En medio de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, las medidas de austeridad propuestas el 16 de abril por el presidente Lenín Moreno podrían provocar más inestabilidad social y afectar los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Ante el devastador impacto del COVID-19 en Ecuador, cualquier medida de austeridad que no respete los derechos humanos pondrá aún más en riesgo la vida y la salud de las personas, especialmente aquellas más vulnerables frente a la pandemia”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

“Deben aprenderse las lecciones de la crisis de octubre de 2019. Para evitar nuevos episodios de inestabilidad social en Ecuador, el presidente Moreno debe hacer un análisis serio sobre las implicancias para los derechos humanos que tendrán estas medidas de austeridad y consultarlas adecuadamente con la población. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional debe abstenerse de introducir exigencias relativas al pago de la deuda que puedan socavar la capacidad de Ecuador de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales; y asegurarse de que el país tenga la capacidad fiscal necesaria para ese fin.”

El 16 de abril de 2020, un mes después de haber declarado el estado de excepción ante la pandemia, el presidente presentó dos proyectos de ley con calidad de urgentes ante la Asamblea Nacional, que debe tratarlos en un plazo máximo de 30 días.

El proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas contiene medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, entre las que se encuentran nuevos límites al gasto y la deuda públicos. Estas medidas ya habían sido propuestas por el gobierno tras las protestas masivas de octubre de 2019, como parte del proyecto de Ley de Crecimiento Económico, el que fue rechazado por la Asamblea Nacional en noviembre.

El proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 plantea ajustes fiscales para obtener recursos para atender la pandemia, como la creación de un impuesto a los ingresos de las personas y las utilidades de las empresas, la modificación de las condiciones laborales, y otras medidas para obtener ingresos estatales y mitigar la crisis producida por la pandemia.

Amnistía Internacional recuerda que las medidas a adoptarse deben ser temporales, legítimas, necesarias, razonables, proporcionadas, no discriminatorias y estar sujetas a revisión y rendición de cuentas. Incluso en tiempos de crisis, las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar los derechos a la salud, a la seguridad social, a la alimentación y otros derechos sociales sin discriminación para todas las personas. Esta obligación debe ser central al momento de entablar futuras negociaciones sobre la deuda externa y la política fiscal en el país. Todo compromiso futuro en torno a la deuda de Ecuador no debe menoscabar la capacidad del gobierno de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional pide al gobierno y a la Asamblea Nacional evaluar el impacto que estas medidas podrían tener en los derechos humanos antes de adoptarlas, en particular en el derecho a la salud y los derechos de los grupos en situaciones de vulnerabilidad, incluidas personas que viven en la pobreza, personas con ingresos más bajos, personas con discapacidad, personas desempleadas, personas que no tienen seguro, personas con enfermedades crónicas y personas mayores. La evaluación debe incluir además la perspectiva de género. Asimismo, debe garantizar la participación real de las personas y grupos afectados en su diseño e implementación, incluidos los pueblos indígenas.