Es alarmante que las autoridades qataríes parezcan haber utilizado la pandemia como cortina de humo para cometer aún más abusos contra los trabajadores y trabajadoras migrantes, muchos de los cuales piensan que la policía los engañó diciéndoles que iban a hacerles la prueba de la COVID-19

Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades qataríes han detenido y expulsado a decenas de trabajadores y trabajadoras migrantes tras decirles que se los llevaban para hacerles la prueba de la COVID-19.

La organización ha entrevistado a 20 hombres de Nepal que fueron detenidos por la policía qatarí junto con centenares más en marzo. La policía dijo a la mayoría de ellos que iban a hacerles la prueba de la COVID-19 y los llevarían después a su lugar de alojamiento Sin embargo, los llevaron a centros de detención donde los tuvieron recluidos en terribles condiciones durante varios días, antes de enviarlos a Nepal.

”Ninguno de los hombres con los que hemos hablado recibió explicación alguna de por qué los trataban así ni pudo impugnar su detención ni su expulsión. Tras varios días de reclusión en condiciones inhumanas, muchos no tuvieron siquiera la oportunidad de recoger sus pertenencias antes de que los pusieran en aviones con destino a Nepal”, ha afirmado Steve Cockburn, director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“Es alarmante que las autoridades qataríes parezcan haber utilizado la pandemia como cortina de humo para cometer aún más abusos contra los trabajadores y trabajadoras migrantes, muchos de los cuales piensan que la policía los engañó diciéndoles que iban a hacerles la ‘prueba’. La COVID-19 no es excusa para detener arbitrariamente a nadie.

“Las autoridades deben ofrece reparaciones por el modo en que se ha tratado a estos hombres y considerar la posibilidad de permitir a los que han sido expulsados regresar a Qatar si lo desean. Asimismo, las entidades empleadoras de estos hombres deben pagarles sin demora el salario y las prestaciones laborales que les deben.”

Detenidos y recluidos

El jueves 12 y el viernes 13 marzo, la policía detuvo a centenares de trabajadores y trabajadoras migrantes en varias zonas de Doha, entre ellas las conocidas como Industrial Area, Barwa City y Labour City. Los detuvo fuera de sus lugares de alojamiento, cuando estaban haciendo recados o compras en tiendas de alimentación.

Algunos han dicho que la policía les dijo concretamente que se los llevaba para hacerles la prueba de la COVID-19 y los dejaría después en los lugares donde se alojaban. Otros han contado que la policía habló con ellos en árabe y que la única palabra que entendieron fue ‘corona’’.

Un hombre ha explicado a Amnistía Internacional lo siguiente: “Nos dijeron que nos quedáramos allí porque iban a hacernos la prueba del virus. La policía nos dijo que iba a venir el médico a mirar lo del virus. Pero nos mintió”.

Luego los subieron a todos a autobuses y los llevaron a un centro de detención de la zona industrial, donde, tras hacerles una fotografía y tomarles las huellas dactilares, les confiscaron los documentos y los teléfonos móviles. Estuvieron recluidos en condiciones inhumanas junto con decenas de personas más de diversos países. Estaban hacinados en las celdas, sin camas ni sábanas, ni tampoco agua y comida suficientes.

Un nepalí contó a Amnistía Internacional: “La cárcel estaba llena de gente. No daban un pedazo de pan al día, que no era suficiente. Nos daban de comer a todos a la vez, poniendo la comida en el suelo sobre un plástico. Como había tanta gente, algunas personas no llegaban a ella.”

De los 20 hombres entrevistados, sólo tres han dicho que les tomaron la temperatura en el centro de detención.

Expulsiones

Los hombres entrevistados por Amnistía Internacional han explicado que, durante su reclusión, les dijeron que iban a expulsarlos, aunque algunos lo supieron cuando los llevaban ya al aeropuerto. A unos los expulsaron el 15 de marzo, y a otros, el 19. Ninguno pudo impugnar su detención ni su expulsión.

A algunos les dieron sólo unos minutos para empaquetar sus pertenencias, mientras que otros no tuvieron oportunidad de recoger nada. Un hombre ha explicado: “Me esposaron y me trataron como a un delincuente. Me llevaron a mi campo para que recogiera mis cosas, pero ¿cómo iba a recoger nada y a hacer el equipaje si tenía las manos encadenadas?

La mayoría de los trabajadores han dicho que les tomaron la temperatura en el Aeropuerto Internacional de Hamad antes del vuelo y también al aterrizar en Katmandú.

Algunos han explicado que la policía los amenazó con presentar cargos penales contra ellos y tenerlos más tiempo en el centro de detención si denunciaban su situación o intentaban impugnarla.

Salarios debidos

De los 20 hombres entrevistados, sólo dos han dicho que las empresas para las que trabajaban se pusieron en contacto con ellos para pagarles sus salarios. Uno de ellos ha explicado que su empresa le dio dinero en metálico cuando se hallaba recluido, pero que un policía se lo quitó para “guardarlo” y no se lo devolvió. El otro ha contado que su empresa le dijo que abriera una cuenta bancaria para ingresarle el salario.

Todos los trabajadores salieron de Qatar sin haber recibido el salario que les debían ni las prestaciones por fin de servicio, lo cual es motivo de especial preocupación, ya que muchos habrán pagado mucho dinero por conseguir un empleo en Qatar y es probable que ahora tengan que devolver préstamos con intereses muy elevados.

Un hombre ha explicado: “Ahora es difícil. Mis hijos no tienen ropa, y cuesta alimentarlos.” Otro ha contado que un prestamista lo está amenazando y que a duras penas puede mantener a sus cinco hijos.

Respuesta del gobierno de Qatar

En respuesta a lo denunciado por Amnistía Internacional, el gobierno de Qatar ha dicho que, aunque la inspección de la zona industrial forma parte de la respuesta a la COVID-19, “los agentes descubrieron a personas implicadas en actividades ilegales e ilícitas”. Entre ellas figuraban la manufactura y venta de substancias ilegales y prohibidas y la venta de productos de alimentación que podían poner en grave peligro la salud de las personas si se consumían”.

Sin embargo, 18 de los hombres entrevistados por Amnistía Internacional han dicho que no tienen noticia de que se haya formulado algún cargo o acusación contra ellos. Los otros dos han explicado que una persona detenida junto con ellos que hablaba árabe les dijo que estaban acusados de suministrar alcohol. Ni la policía ni ninguna autoridad les informó de tales cargos, que han negado rotundamente en su entrevista con Amnistía Internacional.

La organización ha examinado los documentos en árabe que les entregaron y no hay nada en ellos que indique que estén acusados de algún delito. En cualquier caso, a ninguno de los hombres entrevistados se le permitió impugnar la legalidad de su detención y eventual expulsión, en contra de lo dispuesto por el derecho internacional de los derechos humanos.

Recomendaciones

Amnistía Internacional pide a las autoridades qataríes que garanticen que todos los trabajadores y trabajadoras detenidos y amenazados con su expulsión son informados de las razones de ello y pueden impugnarlo. Qatar debe también proporcionar recursos efectivos y reparaciones a todos los trabajadores y trabajadoras cuyos derechos se hayan violado. Las autoridades qataríes deben garantizar además que durante la crisis de COVID-19 se protege plenamente el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a la salud.