Funcionarios policiales de las FAES detuvieron el 2 de abril y mantienen detenidos a Maury Carrero, trabajadora de un concejal, y Demóstenes Quijada, asesor del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó. El 30 de marzo, agentes no identificados detuvieron a Andrea Bianchi, compañera de otro asesor de Juan Guaidó; tras ser liberada, afirmó que fue golpeada y amenazada con violencia sexual. Al menos otras 10 personas relacionadas con la oposición de la Asamblea Nacional han sido detenidas en diferentes circunstancias en los últimos meses. Exigimos un alto inmediato a la política de represión contra la oposición en Venezuela.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores

Av. Nte. 10, Caracas 1012, Distrito Capital,

Venezuela

Tel: +58 212-8063111

Twitter: @NicolasMaduro

Estimado Nicolás Maduro,

Yo y millones de personas más observamos cómo las autoridades en Venezuela utilizan su política de represión de forma reiterada, incluida la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos, para intentar silenciar las voces críticas a su gobierno.

La represión y la censura durante una crisis global de salud pública, así como los continuos ataques contra la disidencia política, como las y los representantes de la Asamblea Nacional, no son de ninguna ayuda a la gente en Venezuela. Ahora más que nunca, sus derechos humanos deberían ser protegidos

Le exijo que ponga fin de inmediato a la política de represión utilizada por su gobierno, y que garantice el derecho al debido proceso, a la vida, a la integridad y a libertad de expresión para todas las personas de Venezuela, aun aquellas que no estén de acuerdo con usted.  

Cordialmente,

[NOMBRE].

Información adicional

Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, regresó a Venezuela el 11 de febrero de 2020, su tío, Juan José Márquez, fue detenido arbitrariamente y acusado de llevar explosivos de contrabando en su vuelo comercial de Lisboa, Portugal al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela. La detención de Juan José Márquez representa la continuación de un inquietante patrón de ataques contra personas cercanas a legisladores de oposición y otros miembros de su personal.

Otros representantes de la oposición también han sido detenidos arbitrariamente:

• Ismael Léon, diputado, fue detenido del 21 al 23 de enero de 2020, luego liberado condicionalmente.
• Juan Requesens, diputado incomunicado desde el 5 de febrero. Sus representantes reportan que fue torturado y que su caso a tenido serias irregularidades.
• Gilber Caro, diputado, fue detenido el 20 de diciembre de 2019 y luego desaparecido durante un mes.
• Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional, fue detenido el 21 de marzo de 2019 y continúa bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, Caracas.

El presidente Nicolás Maduro y su gobierno siguen sometiendo a intimidación, acoso, abusos físicos, detención arbitraria y desaparición forzada a representantes y personal de la Asamblea Nacional en un intento por silenciar la disidencia política. En los últimos años, decenas de miembros de la oposición se han visto obligados a huir del país y a solicitar asilo ante las amenazas que han recibido del gobierno de Maduro. Al menos dos legisladores de oposición (Freddy Guevara y Roberto Enríquez) han buscado protección en embajadas extranjeras en Venezuela, donde han permanecido por casi tres años.

Desde el brote de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, las autoridades también han atacado otras voces críticas como Darvinson Rojas, un periodista y preso de conciencia venezolano quien reportaba sobre COVID-19. Fue detenido el 21 de marzo y excarcelado condicionalmente el 2 de abril de 2020, siendo acusado de ‘instigación al odio’ e ‘instigación pública’ y liberado bajo fianza a espera de una investigación penal. Amnistía Internacional considera que esta acusación tiene motivación política dirigida a silenciar la cobertura de la pandemia en Venezuela y exigimos que se cierre el caso en su contra.

Estas acciones forman parte de una política de represión que parece originarse en las más altas instancias del gobierno de Maduro en un intento por obstaculizar los derechos civiles y políticos.

En su informe del año pasado, Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Amnistía  Internacional concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y heridas debidas al empleo de  fuerza  excesiva  por  el  gobierno  de  Nicolás  Maduro,  que  formaron  parte  de  una  política  de  represión  sistemática  y generalizada desde al menos 2017, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Desde 2014 se ha producido una huida sin precedentes de personas venezolanas en busca de seguridad y de un futuro digno en el extranjero. Para marzo de 2020, se calculaba que 4,9 millones de personas habían huido del país, y se creía que esta cifra alcanzaría los 5,5 millones para final de 2020.

Pueden escribir llamamientos en: español

También pueden escribir en su propio idioma. 

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 30 de junio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada. 

Nombre y género gramatical preferido: Plural (no aplicable) 

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/1879/2020/en/