Dieciséis activistas nicaragüenses detenidos en noviembre de 2019 por dar agua a un grupo de personas en huelga de hambre fueron puestos en libertad el 30 de diciembre de 2019, pero siguen enfrentándose a cargos. El juicio de los “Aguadores”, como se los conoce, estaba programado para el 30 de enero, pero se pospuso. Según organizaciones locales, 65 personas detenidas tras las protestas de abril de 2018 permanecen en prisión. Instamos a las autoridades nicaragüenses a retirar todos los cargos y poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua, c/o Ministro de Relaciones Exteriores

Del cine González 1 c. al Sur, sobre Avenida Bolívar,

Managua, Nicaragua

Twitter: @DenisCanciller

Señor Presidente Ortega:

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la constante estrategia de acoso y criminalización utilizada en Nicaragua desde que tuvieron lugar las protestas del 18 de abril de 2018. Según las organizaciones locales, pese a la reciente puesta en libertad de 91 personas detenidas, aún permanecen en prisión otras 65. Además, los cargos contra 16 activistas detenidos el 14 de noviembre de 2019 por dar agua a un grupo de personas que mantenían una huelga de hambre no han sido desestimados, y estos activistas siguen enfrentándose a juicio.

Le insto a defender y respetar el derecho de estas personas a la libertad de expresión y de reunión pacífica, a retirar todos los cargos en su contra y a poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 18 de abril de 2018 estallaron protestas tras el intento del gobierno de implementar —sin consulta previa— reformas impopulares a la seguridad social. A estas protestas se respondió con una violenta represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha causado la muerte de 328 personas y heridas a más de 2.000. Además, según las cifras facilitadas por la sociedad civil, se ha detenido a más de 700 personas. Aparte de eso, se ha destituido a 300 profesionales de la salud y se ha expulsado a 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Unas 80.000 personas nicaragüenses han huido a países vecinos; hasta agosto de 2019, 68.000 de ellas habían pedido refugio en Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de un centenar de periodistas y profesionales de los medios de comunicación han tenido que exiliarse.

Hasta el momento, el gobierno no ha cumplido su compromiso, formulado en marzo de 2019, de poner en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica desde el 18 de abril de 2018. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 8 de junio de 2019 una Ley de Amnistía, a raíz de la cual 56 personas fueron puestas en libertad el 11 de junio de 2019. No obstante, desde entonces se han denunciado nuevos casos de represión. El 16 de mayo de 2019, Eddy Montes (de 57 años), de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió por arma de fuego en la prisión La Modelo de Managua. Él y otros que resultaron heridos habían sido detenidos por participar en las protestas de 2018. El 14 de noviembre de 2019, la policía nicaragüense detuvo y encarceló a 16 activistas cuando salían de la Iglesia de San Miguel en Masaya (Nicaragua). Los activistas estaban dando agua a un grupo de personas que mantenían una huelga de hambre para exigir la liberación de sus familiares, detenidos por participar en las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018.

El 30 de diciembre de 2019, según el gobierno de Nicaragua, 91 personas fueron liberadas como gesto de “reconciliación nacional”. Entre ellas se encontraban 16 activistas detenidos el 14 de noviembre de 2019 y otras personas detenidas tras la crisis de abril de 2018. Se programó una audiencia judicial para el 30 de enero de 2020, pero no llegó a celebrarse. Según organizaciones locales, a los acusados no se les notificó formalmente la suspensión de esta audiencia.

En su informe Sembrando el terror, Amnistía Internacional concluyó que uno de los pilares fundamentales de la política de represión del gobierno nicaragüense eran los persistentes esfuerzos del Estado de Nicaragua por criminalizar a quienes se le oponen; las autoridades, para justificar sus acciones violentas, se referían a quienes protestaban contra el gobierno como “terroristas” o “conspiradores”. Desde entonces, las demandas de un cambio sustancial en la situación han continuado. Un año y medio después del comienzo de la represión de las protestas, Amnistía Internacional aún recibe informes de detenciones arbitrarias y tortura de personas privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno (incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país.

Pueden escribir llamamientos en: Español. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 17 de marzo de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: 16 activistas (no aplicable); personas encarceladas más de un año y medio después del comienzo de la crisis (no aplicable)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/1652/2020/es/.