Clare Algar, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional

Abdulkareem al-Hawaj , de Arabia Saudí, tenía 16 años cuando en 2012 presuntamente participó en unas protestas contra el gobierno en la Provincia Oriental del país, mayoritariamente chií. Dos años después, el adolescente fue detenido y acusado de delitos relacionados con su participación en las protestas.

Según la información disponible, Abdulkareem estuvo recluido en régimen de aislamiento los primeros cinco meses, fue sometido a palizas e intimidación y amenazado con la muerte de su familia durante interrogatorios brutales en los que lo presionaron para que “confesara”. No tuvo acceso a un abogado durante su detención previa al juicio ni durante los interrogatorios.

Abdulkareem fue condenado a muerte por el Tribunal Penal Especializado el 27 de julio de 2016 y el 23 de abril de 2019 fue ejecutado junto con 26 personas más en una impactante ejecución en masa. Su familia, al igual que las familias de los demás hombres ejecutados ese día, supieron de las muertes por las noticias. Nunca recibieron el cuerpo de sus seres queridos para llorarlos.

Amnistía Internacional considera que la pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel e inhumana. Arrebatar la vida a una persona, sea mediante la horca o por electrocución, decapitación, fusilamiento o inyección letal, a sangre fría, es el acto más vil y despreciable. Condenar a muerte a alguien que tenía menos de 18 años en el momento del delito es una violación del derecho internacional.

Cuando la pena de muerte no se emplea contra las personas que critican a las autoridades para sofocar la disidencia o para sembrar el miedo entre los grupos minoritarios o desfavorecidos, suele utilizarse para aparentar mano dura con la delincuencia. Pero no hay pruebas creíbles de que las sociedades donde se practica sean más seguras ni de que las ejecuciones disuadan de cometer delitos más que las penas de prisión. 

Amnistía Internacional lleva más de 40 años pidiendo que se acabe con la pena de muerte; en todos los casos y sin excepción. Así pues, es alentador ver que nuestro informe más reciente muestra que las ejecuciones en el mundo han disminuido por cuarto año consecutivo, descendiendo otro mínimo en 10 años.

Tendencia mundial de abandono de la pena de muerte

En total, se tuvo constancia de 657 ejecuciones en todo el mundo en 2019, lo que representa una disminución del 5% en relación con 2018. Los datos confirman una tendencia global en la que el uso de la pena de muerte disminuye cada año desde el máximo de 1.634 ejecuciones conocidas en 2015.

Cabe atribuir en parte esta disminución a que algunos países en los que más se usa la pena capital ejecutaron a menos personas en 2019, como Egipto (de al menos 43 a al menos 32), Japón (de 15 a 3) y Singapur (de 13 a 4).

Por primera vez desde 2010, no se llevaron a cabo ejecuciones en Afganistán. También hubo interrupciones en Tailandia y Taiwán. Mientras tanto, la Federación Rusa, Gambia, Kazajistán, Malasia y Tayikistán siguieron aplicando moratorias de las ejecuciones.

Aunque ningún país abolió la pena de muerte para todos los delitos en 2019, el impulso hacia la abolición global de este terrible castigo siguió aumentando.

En el África subsahariana, varios países —como Gambia, Guinea Ecuatorial, Kenia, la República Centroafricana y Zimbabue— tomaron medidas que podrían desembocar en la abolición.

En el Caribe, Barbados eliminó la pena de muerte preceptiva de su Constitución, mientras que, en Estados Unidos, el gobernador de California, el estado con la mayor población de personas condenadas a la pena capital, estableció una moratoria oficial de las ejecuciones y Nuevo Hampshire se convirtió en el vigesimoprimer estado que procede a la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. 

Avances frenados por un pequeño número de Estados

Sin embargo, los avances se vieron empañados por varios hechos, como el marcado aumento de las ejecuciones en países como Arabia Saudí e Irak.

En total, las autoridades saudíes ejecutaron a 184 personas el año pasado, frente a 149 en 2018.

La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos relacionados con las drogas y por asesinatos. No obstante, Amnistía Internacional también documentó un incremento en el empleo de la pena capital como arma política para aplastar la disidencia de la perseguida minoría musulmana chií en Arabia Saudí.

En Irak, las autoridades recurrieron de forma creciente a la pena de muerte, en su mayor parte para castigar a presuntos miembros del grupo armado que se autodenomina Estado Islámico. El número de personas ejecutadas casi se duplicó hasta llegar a 100 en 2019, frente a 52 en 2018.

Falta de transparencia

El hermetismo y la pena de muerte suelen ir de la mano.

Pese a las peticiones de Amnistía Internacional, muchos países no facilitaron información oficial sobre su uso de la pena de muerte. Por ejemplo, Vietnam, uno de los cinco países que más ejecuciones realizaron en 2018, sólo dio a conocer cifras parciales para 2019, y China, Corea del Norte e Irán siguieron ocultando el alcance real de su uso de la pena capital.

Esto sólo aumenta nuestra determinación.

Debemos seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para presionar a la pequeña minoría de países del mundo que llevan a cabo ejecuciones y abolir la pena de muerte de una vez por todas. La vida humana es sagrada. Es lo más valioso. Nunca debemos olvidarlo.