El 18 de mayo de 2020, el destacado activista Alaa Abdel Fattah, recluido arbitrariamente desde septiembre de 2019 en la Prisión de Máxima Seguridad de Tora 2, puso fin a la huelga de hambre que mantenía desde hacía 36 días como protesta por la renovación de su detención en una vista a la que no se le permitió asistir. También se prorrogó 45 días la detención en espera de juicio del abogado de derechos humanos Mohamed el-Baqer, que tampoco pudo asistir a la vista, negándosele el derecho a impugnar su reclusión arbitraria.

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Fiscal general de Egipto / Public Prosecutor
Hamada al-Sawi

Office of the Public Prosecutor

Madinat al-Rehab Cairo, Egipto

Fax: +202 2577 4716

Twitter: @EgyptJustice

Señor Fiscal General:

Le escribo para expresar nuestra preocupación por la continuación de la detención arbitraria de Alaa Abdel Fatah y Mohamed el-Baqer y para manifestar nuestro temor por su seguridad. Amnistía Internacional considera a ambos presos de conciencia, detenidos exclusivamente por su defensa pacífica de los derechos humanos.

Aunque somos conscientes de que, a principios de marzo, las autoridades egipcias suspendieron todas las visitas a prisiones como medida de prevención de la propagación de la COVID-19, los responsables de las instituciones penitenciarias tienen la obligación de garantizar que se permite a Mohamed y Alaa enviar periódicamente cartas a sus familias para tranquilizarlas, dado el temor de propagación de la COVID-19.

Quiero también llamar su atención sobre el derecho de las personas presas a recibir los medicamentos que les envían sus familias, especialmente ahora que existe el riesgo de propagación de la COVID-19. Las autoridades de la prisión se negaron arbitrariamente a recibir los medicamentos enviados por la familia de Alaa desde que se declaró en huelga de hambre el 12 de abril. Su madre, Leila Soueif, y su hermana, Mona Seif, estuvieron 23 días intentando hacerle llegar vitaminas, bebidas elaboradas con hierbas, soluciones rehidratantes, desinfectantes y productos de higiene, a menudo teniendo que pasar casi todo el día a la entrada de la prisión, pero los funcionarios se negaron. El 18 de mayo, tras un mes sin darles ninguna noticia sobre su salud, los funcionarios les entregaron por fin una carta suya, en la que les contaba que había puesto fin a su huelga de hambre tras saber que podría seguir adelante con la queja que pretendía presentar por su detención arbitraria, a través de sus abogados. Alaa se había declarado en huelga de hambre para protestar por la continuación de su reclusión sin ninguna base legal tras haber expirado la orden de detención en espera de juicio dictada contra él. Su detención se prorrogó 45 días más el 5 de mayo en una vista a la que ni él ni sus abogados pudieron asistir. No tuvieron, por tanto, oportunidad de impugnar la detención, lo que constituye una violación de su derecho a un recurso judicial y a no sufrir detención arbitraria, como dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Lo insto, por tanto, a dejar en libertad a Alaa Abdel Fattah y Mohamed el-Baqer de manera inmediata e incondicional y a retirar los cargos por los que están siendo investigados, ya que se hallan recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos. Le pido que, hasta que queden en libertad, garantice que tienen acceso a servicios médicos adecuados y disponen de los medios necesarios para comunicarse con sus familias y sus abogados. Le pido también que garantice que se investigan las denuncias relativas a su tortura y otros malos tratos. Por último, lo insto a que deje de inmediato en libertad a todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión y tome medidas para proteger la salud de todas las personas presas durante la pandemia de COVID-19.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Alaa Abdel Fattah, conocido activista político muy crítico con el gobierno, ha sido detenido reiteradas veces en los últimos años, especialmente por su activismo pacífico y sus críticas a las autoridades. Mohamed el-Baqer es abogado de derechos humanos y director del Centro Adalah de Derechos y Libertades, que fundó en 2014. El Centro se ocupa de cuestiones de justicia penal, derecho a la educación y derechos estudiantiles.

La entrada en prisión de Alaa y Mohamed se ha producido en medio de la mayor campaña de detenciones emprendida en Egipto desde que el presidente Abdel Fatah al Sisi llegó al poder en 2014. El 20 y 21 de septiembre 2019, estallaron protestas dispersas en todas las ciudades egipcias, en las que se pedía la dimisión del presidente Al Sisi. Se produjeron en respuesta a convocatorias de manifestaciones motivadas por unas denuncias de corrupción formuladas por el excontratista del ejército Mohamad Ali, quien acusaba a mandos militares y al presidente de gastar dinero público en la construcción de lujosos inmuebles. Cuando comparecieron ante la fiscalía para su interrogatorio, el 9 de octubre de 2019, Alaa y Mohamed denunciaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos. La tortura de Alaa bajo custodia y los malos tratos sufridos por Mohamed ilustran la brutalidad extrema que ejercen las autoridades egipcias para aplastar la disidencia.

Mohamed, recluido también en la Prisión de Máxima Seguridad de Tora 2, recibió por última vez la vista de su familia el 7 de marzo de 2020. El 18 de abril de 2020, las autoridades penitenciarias permitieron a su familia enviarle comida, vitaminas y una carta, aunque una semana antes se habían negado a aceptar el paquete. La familia también recibió una carta de él. Mohamed padece varios problemas de salud —como asma, dolor de pecho, de espalda y de las vértebras lumbares, y trastornos renales—, algunos de los cuales han sido incluidos por la Organización Mundial de la Salud en su lista de factores de riesgo frente a la COVID-19. Las bien documentadas condiciones de hacinamiento y falta de higiene imperantes en las prisiones egipcias agravan el riesgo de propagación de las enfermedades infecciosas.

El 15 de marzo de 2020, el Ministerio de Justicia egipcio suspendió todas las vistas judiciales para prevenir la propagación de la COVID-19. Desde principios de mayo de 2020, los jueces del “circuito de terrorismo” han prorrogado las órdenes de detención en espera de juicio de más de 1.600 personas sin el debido proceso: los acusados no comparecieron ante el tribunal, y se prohibió a sus abogados hacer la defensa. Al igual que otras personas detenidas en espera de juicio, Alaa y Mohamed no fueron trasladados al tribunal para asistir a las vistas de renovación de la detención.

El 18 de marzo de 2020, la madre de Alaa, Laila Soueif; su hermana, Mona Seif; su tía, Ahdaf Soueif, y su profesora de la universidad, Rabab el-Mahdi, fueron detenidas por los servicios de seguridad delante del edificio del gobierno en El Cairo, donde acababan de llevar a cabo una protesta en la acera para pedir la excarcelación de las personas presas dado el temor a un brote de coronavirus en las superpobladas prisiones del país. La fiscalía las acusó de “incitar a participar en una manifestación”, “difundir información falsa” y “estar en “posesión de material en el que se difunde información falsa”. Después, ordenó que quedaran en libertad mientras se las investigaba, previo pago de una fianza de 5.000 libras egipcias (unos 320 dólares estadounidenses). Aunque pagaron la fianza ese mismo día, pasaron la noche detenidas sin fundamento legal para ello. El 19 de marzo, las autoridades trasladaron a Laila Soueif al edificio de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, en El Cairo Nuevo, donde un fiscal ordenó que quedara en libertad previo pago de una fianza de 3.000 libras egipcias (unos 190 dólares estadounidenses). Las cuatro quedaron en libertad esa noche.

Amnistía Internacional ha documentado cómo, a raíz de las protestas de septiembre de 2019, las fuerzas de seguridad egipcias han llevado a cabo detenciones generalizadas de manifestantes y redadas de periodistas, abogados y abogadas de derechos humanos, activistas y figuras políticas, en un intento de acallar las críticas e impedir que se produzcan más manifestaciones. Entre ellas figuran 76 detenciones practicadas en seis ciudades entre el 19 y el 29 de septiembre de 2019. La ONG independiente Comisión de Derechos y Libertades de Egipto ha informado de que se ha detenido al menos a 2.300 personas en relación con las protestas. Según profesionales del derecho que se ocupan de la situación, decenas de personas han sido puestas en libertad sin haber sido interrogadas, pero muchas otras continúan recluidas.

El 29 de marzo de 2019, Alaa había sido puesto en libertad vigilada, tras haber cumplido una condena injusta de cinco años de prisión por participar en una manifestación pacífica. En virtud de las condiciones de libertad vigilada, durante cinco años, todas las noches tenía que pasar 12 horas en una comisaría de policía. El 29 de septiembre de 2019, Alaa no salió de la comisaría de policía de Dokki, en El Cairo, donde cumplía las condiciones de su libertad vigilada. La policía dijo a su madre que unos agentes de la Agencia de Seguridad Nacional lo habían llevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. Ese mismo día, Mohamed entró en el edificio de la Fiscalía para prestarle asistencia letrada. Según sus familiares y amigos, no se conoció el paradero de Alaa y Mohamed hasta el 1 de octubre de 2019, cuando aparecieron, por primera vez desde su detención, en la Prisión de Máxima Seguridad de Tora 2. Su interrogatorio estuvo centrado en el trabajo de Mohamed, y el fiscal no presentó ninguna prueba contra él, excepto un documento de investigación de la Agencia de Seguridad Nacional que ni a él ni a su abogado se permitió examinar.

Pueden escribir llamamientos en: Árabe e inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 3 de julio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Alaa Abdel Fattah (masculino) y Mohamed el-Baqer (masculino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/mde12/2152/2020/es/