Después de tres semanas que la cuarentena fuera impuesta, las comunidades indígenas de los departamentos de Casanare, Vichada y Meta notificaron a Amnistía Internacional que no han recibido apoyo de las autoridades gubernamentales, a pesar de haber cumplido estrictamente con las medidas de aislamiento

Ante la pandemia del COVID-19, el Estado colombiano debe tomar urgentemente las medidas adecuadas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos sus derechos a la salud, al agua y a la alimentación, dijo Amnistía Internacional hoy. Estas medidas deben coordinarse con cada pueblo indígenas, en respeto a su derecho a la autonomía.

En el marco de la emergencia sanitaria declarada por causa del COVID-19 y del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, el presidente Iván Duque informó que las autoridades entregarían comida y dinero a las personas más vulnerables. El Ministerio de Interior está encargado de entregar alimentos a las comunidades indígenas, negras, raizales, palenqueras, afrocolombianas, rom, Juntas de Acción Comunal, líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, después de tres semanas que la cuarentena fuera impuesta, las comunidades indígenas de los departamentos de Casanare, Vichada y Meta notificaron a Amnistía Internacional que no han recibido apoyo de las autoridades gubernamentales, a pesar de haber cumplido estrictamente con las medidas de aislamiento.

“Los pueblos indígenas en Colombia están en alerta máxima. El gobierno está implementando medidas preventivas para el COVID-19 en el país, sin garantizar adecuadamente sus derechos fundamentales. Si históricamente no han tenido acceso a la salud, al agua o a la alimentación, en el contexto de esta pandemia esta situación es muchísimo más grave porque no cuentan con condiciones sanitarias y sociales para enfrentar adecuadamente el COVID-19”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades colombianas deben adoptar medidas de protección social adicionales para aquellas poblaciones que se encuentran en situación especialmente vulnerable y están más propensas a contraer COVID-19. Si las autoridades no toman acción urgente, los pueblos indígenas se encontrarán en una encrucijada con dos caminos impensables: o morirse de hambre o morirse por la pandemia.”

Hasta la fecha, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ha reportado cuatro casos confirmados de COVID-19 en el Pueblo Binacional Yukpa y el Pueblo Pasto y un posible caso en el Pueblo Eperara Siapidara. El acceso a centros de salud desde la mayoría de los territorios de estos pueblos indígenas es muy costoso por lo lejano e inaccesible.

La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello informó a Amnistía Internacional sobre las dificultades que plantea la cuarentena obligatoria para el modo de vida y la subsistencia de más de 3.000 personas indígenas en los departamentos de Casanare, Vichada y Meta. En estas comunidades seminómadas las medidas de aislamiento agravan su situación de vulnerabilidad porque no pueden acceder a sus medios de subsistencia al no poder desplazarse dentro de sus territorios. Asimismo, son pueblos indígenas considerados al borde de la extinción física y cultural.

El nivel de riesgo es también preocupante para los pueblos indígenas que habitan en asentamientos en la periferia de cabeceras municipales, ya que no tienen posibilidad de cultivar sus alimentos, y sobreviven de trabajos informales que actualmente no pueden desempeñar. Muchas de estas comunidades no tienen acceso a agua potable ni a productos de higiene, imposibilitando la asepsia personal para prevenir el COVID-19.