Miembros de la policía les pidieron que se fueran del lugar y después, según informes de organizaciones de la sociedad civil y de la policía, recurrieron a la fuerza para disolver la protesta y detuvieron a las personas que se negaron a irse

La policía dispersó violentamente una protesta pacífica de residentes de Ciudad Quezón que se habían concentrado para exigir ayuda del gobierno durante la cuarentena comunitaria por la COVID-19. Fueron arrestadas y detenidas 21 personas participantes en la protesta, que cinco días después quedaron en libertad bajo fianza. Pedimos a la policía que retire todos los cargos contra estas personas, pues o bien son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos o conllevan penas que afectarán de forma desproporcionada al grupo. Además, las autoridades deben investigar el uso de la fuerza por parte de la policía para dispersar la protesta.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Brigadier General de la Policía /
PBGEN
Ronnie S. Montejo

Director, Quezon City Police District

21 Makadios Street, Diliman

Quezon City, Philippines 1101
Filipinas

Número de fax: 632 8925 8326

Correo-e: dpcrdqcpd@yahoo.com; cc: prosecutorsoffice123@gmail.com 

Señor Brigadier General de la Policía Montejo:

Le escribo para expresarle mi preocupación por el uso de la fuerza para dispersar una protesta pacífica y por los cargos presentados contra 21 residentes del área de San Roque, en Ciudad Quezón. El 1 de abril, las personas residentes en esta área se congregaron en una carretera donde se suponía que una empresa privada iba a distribuir ayuda. Al no llevarse a cabo el reparto, las personas congregadas decidieron protestar pacíficamente para solicitar ayuda al gobierno. Desde que el 17 de marzo se dictó la cuarentena para enfrentarse a la pandemia de COVID-19, millones de filipinos y filipinas no han podido ganarse la vida.

Según afirman dirigentes comunitarios, la policía dispersó con violencia, golpeándolas con palos, a personas residentes en San Roque y transeúntes. Un hombre y su hijo que no estaban protestando, pero se encontraban en el lugar, resultaron heridos. Tras disolverse la protesta, 21 personas fueron arrestadas y detenidas durante cinco días, y después quedaron en libertad bajo fianza.

Las personas detenidas se enfrentan a varios cargos, como “reunión ilegal” y “no cooperar en una emergencia de salud”, que en conjunto suponen penas de hasta 20 meses de cárcel y multas de más de 1,1 millones de pesos filipinos (22.000 dólares estadounidenses) cada una. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que no encarcelen a la gente únicamente por infringir las restricciones de salud pública, una medida desproporcionada en el actual contexto. Los cargos contravienen el derecho internacional de los derechos humanos o conllevan penas cuyo impacto sobre estas personas sería desproporcionado.

Es alarmante que las autoridades filipinas hayan respondido a las peticiones de las personas residentes con violencia, detenciones y posibles sanciones penales. Una cocina comunitaria establecida en San Roque por un grupo local para cubrir las necesidades diarias de alimentación de las personas residentes también ha sido desmantelada por la policía, que impidió que continuara dando servicio, ya que supuestamente violaba las órdenes gubernamentales relativas a la reunión de grupos en la cuarentena.

Por consiguiente, pedimos a su departamento que:

• Retire todos los cargos contra las 21 personas residentes en San Roque (Ciudad Quezón), ya que son contrarios al derecho internacional de los derechos humanos o conllevan penas que afectarán desproporcionadamente a este grupo;
• Obra sin demora una investigación independiente e imparcial sobre el uso de la fuerza por la policía, que puede constituir tortura y otros malos tratos, y ponga a disposición judicial a los responsables, juzgándolos con las debidas garantías; y
• Garantice que todas las personas residentes en San Roque tienen acceso rápido y adecuado a alimentos, medicinas y otros artículos o servicios de primera necesidad, y se las capacita y apoya para cumplir con la cuarentena.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Según el grupo Save San Roque Alliance, el 1 de abril de 2020, residentes del área de San Roque (Ciudad Quezón) se congregaron en un tramo de la EDSA (una importante vía de Metro Manila) porque habían tenido noticias de que en ese punto se iba a distribuir ayuda humanitaria y, al ver que no había distribución alguna, permanecieron en el lugar para protestar y exigir a las autoridades de Ciudad Quezón el reparto de ayuda.

Al parecer, miembros de la policía les pidieron que se fueran del lugar y después, según informes de organizaciones de la sociedad civil y de la policía, recurrieron a la fuerza para disolver la protesta y detuvieron a las personas que se negaron a irse. La organización Save San Roque Alliance asegura que la policía dispersó violentamente a quienes protestaban, utilizando palos para golpear a la gente. Amnistía Internacional habló con un dirigente del grupo, según el cual entre las víctimas había un hombre y su hijo que estaban en la zona para recoger ayuda económica en nombre de su empresa, cuyas oficinas estaban también en la EDSA.

En total se arrestó a 21 de las personas que protestaban, y se las llevó detenidas a la jefatura de policía de Ciudad Quezón. Según un dirigente del grupo, a sus familiares se les impidió hablar con ellas o llevarles comida tras varias horas de detención. Cinco días después, el 6 de abril de 2020, todas quedaron en libertad tras pagar una fianza de 367.500 (7.254 dólares estadounidenses), que se recaudó gracias a donaciones. Fueron acusadas de “reunión ilegal”, “resistencia a la autoridad”, “difundir información falsa”, “no cooperar en una emergencia de salud” e “impedir el acceso a una vía pública”.

El derecho internacional de los derechos humanos permite limitar el derecho a la libertad de reunión pacífica para proteger la salud pública, pero las restricciones deben ser necesarias y proporcionadas. Esto quiere decir que la policía debe aplicar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, que sólo puede emplearse cuando los medios no violentos han demostrado ser o es probable que sean ineficaces. Además, la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos no admite excepciones, ni siquiera en situaciones de emergencia.

Dado el elevado riesgo de transmisión de la COVID-19 en ciertas cárceles y otros lugares de detención, la ejecución de las penas de reclusión probablemente agrave los problemas de salud pública que causa la pandemia y no sería una medida necesaria ni proporcionada. Por consiguiente, no se debe encarcelar a nadie únicamente por no cumplir las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de COVID-19. La aplicación de multas también puede tener efectos adversos negativos sobre grupos concretos, aun cuando los términos de las disposiciones sean neutrales. A la hora de analizar la aplicación de multas por violar las condiciones de las restricciones impuestas, las autoridades deben tener en cuenta las circunstancias de grupos en riesgo que puede que se vean afectados de manera desproporcionada, y considerar alternativas para aliviar el impacto desproporcionado de las multas.

Las personas residentes en San Roque afirman que iniciaron la protesta al no recibir ninguna forma de ayuda del gobierno. Las autoridades locales de Ciudad Quezón niegan que eso sea cierto y afirman que, si bien las distribuciones de ayuda estaban en marcha, revisarán la lista de receptores para asegurarse de que no se excluye a nadie. En respuesta a la COVID-19, el gobierno ha prometido ayudas en metálico por valor de 200.000 millones de pesos filipinos a la población económicamente más desfavorecida, muchos de cuyos integrantes han perdido sus fuentes de ingresos en la situación de confinamiento. Esta ayuda incluye una asignación mensual de 100-158 dólares estadounidenses a las personas necesitadas. El 6 de abril de 2020, el gobierno declaró que necesitará más fondos para cumplir con su compromiso de ayuda en metálico en respuesta a la crisis de la COVID-19.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés, español

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 22 de mayo de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: No aplicable