En toda el África subsahariana, personas que se manifestaban pacíficamente han recibido tiros y palizas por defender sus derechos en un contexto de prolongados conflictos armados y represión estatal. Así lo afirma Amnistía Internacional, que publica hoy su retrospectiva anual sobre la situación de los derechos humanos en la región.

La organización ha hecho hincapié en la valentía y la resistencia de las personas que tomaron las calles para exigir cambios, pero ha advertido de que están siendo defraudadas por gobiernos que continúan cometiendo violaciones de derechos humanos en toda la región.

El informe analiza novedades importantes del año pasado, como el derrocamiento del presidente de Sudán, Omar al Bashir, la respuesta del gobierno de Zimbabue a las protestas multitudinarias, y el incremento de los ataques contra civiles en Mozambique y Malí.

“En 2019, observamos el increíble poder de la gente en protestas multitudinarias que tuvieron lugar en toda el África subsahariana. Desde Sudán hasta Zimbabue, pasando por República Democrática del Congo y Guinea, la población hizo frente a una represión brutal para defender sus derechos”, ha declarado Deprose Muchena, director para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.

“En algunos casos, las protestas se tradujeron en grandes cambios: tras el derrocamiento del veterano gobernante de Sudán Omar al Bashir, las nuevas autoridades prometieron reformas acordes con los derechos humanos; y a raíz de las protestas en el país, el gobierno de Etiopía introdujo una serie de paquetes de reformas en materia de derechos humanos. Por desgracia, los gobiernos represivos, que continúan cometiendo con impunidad violaciones de derechos humanos, siguen bloqueando otros cambios necesarios.

En toda el África subsahariana, la población civil sufrió las peores consecuencias de los conflictos mortíferos y las crisis violentas.

En la región sudanesa de Darfur, las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo posibles crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, violencia sexual, saqueos sistemáticos y desplazamiento forzado.

En República Democrática del Congo, decenas de grupos armados locales y extranjeros, así como las fuerzas de seguridad del país, continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos, lo que causó más de 2.000 muertes de civiles y al menos un millón de desplazamientos forzados en 2019.

En Somalia, la población civil seguía conviviendo con los ataques del grupo armado Al Shabaab, mientras el gobierno y las fuerzas internacionales aliadas no tomaban suficientes precauciones para protegerla de sus ataques dirigidos contra dicho grupo.

Grupos armados llevaron a cabo ataques contra civiles en Camerún, República Centroafricana y Burkina Faso; mientras tanto, los gobiernos no protegían a la población civil. La seguridad empeoró de manera significativa en el centro de Malí, con homicidios generalizados de civiles a manos de grupos armados y de los autodenominados “grupos de autodefensa”. En respuesta a ello, las fuerzas de seguridad malienses cometieron múltiples violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y tortura.

En Mozambique, grupos armados continuaron realizando ataques contra la población general en Cabo Delgado, y las fuerzas de seguridad cometieron presuntamente graves violaciones de derechos humanos como respuesta a la violencia.

En Etiopía, las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada a los enfrentamientos entre comunidades étnicas. En las regiones de habla inglesa de Camerún, los grupos armados separatistas continuaron cometiendo abusos, incluidos homicidios, mutilaciones y secuestros. Los grupos armados separatistas también destruyeron varias instalaciones de atención de la salud. Como respuesta, el ejército cometió ejecuciones extrajudiciales e incendió viviendas.

“El acceso a atención médica sigue siendo un importante motivo de preocupación para la población en toda la región, donde los presupuestos de sanidad son insuficientes, lo que da lugar a escasez de camas y medicamentos en los hospitales. Los gobiernos, desde Angola a Zimbabue, pasando por Burundi y Camerún, no han respetado el derecho a la salud, y los conflictos han exacerbado la situación”, ha afirmado Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“Con la amenaza de la pandemia de COVID-19, no hay tiempo que perder a la hora de abordar las desigualdades y las violaciones de derechos humanos que hacen que la atención médica sea inaccesible para tantas personas.”
Represión estatal violenta

En toda la región, los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron persecución y hostigamiento por levantarse y alzar la voz contra los gobiernos. En Burundi, Malawi, Mozambique, Eswatini, Zambia y Guinea Ecuatorial se vivió una creciente represión del activismo en 2019.

Por ejemplo, en Malawi, las personas activistas que organizaron y encabezaron manifestaciones contra el presunto fraude electoral tras las elecciones de mayo sufrieron ataques e intimidación por parte de cuadros jóvenes del partido gobernante y corrían riesgo de que las autoridades las señalaran para su enjuiciamiento. La votación fue posteriormente anulada por los tribunales, y el país se está preparando para celebrar nuevas elecciones este año.

En Zimbabue, al menos 22 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y dirigentes de la sociedad civil y de la oposición fueron acusados por su presunto papel en la organización de las protestas contra las subidas del precio de los combustibles en enero de 2019. Las fuerzas de seguridad iniciaron una violenta represión que se saldó con la muerte de al menos 15 personas y decenas de heridas.

En Guinea, donde las autoridades prohibieron más de 20 protestas por razones imprecisas y excesivamente amplias, las fuerzas de seguridad continuaron alimentando la violencia durante las manifestaciones, y al menos 17 personas perdieron la vida de manera violenta el año pasado.

En 17 países de toda el África subsahariana se detuvo arbitrariamente a periodistas en 2019. En Nigeria, por ejemplo, se registraron 19 casos de agresión, arrestos y detenciones arbitrarios contra periodistas, y muchas de estas personas hacían frente a cargos falsos. En Burundi, las autoridades continuaron reprimiendo el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, incluso mediante procesamientos y largas penas de cárcel.

Desplazamiento

Las persistentes violaciones de derechos humanos obligaron a cientos de miles de personas en la región a huir de sus hogares en busca de protección. Había aproximadamente 600.000 personas internamente desplazadas en República Centroafricana; más de 222.000 en Chad, y más de medio millón en Burkina Faso.

En Sudáfrica, continuó la mortífera violencia xenófoba sistemática contra personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, impulsada en parte por años de impunidad en el caso de ataques ocurridos en el pasado y deficiencias de la justicia penal. Un total de doce personas, entre las que figuraban personas sudafricanas y extranjeras, perdieron la vida de manera violenta tras el estallido de violencia entre agosto y septiembre.

Pese el asombro, el panorama, el año pasado hubo algunas victorias notables en materia de derechos humanos.

Las protestas multitudinarias en Sudán pusieron fin al represivo gobierno de Omar al Bashir en abril de 2019, y las nuevas autoridades prometieron una amplia variedad de reformas para mejorar el disfrute de los derechos humanos, y el gobierno de Etiopía derogó legislación sobre la sociedad civil que había limitado el derecho a las libertades de expresión y de asociación e introdujo en el Parlamento una nueva ley que reemplazaba la draconiana legislación antiterrorista. En República Democrática del Congo, las autoridades anunciaron la liberación de 700 presos y presas, incluidos varios de conciencia.

También hubo victorias personales. En Mauritania, el bloguero y preso de conciencia Mohamed Mkhaïtir fue liberado tras pasar más de cinco años detenido arbitrariamente.
Aunque en gran medida continuaba la impunidad por violaciones de derechos humanos, hubo algunos pequeños pasos hacia delante en 2019.

Hubo un rayo de esperanza para algunas de las familias de las víctimas de los bombardeos estadounidenses en Somalia cuando el mando estadounidense en África (AFRICOM) admitió por primera vez en abril de 2019 haber matado a dos civiles en un ataque aéreo el año anterior. Sin embargo, ni personal diplomático estadounidense ni representantes del AFRICOM se habían puesto en contacto con las familias para ofrecer reparación.

También supuso un cierto avance el hecho de que los tribunales ordinarios de República Centroafricana examinaran algunos casos de abusos a manos de grupos armados. El Tribunal Penal Especial recibió 27 denuncias e inició investigaciones el año pasado.

“En 2019, activistas y personas jóvenes desafiaron al poder establecido. En 2020, quienes gobiernan deben escuchar sus reivindicaciones y trabajar para llevar a cabo reformas urgentes que respeten los derechos de todas las personas”, ha declarado Samira Daoud.