En los últimos años, decenas de miembros de la oposición se han visto obligados a huir del país y a solicitar asilo ante las amenazas que han recibido del gobierno de Maduro, estas acciones forman parte de una política de represión en un intento por obstaculizar los derechos civiles y políticos

Desde diciembre de 2019, los miembros de la oposición y el personal de la Asamblea Nacional de Venezuela han sufrido detenciones arbitrarias. Uno de ellos es Ismael León, detenido el 21 de enero de 2020 y puesto en libertad condicional el 23 de enero. El tío del presidente de la Asamblea Nacional, Juan José Márquez, fue detenido arbitrariamente el 11 de febrero. Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional, permanece detenido desde el 21 de marzo de 2019. El representante Juan Requesens continúa bajo custodia, según los informes en régimen de incomunicación, desde el 5 de febrero. A los abogados y familiares de Gilber Caro les han informado del paradero de éste, pero Gilber Caro continúa detenido arbitrariamente desde el 20 de diciembre de 2019.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores

Av. Nte. 10, Caracas 1012, Distrito Capital,

Venezuela

Tel: +58 212-8063111

Señor Nicolás Maduro:

Yo y millones de personas más estamos observando el reiterado uso que su gobierno hace de la fuerza excesiva, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y la tortura como parte de una política de represión y de violación de los derechos humanos documentada en Venezuela.

El constante ataque contra los disidentes políticos —incluida la detención, la tortura y la desaparición de miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela— demuestra la propensión de su gobierno a violar los derechos humanos para silenciar por la fuerza tanto a los líderes de la oposición como a los ciudadanos y ciudadanas comunes de Venezuela.

Le pido que ponga fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos y a la política de represión utilizadas por su gobierno, y que garantice el derecho al proceso debido, a la vida, a la integridad y a libertad de expresión para todas las personas de Venezuela, aunque no estén de acuerdo con usted.

Cordialmente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, regresó a Venezuela el 11 de febrero de 2020, su tío, Juan José Márquez, fue detenido arbitrariamente y acusado de llevar de contrabando explosivos en su vuelo comercial de Lisboa, Portugal, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela. La detención de Juan José Márquez representa la continuación de un inquietante patrón de ataques contra personas cercanas a legisladores de oposición y otros miembros del personal.

Otros legisladores de oposición han sido detenidos arbitrariamente, como Ismael León. El legislador Juan Requesens continúa detenido, según los informes en régimen de incomunicación, desde el 5 de febrero, y sus representantes afirman que ha sido torturado y que en su causa judicial se produjeron graves irregularidades. El paradero del legislador Gilber Caro ha sido desvelado a sus abogados y familiares, pero él continúa detenido arbitrariamente después de permanecer un mes en desaparición forzada. Entre los que han sido detenidos arbitrariamente se encuentra Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional, que fue detenido el 21 de marzo de 2019 y continúa recluido en manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, Caracas. El presidente Nicolás Maduro y su gobierno siguen sometiendo a intimidación, acoso, abusos físicos, detención arbitraria y desaparición forzada a representantes y personal de la Asamblea Nacional en un intento por silenciar la disidencia política.

En los últimos años, decenas de miembros de la oposición se han visto obligados a huir del país y a solicitar asilo ante las amenazas que han recibido del gobierno de Maduro. Al menos dos legisladores de oposición (Freddy Guevara y Roberto Enríquez) han buscado protección en embajadas extranjeras en Venezuela, donde han permanecido casi tres años.

Estas acciones forman parte de una política de represión que parece originarse en las más altas instancias del gobierno de Maduro en un intento por obstaculizar los derechos civiles y políticos.

En su informe del año pasado, Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Amnistía Internacional concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, las detenciones arbitrarias y las muertes y heridas debidas al empleo de fuerza excesiva por el gobierno de Nicolás Maduro, que formaron parte de una política de represión sistemática y generalizada desde al menos 2017, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Desde 2014 se ha producido una huida sin precedentes de personas venezolanas en busca de seguridad y de un futuro digno en el extranjero. Para diciembre de 2019, se calculaba que 4,8 millones de personas habían huido del país, y se creía que esta cifra alcanzaría los 5,5 millones en 2020.

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También pueden escribir en su propio idioma.

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Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Plural (no aplicable)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/1639/2020/es/