Amnistía Internacional ha publicado hoy una serie de recomendaciones para los Estados de Europa en las que los insta a garantizar que sus respuestas a la COVID-19 son conformes con sus obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos.

Europe at a Crossroads establece unas directrices claras sobre lo que los gobiernos deben y no deben hacer en respuesta a la actual pandemia. Entre ellas se encuentra garantizar el derecho de las personas a la salud —para lo cual es necesario garantizar el derecho a la vivienda, el agua y el saneamiento—, y garantizar la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Las restricciones a algunos de nuestros derechos humanos más fundamentales se están propagando por Europa casi tan deprisa como el propio virus. Aunque muchas de estas restricciones son necesarias para proteger la salud pública, la historia no juzgará favorablemente a quienes aprovechen la pandemia como pretexto para discriminar, reprimir o censurar”, ha manifestado Marie Struthers, directora para Europa de Amnistía Internacional. 

“Aunque los Estados tienen la obligación de tomar medidas para controlar la propagación de la pandemia, los derechos humanos deben ocupar el lugar central de todos los esfuerzos de prevención, contención y tratamiento.” 

El llamamiento principal de Amnistía Internacional a los Estados es que las autoridades tomen todas las medidas que el máximo de sus recursos les permitan para luchar contra la pandemia y hacer realidad el derecho de todas las personas a la salud.

Eso también significa reconocer que algunos grupos corren un mayor riesgo de contagio. Por ejemplo, las personas ancianas y las personas con problemas de salud subyacentes tienen más probabilidades de correr riesgos más graves para la salud asociados con la COVID-19.

Los grupos vulnerables, como las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes, especialmente las que se encuentran en campos masificados, corren un mayor riesgo de contagiarse. De igual modo, es necesario proteger a los grupos marginados, como las personas romaníes, las que carecen de hogar y las que están privadas de libertad en prisiones, centros de detención para inmigrantes u otro tipo de instituciones.  

Los Estados deben tener en cuenta el hecho de que las mujeres y los niños y niñas pueden correr un mayor riesgo de sufrir violencia intrafamiliar, y las víctimas pueden verse obligadas a aislarse con parejas o familiares que las maltratan. Hay que dedicar recursos y medidas para atenuar los riesgos y garantizar que estas mujeres, niños y niñas siguen accediendo a servicios de protección y apoyo durante la crisis, y que esos servicios son accesibles para todas las mujeres, incluidas las que están en situación migratoria irregular, sin temor a ser deportadas.  

Muchos países europeos han aprobado leyes de emergencia y han tomado medidas que restringen la libertad de circulación, asociación, expresión y reunión pública, así como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a trabajar. Aunque algunas medidas de emergencia están justificadas, los gobiernos deben garantizar que esas medidas son siempre legales, necesarias y proporcionadas, que son temporales y que están sujetas a una supervisión y revisión independientes.

Aunque las restricciones a la libertad de circulación pueden ser necesarias, la pandemia no debe utilizarse como pretexto para negar la entrada a las personas refugiadas. Debe reconocerse el derecho a solicitar asilo, y no se debe devolver a gente a lugares en los que pueda correr peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos.

“A medida que pasan los días es cada vez más evidente que la crisis de la COVID-19 afecta a todo el mundo. Sin embargo, algunas personas de nuestras sociedades sufren mucho más que otras”, ha manifestado Marie Struthers. 

Esta crisis pone de manifiesto la interconexión entre la exclusión, la desigualdad y las violaciones de derechos humanos. Pero también brinda a los gobiernos europeos la oportunidad de realizar los cambios radicales que necesitamos para ser la sociedad que queremos ser. Una sociedad que pone los derechos humanos en primera línea de cualquier medida que se adopte, que garantiza que nadie se queda atrás, y que se ocupa de proteger a los grupos que más riesgo corren.”