Con arreglo a los compromisos contraídos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Turquía tiene la obligación clara de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de todas las personas privadas de libertad sin discriminación

Conforme la COVID-19 se extiende a un ritmo alarmante por toda Turquía, la vida de miles de personas de la población reclusa y el personal penitenciario corre un peligro cada vez mayor en unas cárceles masificadas y faltas de higiene. El 13 de abril, el Parlamento aprobó una ley que permitiría la excarcelación anticipada de hasta 90.000 presos y presas. Sin embargo, la ley excluye a muchas personas que deberían poder acogerse a la libertad anticipada, entre ellas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y otras que han sido encarceladas injustamente en virtud de leyes antiterroristas por el mero hecho de ejercer sus derechos, así como a las personas detenidas en espera de juicio.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo 

Ministro de Justicia / Minister of Justice

Abdülhamit Gül

Adalet Bakanlığı 06659 Ankara, Turquía

Fax: +90 0312 419 33 70

Correo-e: info@adalet.gov.tr

Twitter: @abdulhamitgul

Facebook: https://www.facebook.com/abdulhamitgul/

Señor Ministro:

He sabido que el Parlamento aprobó el 13 de abril una ley que permitirá la excarcelación anticipada de hasta 90.000 personas presas. En el contexto de la mortal propagación de la COVID-19 en Turquía, cualquier disminución del número de presos y presas en las cárceles turcas, masificadas y faltas de higiene, es una medida positiva.

Sin embargo, la ley no incluye a muchos presos y presas que deberían poder acogerse a la libertad anticipada, lo que pone en grave peligro la vida de miles de personas de la población reclusa y el personal penitenciario. Según nuestras cifras, en el momento de redactar esta petición, 3 personas presas habían muerto, y otras 17 personas presas y 79 empleados y empleadas de prisiones habían dado positivo en la prueba.

En vista de la gravedad de la situación, lo insto a:

• Dejar en libertad inmediata a las personas que están en prisión injustamente, entre ellas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y otras que han sido encarceladas injustamente en virtud de leyes antiterroristas por el mero hecho de ejercer sus derechos;
• Considerar con urgencia la excarcelación de aquellas que se encuentran en detención en espera de juicio sin haber sido declaradas culpables de ningún delito y de aquellas que están especialmente expuestas a contraer la COVID-19 en la prisión, donde su salud no está garantizada;
• Garantizar que quienes no puedan quedar en libertad tienen acceso al mismo nivel de asistencia y tratamiento médicos que se proporcionan en la comunidad, lo que incluye pruebas, prevención y tratamiento de la COVID-19;
• Garantizar que el personal sanitario y penitenciario tenga acceso a información, equipos, formación y apoyo adecuados para protegerse.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

La ley aprobada por el Parlamento el 13 de abril forma parte de un conjunto de reformas en virtud de la Estrategia de Reforma Judicial que el gobierno dio a conocer en el tercer trimestre del año pasado. El esperado conjunto de medidas judiciales se presentó finalmente al Parlamento de Turquía el 31 de marzo, y la comisión de Justicia lo examinó durante los días 2 y 3 de abril. La ley —que previsiblemente permitirá la excarcelación anticipada de hasta 90.000 presos y presas— permite que ciertas categorías de personas convictas se consideren aptas para quedar en libertad anticipada o ser puestas bajo arresto domiciliario, según su vulnerabilidad y la duración de la sentencia. Entre ellas están las personas que tienen más de 65 años, las mujeres con hijos de corta edad y las que padecen enfermedades graves. Quienes están cumpliendo su condena en una prisión de régimen abierto también podrán pasar a la modalidad de arresto domiciliario durante dos meses, con la posibilidad de prorrogarlo hasta dos periodos más de dos meses. Por otra parte, las penas de las personas condenadas por delitos contra el Estado, asesinato, delitos sexuales y delitos relacionados con drogas —que deben ver sus condenas reducidas a la mitad, salvo que estén cumpliendo pena en aplicación de la legislación antiterrorista— quedan excluidas de esta medida.

Esta nueva ley deja fuera a demasiadas personas presas que deberían poder acogerse a la libertad anticipada, como periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho, miembros de la oposición política y activistas y otras encarceladas simplemente por ejercer sus derechos. También excluye de la posibilidad de excarcelación anticipada a quienes se encuentran detenidas en espera de juicio. En Turquía, la prisión preventiva se utiliza de forma habitual y con carácter punitivo, violando con ello el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad. Es probable que la naturaleza discriminatoria de las nuevas medidas sea impugnada ante el Tribunal Constitucional.

La legislación antiterrorista de Turquía es poco precisa y generalmente se utiliza de forma indebida en falsas acusaciones contra periodistas, activistas de la oposición política, profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que expresan opiniones disidentes. Como hemos documentado en los numerosos juicios en los que hemos realizado tareas de observación, muchas de estas personas llevan largo tiempo detenidas en espera de juicio, y muchas han sido condenadas por delitos relacionados con el terrorismo por el simple hecho de expresar su desacuerdo, sin pruebas de que jamás hayan incitado o recurrido a la violencia ni ayudado a organizaciones prohibidas. Es el caso del destacado periodista y novelista Ahmet Altan, el político kurdo Selahattin Demirtaş y el empresario y figura de la sociedad civil Osman Kavala, además de otras muchas personas del mundo académico, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Selahattin Demirtaş ya ha denunciado desde la cárcel que sufre problemas de corazón, y tanto Ahmet Altan como Osman Kavala tienen más de 60 años, lo cual implica que corren mayor peligro si contraen la COVID-19. Son personas que no deberían en absoluto estar detenidas, y excluirlas de la opción de quedar en libertad sólo exacerbaría las graves violaciones que ya han sufrido.

Varios tratados de derechos humanos garantizan el derecho a la salud. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) incluye como parte de este derecho “[l]a prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas”. Ante la propagación de una epidemia, esto incluye la obligación de los Estados de garantizar que los artículos, servicios, información y atención preventiva estén disponibles y sean accesibles para todas las personas. En virtud del derecho a la salud, los bienes, establecimientos y servicios de atención de la salud deben estar disponibles en cantidad suficiente dentro del país, y ser accesibles para todas las personas sin discriminación, de forma respetuosa con la ética médica y culturalmente apropiada, así como ser científica y médicamente adecuados y de buena calidad. Para ser considerados “accesibles”, estos bienes y servicios deben ser accesibles para todas las personas, especialmente para los sectores más vulnerables o marginados de la población, estar al alcance físico de todos los sectores de la población en condiciones de seguridad y ser asequibles para todas las personas. Este derecho incluye también el acceso a información relacionada con la salud.

Con arreglo a los compromisos contraídos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Turquía tiene la obligación clara de tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de todas las personas privadas de libertad sin discriminación. El gobierno y el Parlamento deben respetar el principio de no discriminación en las medidas tomadas para aminorar el grave riesgo de salud en las cárceles. El efecto del texto legal es que excluye la posibilidad de que ciertas personas queden en libertad por haber criticado al gobierno. Hay miles de personas encarceladas sólo por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y que ahora también se enfrentan a un peligro sin precedentes para su salud.

Pueden escribir llamamientos en: Turco, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 29 de mayo de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/eur44/2058/2020/es/