“Las medidas de seguridad y el aumento de la presencia militar que anunció el gobierno camerunés para garantizar la celebración de los comicios de este fin de semana parecen servir de pretexto para una operación mucho más siniestra”, afirmó Fabien Offner, investigador de Amnistía Internacional sobre el lago Chad

 Separatistas armados continúan cometiendo secuestros y homicidios

El ejército incendió decenas de casas, el análisis de Amnistía de los datos obtenidos por sistemas de teledetección confirma más de 50 en dos zonas

En diciembre pasado, había 670.000 personas desplazadas

“Una oleada de violencia perpetrada por las fuerzas armadas de Camerún en las últimas semanas ha causado decenas de homicidios y miles de nuevos desplazamientos en varias zonas de las regiones anglófonas”, ha declarado Amnistía Internacional hoy, antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el domingo 9 de febrero.

En un contexto de varios informes sobre aldeas totalmente arrasadas, el análisis de Amnistía Internacional de los datos obtenidos por teledetección confirma el incendio de más de 50 casas en Babubock y las aldeas vecinas de Bangem, en el suroeste, en torno al 14 de enero. Estos actos perpetrados por las fuerzas armadas, que también mataron a habitantes de estos lugares, constituyen violaciones graves de derechos humanos.

“Las medidas de seguridad y el aumento de la presencia militar que anunció el gobierno camerunés para garantizar la celebración de los comicios de este fin de semana parecen servir de pretexto para una operación mucho más siniestra”, afirmó Fabien Offner, investigador de Amnistía Internacional sobre el lago Chad.

“En las últimas semanas, se han llevado a cabo operaciones militares brutales mientras los crímenes cometidos por separatistas armados siguen sin disminuir. La población civil está atrapada en una espiral de violencia. Las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población e investigar estas violaciones de derechos humanos y abusos”.

Desde el anuncio realizado por los separatistas armados el 23 de diciembre de 2019, en el que cuestionaba la decisión de que se celebrasen elecciones, Amnistía Internacional ha documentado una constante de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas armadas en la regiones anglófonas del país.

Aldeas destruidas y homicidios cometidos por las fuerzas armadas

El 23 de enero, fue atacada la aldea de Ndoh, en la región suroccidental de Camerún. Tras los informes sobre el homicidio de un soldado en la zona el 22 de enero, testigos presenciales dicen que un grupo de soldados atacó el mercado de la aldea y empezó a disparar indiscriminadamente.

Amnistía Internacional confirmó el hallazgo en la zona, tras el ataque, de los cadáveres de 14 hombres, y de dos más dos días después. Al menos cinco personas resultaron heridas de bala, entre ellas un niño de 14 años que recibió una bala en el abdomen y otro de 17 al que dispararon en un muslo.

La organización también recibió información de un hombre que explicó que su hijo de 30 años había muerto por disparos el 23 de enero cuando huía al bosque. En enero fueron destruidas varias aldeas en la región suroccidental. El análisis de Amnistía Internacional de los datos obtenidos por sistemas de teledetección muestra la presencia de incendios en el noroeste de Bangem el 14 de enero. Posteriormente, imágenes satelitales del 20 de enero confirman que fueron incendiadas más de 50 casas en Babubock y las aldeas vecinas durante una operación militar realizada en torno al 14 de enero de 2020.

Por otro lado, un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos con el uniforme del Batallón de Intervención Rápida (BIR) detuvo a un miembro de una organización de ayuda humanitaria el 24 de diciembre de 2019. Testigos presenciales dijeron a Amnistía Internacional que se lo llevaron a una comisaría de policía y que el 2 de enero de 2020 fue encontrado muerto en una carretera con señales de tortura y heridas de bala en la cabeza.

Crímenes de los separatistas armados

Los separatistas armados siguen cometiendo crímenes graves, como homicidios, secuestros y extorsiones.

El 30 de enero, un grupo separatista armado secuestró a cuatro miembros del personal de una organización humanitaria a los que acusaba de trabajar para el gobierno. Según la organización, fueron liberados al día siguiente, después de que tres de ellos recibieran una paliza y fueran sometidos a tortura psicológica. El 15 de enero un joven murió y su padre resultó herido cerca de Bamenda (en el noroeste) cuando trataban de evitar los controles de los separatistas armados.

El 3 de diciembre de 2019, separatistas armados secuestraron a tres personas, una de las cuales era médico, entre la aldea de Bambili y la población de Bamenda (en el noroeste). Los secuestradores empezaron pidiendo un rescate de 5.000 euros, que luego rebajaron a 100 euros. Antes de ser liberados, les vendaron los ojos y les apuntaron con armas mientras gritaban.
Separatistas armados también han pedido a los trabajadores y trabajadoras de organizaciones humanitarias que cesen sus actividades durante el cierre que han decretado en las regiones anglófonas del 6 al 11 de febrero de 2020, periodo en el que sólo podrán continuar sus actividades los servicios médicos urgentes.

Aumento del número de personas desplazadas

La violencia ha provocado el aumento del número de personas internamente desplazadas. En diciembre de 2019, había 679.000 personas desplazadas en Camerún y 52.000 personas refugiadas en Nigeria tras huir de las regiones anglófonas, según organizaciones humanitarias. Sin embargo, el ministro de Administración Territorial negó la existencia de una crisis y declaró, en diciembre de 2019, que sólo había 152.000 personas desplazadas procedentes de las regiones anglófonas.

“Ya hace más de tres años que la población de las regiones anglófonas está atrapada en la violencia entre las fuerzas armadas y los grupos armados. Las autoridades responsables de proteger a la población no pueden ignorar esta crisis”, concluyó Fabien Offner.

“Es hora de que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos establezca una misión de investigación sobre todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en las regiones anglófonas desde 2016”.