“En coordinación, cuando corresponda, con el Tribunal Penal Especial y la Corte Penal Internacional, el gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para posibilitar la investigación y enjuiciamiento de las atrocidades cometidas”, dijo Alice Banens, asesora jurídica de Amnistía Internacional

Con motivo de la celebración, mañana, del primer aniversario del acuerdo de paz de Jartum entre el gobierno de la República Centroafricana (RCA) y 14 grupos armados, Alice Banens, asesora jurídica de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“El primer aniversario, mañana, del acuerdo de paz de la República Centroafricana debe ser otra oportunidad de intensificar los esfuerzos por proteger a la población civil de la violencia y llevar a los autores de crímenes de derecho internacional ante la justicia”.

“Un año después de la firma del acuerdo de paz, la violencia contra civiles no ha cesado. Varios grupos armados continúan cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos homicidios y violencia sexual. El número de víctimas sigue en aumento, mientras que quienes sufrieron graves abusos y violaciones de derechos humanos antes de la firma del acuerdo de paz están todavía esperando justicia.

“En coordinación, cuando corresponda, con el Tribunal Penal Especial y la Corte Penal Internacional, el gobierno debe tomar todas las medidas necesarias para posibilitar la investigación y enjuiciamiento de las atrocidades cometidas.

“Al mismo tiempo, recientemente han regresado al país dos de sus anteriores jefes de Estado, François Bozizé y Michel Djotodia. Amnistía Internacional ha documentado indicios de su presunta responsabilidad en los atroces crímenes cometidos. A las autoridades de la RCA se les presenta una oportunidad sin precedentes de someterlos a investigación y, si hay pruebas suficientes, llevarlos a los tribunales para que sean sometidos a un juicio justo. Será un avance en los esfuerzos por poner fin a la cultura de impunidad.”

Información complementaria

Hace un año, el 6 de febrero de 2019, el gobierno de la RCA y 14 grupos armados de oposición firmaron en Jartum un acuerdo político de paz y reconciliación con objeto de poner fin a un conflicto en el que se venían cometiendo graves abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos desde diciembre de 2012.

A pesar de la firma de este acuerdo, varios grupos armados continuaron cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos homicidios y violencia sexual. El 25 de diciembre mataron a más de 30 personas en el barrio PK5 de Bangui. El 26 de enero de 2020, los enfrentamientos entre grupos armados en la localidad oriental de Bria provocaron el desplazamiento de más de 11.000 personas.

Aunque se han hecho considerables esfuerzos a nivel nacional e internacional para pedir cuentas a los presuntos autores de los graves abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en los sucesivos conflictos desde 2003, queda aún mucho por hacer para abordar la impunidad.

Amnistía Internacional lleva años pidiendo que se investigue la presunta responsabilidad de Bozizé y Djotodia en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. En 2014 pesaba ya una orden de detención contra François Bozizé por cargos de asesinato y tortura, entre otros.