me ha dicho por qué me trajeron aquí, qué había hecho, por qué me detuvieron. Me pregunto, ¿por qué hui de [Boko Haram]?”.
Operación Corredor Seguro
Amnistía Internacional también documentó abusos en la Operación Corredor Seguro, un programa respaldado con millones de dólares estadounidenses como apoyo por parte de la UE, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. En 2016, se instaló un centro de detención dirigido por el ejército en las afueras de Gombe, con el objetivo de desradicalizar y rehabilitar a presuntos combatientes o simpatizantes de Boko Haram. Desde entonces, en el centro ha habido cerca de 270 “graduados”, en diferentes promociones.
Las condiciones en el Corredor Seguro son mejores que en ningún otro centro de detención del ejército, y los ex detenidos hablan bien del apoyo psicosocial y de la educación para adultos que se proporcionan allí. Pero la mayoría de los hombres y niños en el centro no han sido informados de la base jurídica de su detención y todavía no tienen acceso a asistencia letrada ni a un tribunal para impugnar su detención. En algunos casos, su estancia, que les habían prometido que sería de seis meses, se ha extendido a 19 meses, y durante ese tiempo han estado privados de libertad y bajo vigilancia armada constante.
Algunos ex reclusos del centro dijeron a Amnistía Internacional que la atención médica era sumamente escasa. Siete detenidos murieron, la mayoría, si no todos, tras recibir atención médica inadecuada. Las autoridades nigerianas ni siquiera informaron a sus familias, que tuvieron conocimiento de las muertes a través de detenidos liberados.
Un programa de formación profesional incluido en el programa Corredor Seguro podría equivaler a trabajos forzados, ya que la mayoría de los detenidos, si no todos, nunca han sido declarados culpables de ningún delito y fabrican todo tipo de artículos, desde zapatos hasta jabones y muebles, sin remuneración.
El programa también somete a algunos detenidos a condiciones de trabajo inseguras. Algunos detenidos han sufrido lesiones graves en las manos tras haber tenido que trabajar con sosa cáustica, una sustancia altamente corrosiva, sin equipo de protección. “La sosa cáustica es peligrosa. Si te toca el cuerpo, te quema la carne”, explicó un ex detenido de 61 años.
Un programa de formación profesional incluido en el programa Corredor Seguro podría equivaler a trabajos forzados, ya que la mayoría de los detenidos, si no todos, nunca han sido declarados culpables de ningún delito y fabrican todo tipo de artículos, desde zapatos hasta jabones y muebles, sin remuneración.
El programa también somete a algunos detenidos a condiciones de trabajo inseguras. Algunos detenidos han sufrido lesiones graves en las manos tras haber tenido que trabajar con sosa cáustica, una sustancia altamente corrosiva, sin equipo de protección. “La sosa cáustica es peligrosa. Si te toca el cuerpo, te quema la carne”, explicó un ex detenido de 61 años.
“Ninguno de los principales donantes de Corredor Seguro autorizarían un sistema de detención prolongada e ilegal para sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué lo permiten en Nigeria?”, ha preguntado Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.
“El ejército de Nigeria debe liberar a todos los niños y niñas detenidos de forma arbitraria y poner fin a otros abusos que parecen destinados a castigar a miles de menores que, en muchos casos, han sido además víctimas de las atrocidades de Boko Haram. Un compromiso con la educación infantil y la recuperación psicosocial podría suponer el principio de un nuevo camino para el noreste del país.”