“El gobierno debe abstenerse de acusar públicamente al defensor digital Ola Bini y de intimidar a su defensa, para que el juicio que enfrenta pueda ser verdaderamente justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Las autoridades de Ecuador deben garantizar un juicio justo y vigilar el respeto a las garantías del debido proceso en el caso del defensor digital Ola Bini, cuya audiencia de preparación de juicio por la presunta comisión del delito de “acceso no consentido a un sistema informático” se celebrará el próximo 5 de marzo en Quito, dijo Amnistía Internacional hoy.

“El gobierno debe abstenerse de acusar públicamente al defensor digital Ola Bini y de intimidar a su defensa, para que el juicio que enfrenta pueda ser verdaderamente justo. Las organizaciones de la sociedad civil seguiremos de cerca el proceso”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las autoridades deben además garantizar la independencia e imparcialidad del proceso y evitar cualquier injerencia indebida en el mismo. En particular, el poder judicial debe verificar que cualquier prueba utilizada contra Bini haya sido obtenida con apego al derecho internacional. Asimismo, las autoridades deben reconocer la importancia y legitimidad del trabajo de Ola Bini y otras personas que defienden los derechos humanos digitales en Ecuador.

Como parte de sus competencias, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Institución Nacional de Derechos Humanos, puede “Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el ámbito judicial o administrativo en casos donde existan posibles vulneraciones a los derechos humanos”.

La labor de quienes, como Ola Bini, defienden el derecho a la privacidad en medios digitales es fundamental para la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Al crear conciencia sobre la existencia de vulnerabilidades en los sistemas informáticos, tanto públicos como privados, las personas defensoras de derechos humanos han contribuido a mejorar la seguridad digital en beneficio de toda la sociedad. Además, la asesoría que han brindado a personas periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos ha sido crucial para que puedan desarrollar su importante labor de manera libre y segura.

“Amnistía Internacional documentó violaciones al debido proceso que podrían hacer que el juicio contra Ola Bini sea injusto y que demuestran, una vez más, la necesidad de implementar una política nacional para que todas las personas en Ecuador puedan defender los derechos humanos de manera libre y segura”, dijo Erika Guevara Rosas.

El 11 de abril de 2019, Bini fue detenido por policías después de que la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, le acusara públicamente de estar “colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno”. El 16 de abril, durante un evento público en Washington D.C., el presidente Lenín Moreno acusó a Bini de haber sido “sorprendido haciendo hackeo de cuentas de gobierno, de cuentas personales y hackeando teléfonos”.

El 20 de junio, después de 70 días en detención, un tribunal ordenó la liberación de Bini tras reconocer que su detención fue ilegal y arbitraria, violando sus derechos a la libertad personal y a un juicio justo. El 6 de septiembre, la Fiscalía General del Estado allanó violentamente el domicilio de Fabián Hurtado, perito informático independiente en el caso de Bini, e incautó sus equipos electrónicos. Amnistía Internacional expresó su preocupación ante la posibilidad de que este incidente tuviera la intención de intimidar a la defensa de Bini.

El 25 de septiembre, durante una entrevista en CNN, el presidente Lenin Moreno acusó públicamente a Bini de haber intervenido "no sólo en la política del Ecuador sino en la política del mundo entero". El 9 de enero de 2020, Carlos Soria, abogado defensor de Ola Bini, fotografió y denunció en redes sociales que presuntos policías se encontraban en un vehículo frente a la casa de Bini utilizando un aparato de vigilancia telefónica.