“El embargo de armas de la ONU no ha sido la panacea pero, casi con toda seguridad, la situación habría sido peor en caso de no existir. El alto al fuego se continúa infringiendo de forma esporádica; la aplicación de importantes acuerdos relativos a la seguridad, la gobernanza y la rendición de cuentas se demoran constantemente; y Sudán del Sur —inundado de armas pequeñas— se enfrenta también a la crisis de salud pública que representa el brote de COVID-19. Este no es el momento de permitir que fluyan aún más armas hacia esta mezcla explosiva.”

 

 

La mayoría de los cientos de rifles y otras armas pequeñas que el equipo de investigación de Amnistía Internacional vio en manos de soldados se adquirieron antes del embargo que el Consejo de seguridad de la ONU impuso sobre todo el país en julio de 2018. No obstante, varios escoltas de destacados generales tanto del gobierno como de las fuerzas de oposición, que podrían tener acceso privilegiado a armas de reciente adquisición, llevaban modelos de armas procedentes del este de Europa que nunca antes se habían documentado en el país (véase el apéndice técnico para más información). Amnistía Internacional considera, por tanto, que la entrada de esas armas en Sudán del Sur violó el embargo de armas.

Amnistía Internacional también ha obtenido fotografías verificadas de la munición que utiliza el Servicio de Seguridad Nacional en Luri, una de sus bases altamente secretas fuera de la capital del país, Yuba. Las imágenes muestran cartuchos de munición chinos fabricados en 2016, después de la última venta reconocida por parte de China a Sudán del Sur. O bien esos cartuchos incumplieron el embargo de armas, o se vendieron antes del embargo de forma secreta, o se adquirieron a un tercero que habría incumplido el embargo o habría desviado la munición de forma ilícita.

La importación de armas pequeñas no sería la única violación del embargo de armas. Según información recibida por Amnistía Internacional, en el momento en que se estableció el embargo de armas, la flota de helicópteros de combate Mi-24 del gobierno de Sudán del Sur estaba inservible y en tierra. Desde entonces, el gobierno ha adquirido piezas de repuesto para reparar los helicópteros, lo que supone una violación del embargo de armas.

Las imágenes de satélite analizadas por Amnistía Internacional muestran que, en octubre de 2018, a varios helicópteros se les realizó un mantenimiento significativo en Luri y en el Aeropuerto Internacional de Yuba y que han volado en varias ocasiones desde entonces. El 4 y el 10 de marzo de 2019, faltaban dos helicópteros en la rampa del aeropuerto de Juba, y el 10 de febrero de 2020 faltaba uno. Puede haber muchas razones que expliquen por qué volaron los helicópteros, pero cabe señalar que, en marzo de 2019, se libraron combates contra el Frente de Salvación Nacional en Yei, en la región meridional del país. Los Mi-24 son particularmente problemáticos en el contexto de Sudán del Sur, donde los helicópteros de combate pueden bombardear con facilidad objetivos terrestres con cohetes y ametralladoras y se han utilizado en ataques en los que han matado y herido ilegítimamente a personas civiles.

“Cada helicóptero de combate cuesta 36 millones de dólares estadounidenses y las piezas y el mantenimiento son muy caros, sobre todo cuando estos componentes violan un embargo de armas de la ONU. Los servicios de salud y de bienestar social en Sudán del Sur padecen una grave falta de financiación y, teniendo en cuenta los desafíos a los que se enfrentan, en particular para responder a la pandemia de COVID-19, se debe dar prioridad a la protección de la salud y los medios de vida de la población, y no a la compra e importación de armas. Se debe mantener y reforzar el embargo de armas y se debe autorizar a los observadores radicados en Sudán del Sur a inspeccionar los envíos exentos del embargo”, ha dicho Deprose Muchena.

Como parte del Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en la República de Sudán del Sur, firmado en septiembre de 2018, el gobierno y las fuerzas de oposición se comprometieron a trasladar sus tropas a acuartelamientos conjuntos, depositar sus armas en arsenales bajo supervisión independiente e iniciar un proceso de adiestramiento para crear una fuerza unificada como paso hacia la formación de unas nuevas fuerzas armadas.

Sin embargo, el equipo de investigación de Amnistía Internacional no pudo constatar que el proceso de desarme se estuviera llevando a cabo en ninguna de las 12 instalaciones que visitó. Algunos combatientes no llevaron sus armas a los acuartelamientos; las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur y las fuerzas de oposición conservaron sus armas porque desconfían del proceso de paz. En otros casos, los combatientes llegaron con sus armas, pero las escondieron en sus alojamientos en lugar de entregarlas.

La única instalación en la que se había establecido efectivamente un arsenal era Gorom, donde se forma y entrena a la fuerza especial encargada de la protección de autoridades. Durante una presentación al personal diplomático y observadores independientes encargados de supervisar el alto al fuego, el general de brigada responsable de la formación militar en Gorom dijo que habían destinado cuatro contenedores para el almacenamiento de armas. Sin embargo, cuando el equipo de investigación de Amnistía Internacional solicitó que se abrieran los contenedores, descubrió que estaban llenos de bolsas de grano apiladas hasta el techo y sólo en uno de ellos había unas pocas armas pequeñas apoyadas en la puerta.

El gobierno se esmera en orquestar qué pueden ver los observadores e impide el acceso a lugares estratégicos, de modo que, en la práctica, tiene un gran control sobre la información que llega a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo. Por ejemplo, en diciembre de 2018, cuando tres observadores que supervisaban el alto al fuego y su chófer intentaron acceder a Luri, agentes del Servicio de Seguridad Nacional los detuvieron, les vendaron los ojos, los esposaron y los agredieron físicamente. Los agentes del Servicio de Seguridad Nacional echaron a los observadores después de robarles el dinero y artículos de valor.

Niños y niñas soldados y otras violaciones de acuerdos

Durante la investigación, Amnistía Internacional observó la presencia de niños y niñas soldados en las filas de fuerzas del gobierno y de oposición, incluida la fuerza de protección de personalidades, al menos en dos acuartelamientos y centros de entrenamiento. Según UNICEF, a finales de julio de 2019 había 19.000 niños y niñas utilizados por fuerzas armadas o grupos armados en el país. El 7 de febrero de 2020, sólo 53 de ellos habían sido liberados de cuarteles, campamentos y lugares de acantonamiento. 

En febrero de 2020, el gobierno firmó un plan de acción con la ONU para poner fin a todas las violaciones graves de derechos humanos contra niños y niñas y prevenir su comisión. El Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición y la Alianza de Oposición de Sudán del Sur apoyaron el plan que también deben acatar las fuerzas de oposición tras su unificación con las fuerzas gubernamentales. El 26 de febrero, dos semanas después de firmarse el plan de acción, 15 menores de edad asociados a fuerzas armadas o grupos armados fueron liberados, pero es necesario hacer mucho más para acabar con las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los niños y niñas afectados por el conflicto y hacer rendir cuentas a los responsables. 

A demás de violar de forma flagrante el embargo de armas de la ONU, el gobierno de Sudán del Sur también ha incumplido los contratos de venta de armas adquiridas legalmente. En 2014, compró vehículos blindados a STREIT Group, una compañía canadiense que posee una importante planta de fabricación en Emiratos Árabes Unidos desde la que abastece a países africanos. En el momento de la venta, el gobierno de Sudán del Sur aseguró que los vehículos se utilizarían únicamente para actuaciones policiales.

Sin embargo, las fotografías obtenidas por Amnistía Internacional muestran que estos vehículos se han utilizado en operaciones militares contra las fuerzas de oposición, lo que constituye un incumplimiento del contrato de venta. Además, durante su reciente investigación sobre el terreno, el equipo de investigación de Amnistía Internacional vio un vehículo blindado Tayfun (o Typhoon) de la compañía STREIT en el estado de Ecuatoria Occidental, en el suroeste del país, una zona estratégica en la que la situación es tensa y en la que hubo combates constantes entre 2016 y 2019. Esto indica que el gobierno continúa realizando desvíos ilegales de armas.

“El embargo de armas debe continuar hasta que las fuerzas de Sudán del Sur pongan fin a la ocultación ilícita de armas y utilicen de forma responsable las que tienen. La situación de seguridad en Sudán del Sur es demasiado frágil y se siguen violando normas internacionales básicas, como la prohibición de reclutar y utilizar niños y niñas soldados. Sudán del Sur debe abordar seriamente estos problemas y el Consejo de seguridad de la ONU debe renovar el embargo de armas para detener el flujo de armas que entran en el país”, ha afirmado Deprose Muchena.

Apéndice técnico

La Unión Europea (UE) mantiene un embargo de armas integral sobre Sudán del Sur desde julio de 2011, tras su secesión de Sudán. El embargo abarca no sólo el suministro de armas por parte de Estados miembros de la UE, sus nacionales y embarcaciones o aviones con bandera de algún país de la UE, sino también la prestación de asesoramiento y asistencia técnica en relación con las armas incluidas en el embargo y la ayuda económica para el suministro de armas. El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, en vigor desde diciembre de 2014, prohíbe las transferencias de armas que conlleven un riesgo substancial de ser utilizadas para cometer crímenes de guerra, tales como ataques contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, principios que también recogen muchas legislaciones nacionales sobre el control de armas. 

El embargo de armas impuesto por la ONU a Sudán del Sur se adoptó el 13 de julio de 2018. La resolución obliga legalmente a todos los Estados miembros de la ONU a impedir la entrada en Sudán del Sur de armas y material conexo —como munición, vehículos militares y piezas de repuesto—, mediante suministro, venta o transferencias directas o indirectas. Esta prohibición se extiende al uso de aviones y barcos que lleven bandera de algún Estado miembro de la ONU, así como a la prestación de apoyo técnico, formación o ayuda económica o de otro tipo en relación con actividades militares.

Amnistía Internacional investiga violaciones de los tres regímenes de control de armas.

La gran mayoría de los cientos de armas pequeñas que observó el equipo de investigación de Amnistía Internacional durante su estancia en Sudán del Sur correspondían a las dos variantes estándar del fusil Kalashnikov—el AKM ruso y el AK 56 chino—o el CQ Chino, copia del M-16 estadounidense. El equipo de investigación también documentó la existencia de un reducido número de fusiles israelíes Galil que tenían los escoltas de altos cargos del gobierno. Lo más probable es que todas estas armas se importaran al país antes del embargo de armas de la ONU.

Esta información coincide con estudios sobre armas pequeñas y armas ligeras que han realizado en Sudán del Sur otras organizaciones externas de supervisión, como Small Arms Survey, el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS) y Conflict Armament Research, organización que incluyó la base de datos más rigurosa y completa sobre armas en el país que se ha elaborado hasta la fecha en su informe de noviembre de 2018, Weapon Supplies Into South Sudan’s Civil War.

Sin embargó, el equipo de investigación de Amnistía Internacional documentó varias armas que tenían miembros de las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur y del Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición que no estaban incluidas en ninguna de estas bases de datos. En uno de los campos de entrenamiento, cerca de la frontera suroccidental del país, varios soldados de las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur estaban armados con rifles MPi-KMS-72, fabricados en la antigua República Democrática Alemana. Los MPi-KMS-72 se pueden identificar por su culata triangular abatible lateralmente, su “color ciruela”, su empuñadura de ese color y su guardamanos delantero. Además, en el campamento del Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición en el estado de Bahr el Ghazal Occidental, en el noroeste del país, donde hubo enfrentamientos con las fuerzas gubernamentales entre diciembre de 2015 y enero de 2019, y en el centro de entrenamiento que dirigen el gobierno y el Movimiento de Liberación Popular de Sudán en la Oposición en la zona, el equipo de investigación de Amnistía Internacional identificó varias carabinas PM md. 90, fabricadas en Rumanía. Las PM md. 90 se pueden identificar por su culata abatible lateralmente y su inconfundible empuñadura de madera.

Ni la MPi-KMS-72s de la antigua Alemania Oriental ni la PM md. 90s rumana están incluidas en ninguno de los inventarios o estudios sobre armas pequeñas en Sudán del Sur, ni siquiera en la exhaustiva base de datos iTrace de la organización Conflict Armament Research. Aunque estas armas no son de nueva fabricación, es razonable pensar que han entrado en el país recientemente, lo que supondría una violación del embargo de armas de la ONU. Diversas fuentes han confirmado a Amnistía Internacional que las fuerzas del gobierno y los grupos armados en Sudán del Sur han intentado conseguir armas más antiguas procedentes del este de Europa a través de traficantes de armas ilegales, porque hay muchas disponibles y porque, por su fecha de fabricación, es más difícil demostrar si su adquisición violó el embargo de armas de la ONU. No obstante, hay que tener en cuenta que las ventas desde el este de Europa también constituirían una violación del embargo de armas de la Unión Europea.

Además, Amnistía Internacional también ha conseguido fotografías detalladas de los cartuchos de munición que se dispararon en Luri. Las fotografías muestran cartuchos de 7,62 x 39 mm, que son la munición habitual para fusiles tipo Kalashnikov, con la marca 811_16 en la base del casquillo. Esta marca indica que la munición se produjo en la fábrica estatal china 811 en 2016.

Este es un hallazgo importante. Como se explica en el informe de 2018 de Conflict Armament Research, la mayoría de los cartuchos de munición de 7,62 x 39 mm que documentaron en Sudán del Sur se habían producido en 2013 en la fábrica estatal china 811 y su marca en la base del casquillo era 811_13. Conflict Armament Research también documentó unos pocos cartuchos con el número 811_14 en la base del casquillo, la fecha más tardía que aparece en su base de datos. Estos cartuchos probablemente provengan de dos grandes envíos de 20 millones de cartuchos de procedentes de China que se realizaron en mayo de 2014. En su momento, Amnistía Internacional se pronunció en contra de la venta, y predijo correctamente que el envío desde China fomentaría las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra. Es significativo que China afirme que no ha vendido armas ni munición a Sudán del Sur desde septiembre de 2014, y que considere que hacerlo sería “inapropiado”.

Si el Servicio de Seguridad Nacional ha adquirido munición procedente directamente de China, el gobierno chino incumplió el embargo de armas o vendió las armas tras asegurar que no lo haría, pero antes de que el Consejo de seguridad de la ONU impusiera el embargo de armas sobre Sudán del Sur en julio de 2018. Si el Servicio de Seguridad Nacional adquirió la munición china a través de un tercero, incumplió el embargo o desvió la munición de forma ilícita.

En 2015, Sudán del Sur compró al menos cuatro helicópteros de combate Mi-24 a Ucrania. Cuando el embargo de armas de la ONU se adoptó en julio de 2018, estos helicópteros se hallaban en mal estado y no podían volar. El suministro de piezas de repuesto para su mantenimiento constituiría una violación del embargo de armas. Además, Ucrania es Estado signatario del Tratado sobre el Comercio de Armas y, como tal, está obligada a no emprender ninguna acción que menoscabe su objeto y fin, lo cual incluye “contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional”.

Imágenes de satélite indican que, al inicio del embargo, dos de los helicópteros estaban en Luri y dos en el Aeropuerto Internacional de Yuba. Amnistía Internacional ha analizado una serie de 308 imágenes de satélite para elaborar un calendario detallado de las ubicaciones concretas de los cuatro helicópteros desde que se impuso el embargo. Este análisis demuestra que, desde el embargo de armas de julio de 2018, los helicópteros se han reparado, se han movido entre Luri y el Aeropuerto Internacional de Yuba y han volado con otros objetivos, entre otros, posiblemente en apoyo de combates terrestres.

En octubre y noviembre de 2018, varios meses después de la entrada en vigor del embargo, las imágenes de satélite muestran trabajos de mantenimiento y el movimiento de dos helicópteros en la rampa militar ubicada en la zona sur del Aeropuerto Internacional de Yuba. Igualmente, en octubre de 2018, uno de los helicópteros de Luri fue reparado y se movió al Aeropuerto Internacional de Yuba, donde continúa hasta la fecha. El último Mi-24 que queda en Luri no tiene rotores y parece encontrarse en mal estado de conservación aunque, desde el mes pasado, hay unas aspas de rotor cerca del fuselaje, lo que podría indicar que su reparación es inminente.

Desde entonces, los tres Mi-24 estacionados en el Aeropuerto Internacional de Yuba han estado en la misma ubicación, excepto en dos casos.

En dos ocasiones diferentes, el 4 y el 10 de marzo de 2019, dos de los helicópteros no estaban en el aeropuerto. Las imágenes de satélite muestran que los helicópteros regresaron a la rampa el 8 de marzo. Puede haber muchas razones que expliquen por qué volaron los helicópteros, pero cabe señalar que, en ese momento, se libraban combates contra el Frente de Salvación Nacional en Yei, en la región meridional del país. Además, el 10 de febrero de 2020 faltaba uno de los helicópteros. El equipo de investigación de Amnistía Internacional pudo observar personalmente que, el 12 de febrero de 2020, uno de los helicópteros Mi-24 no tenía la cubierta protectora que suele utilizarse cuando los helicópteros no vuelan para proteger los cristales de las inclemencias del tiempo y de residuos. El hecho de que el helicóptero no tuviera la cubierta puesta es otro indicio de que había volado recientemente.