Además del hacinamiento, las condiciones carcelarias son sumamente precarias y familiares de las personas privadas de libertad deben proveerles de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, mecanismo que fue restringido desde el inicio del estado de alarma decretado por Nicolás Maduro el 13 de marzo, frente a la pandemia

En respuesta a reportes que al menos 46 personas privadas de libertad perdieron la vida y más de 70 resultaron heridas en un evento de violencia dentro del Centro Penitenciario de Los Llanos (CEPELLA) en Guanare, estado Portuguesa, el día de ayer, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“No es la primera vez que vemos terribles violaciones contra la vida de las personas presas en Venezuela. Las grotescas imágenes de lo ocurrido, que ahora recorren el mundo, deben servir de recordatorio de que todas las personas responsables de esta atrocidad deben rendir cuentas frente a la justicia. La respuesta letal de las autoridades debe ser investigada y analizada a profundidad, para que estos crímenes internacionales no queden impunes.”

Se ha reportado que, entre las personas heridas, se encuentra una funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana y el director del centro penal. Las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han intentado justificar la violencia empleada, declarando que se habría tratado de un intento de fuga por parte de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la restricción del ingreso de alimentos que llevan los familiares al centro penitenciario a las personas privadas de libertad habría sido el inicio de la protesta en la cárcel. De acuerdo con el OVP, esta medida es consecuencia de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, por lo que las personas privadas de libertad tenían días sin recibir los alimentos que sus familiares les llevaban.

El CEPELLA tiene una capacidad instalada de 750 personas, y actualmente alberga a más de 2500, según cifras del OVP. Además del hacinamiento, las condiciones carcelarias son sumamente precarias y familiares de las personas privadas de libertad deben proveerles de alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, mecanismo que fue restringido desde el inicio del estado de alarma decretado por Nicolás Maduro el 13 de marzo, frente a la pandemia.

En la actualidad, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está haciendo un examen preliminar sobre si en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Maduro. Además, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha designado a una Misión de Determinación de Hechos para determinar responsabilidades individuales sobre la perpetración de graves violaciones a derechos humanos.