Jueves, 05 de marzo, 2020

El anuncio del proyecto de ley se produce tras recientes casos de violación en grupo que han tenido gran repercusión en España y en los que el sistema de justicia ha defraudado a las víctimas


Tras anunciar hoy el gobierno español un nuevo proyecto de ley sobre repuestas integrales a la violencia sexual, incluida la reforma de la definición legal de la violación, la encargada de campañas sénior sobre Género de Amnistía Internacional, Monica Costa Riba, ha manifestado:

“Acogemos con satisfacción la medida tomada por el gobierno para mejorar las respuestas del Estado a la violencia sexual en España. Es una victoria para las sobrevivientes de violación y para las incontables mujeres, responsables de campañas y activistas que tanto han hecho, por medio de protestas y acciones de calle, para sensibilizar sobre la necesidad de reformar la legislación, las políticas y la práctica.

“La propuesta de reforma de la definición legal de la violación convertirá a España en el décimo país de los 31 analizados por Amnistía en Europa que define claramente como violación las relaciones sexuales sin consentimiento, conforme al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Ya es hora de que otros países de Europa sigan su ejemplo y, mediante la mejora de las leyes y políticas, fomenten el conocimiento social de la violación, el consentimiento y la autonomía sexual.”

El anuncio del proyecto de ley se produce tras recientes casos de violación en grupo que han tenido gran repercusión en España y en los que el sistema de justicia ha defraudado a las víctimas. Uno de ellos fue el de “La Manada”, en el que un tribunal de primera instancia declaró a cinco hombres culpables de un delito de menor gravedad, abuso sexual. Esa sentencia, dictada en 2018, dio lugar a protestas generalizadas en todo el país e hizo que el gobierno se comprometiera a reformar la definición legal de la violación y otros delitos de violencia sexual.

Amnistía Internacional analizará detenidamente el proyecto de ley, para comprobar que se ajusta al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, tan pronto como el texto completo se haga público.