“Las autoridades argelinas están utilizando la amenaza de juicios penales contra decenas de manifestantes pacíficos, aparentemente en un intento de intimidar y silenciar a las voces críticas”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional

Las autoridades argelinas deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que se manifestaban de forma pacífica y han sido detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Así lo ha declarado Amnistía Internacional hoy.

La organización observará las protestas previstas para hoy, y pide a las autoridades que permitan a la gente ejercer libremente sus derechos humanos y que no ataquen a manifestantes pacíficos.

Tras las elecciones presidenciales celebradas en diciembre del año pasado, al menos 76 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente en una oleada continua de detenciones llevada a cabo por las autoridades. Los activistas de la sociedad civil, los periodistas y los líderes políticos se encuentran entre las personas que ahora se enfrentan a una serie de cargos basados en delitos contemplados en el Código Penal, como “concentración desarmada”, “daño a la seguridad nacional”, “daño a la moral del ejército” y “ofensa a autoridades públicas”.

“Las autoridades argelinas están utilizando la amenaza de juicios penales contra decenas de manifestantes pacíficos, aparentemente en un intento de intimidar y silenciar a las voces críticas. El uso de cargos falsos relativos a la seguridad nacional y el ejército resulta especialmente indignante”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Desde luego, la persecución de las protestas pacíficas no es la respuesta que esperaba la población argelina que ha salido a la calle para pedir una amplia variedad de reformas.”

Desde febrero de 2019, la cifra total de procesamientos de manifestantes pacíficos ha alcanzado más de 1.400, según las organizaciones de derechos humanos y los abogados que han estado observando la situación sobre el terreno.

El 21 de febrero, durante una protesta en Argel para conmemorar el aniversario del movimiento “Hirak”, dos manifestantes pacíficos —Yasmine Si Hadj Mohand y Hamid Hamadeche— fueron arrestados y puestos en detención provisional. Yasmine Si Hadj Mohand, de 34 años, que vive en Francia y trabaja como ingeniera, lleva desde entonces bajo custodia sin que se le permita ponerse en contacto con su familia. Está acusada de participar en una “concentración desarmada”, y se espera que la sentencia sobre su caso se dicte el 8 de marzo.

El 29 de febrero, durante otra marcha en Argelia, un grupo de 56 manifestantes pacíficos fue detenido arbitrariamente. Según los abogados de uno de los detenidos, al menos 20 están siendo procesados por el cargo de “incitación a la concentración desarmada”, entre ellos ocho cuyo juicio está programado para el 2 de abril, mientras que el resto han sido puestos en libertad sin cargos.

Amnistía Internacional ha estado siguiendo el juicio de varios manifestantes, entre los que se encuentran el líder político Karim Tabbou y el presidente de la asociación de la sociedad civil Agrupación para la Acción de la Juventud (Rassemblement Actions Jeunesse, RAJ), Abdelouahab Fersaoui. Abdelouahab Fersaoui fue detenido el 10 de octubre de 2019 en Argel y permanece recluido en la prisión de El Harrach. Se enfrenta a juicio por cargos de “incitación a la violencia” y “daño a la seguridad nacional” a consecuencia de una publicación que escribió en Facebook.

Amnistía Internacional ha entrevistado a Raouf Rais, manifestante pacífico que fue arrestado durante una marcha el 1 de noviembre de 2019 y estuvo dos meses en detención provisional en la prisión de El Harrach. Fue declarado culpable de “daño a la seguridad nacional” por llevar la bandera amazigh y fue condenado a una pena condicional de dos meses. Fue liberado el mismo día que se dictó la sentencia. La vista de apelación está programada para el 26 de marzo.

“Pedimos a las autoridades de Argelia que detengan de inmediato su campaña de detenciones arbitrarias y procesamientos. Todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones, y deben retirarse todos los cargos contra ellas”, ha declarado Philip Luther.