En noviembre de 2019, al menos 10 manifestantes murieron por disparos de agentes de seguridad congoleños y de la ONU en Beni cuando protestaban por el homicidio de civiles a manos de rebeldes

Un año después de que el presidente Felix Tshisekedi ocupara su cargo, la inseguridad y la impunidad siguen amenazando los progresos en materia de derechos humanos en la República Democrática del Congo (RDC), según ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Aunque el presidente Tshisekedi ha tomado algunas medidas positivas, como indultar a presos políticos y permitir el regreso de críticos exiliados, el hecho de que su gobierno no haya obligado a rendir cuentas significa que los señores de la guerra y los sospechosos de cometer atroces abusos y violaciones de derechos humanos siguen libres”, ha manifestado Deprose Muchena, director para África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.

“Mientras tanto, la brutal represión de las protestas pacíficas ha seguido arrojando dudas sobre el respeto por el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en la RDC.”

Derecho de reunión pacífica

Amnistía Internacional ha destacado varios casos recientes de protestas pacíficas que han sido prohibidas o dispersadas con violencia.

Por ejemplo, el 17 de enero de 2020, las reuniones convocadas por el líder de la oposición Martin Fayulu fueron prohibidas en seis ciudades, y dispersadas violentamente en Kinshasa y Kindu, en una operación en la que al menos cinco personas resultaron heridas.

En noviembre de 2019, al menos 10 manifestantes murieron por disparos de agentes de seguridad congoleños y de la ONU en Beni cuando protestaban por el homicidio de civiles a manos de rebeldes. Sólo se ha procesado a unos pocos agentes de seguridad en relación con la brutal represión de las manifestaciones en los últimos 12 meses, y durante la crisis electoral que comenzó en 2015.

“Todas las autoridades del país y las agencias de seguridad deben respetar, proteger y promover los derechos humanos de quienes se manifiestan pacíficamente. Los sospechosos de hacer un uso excesivo de la fuerza deben rendir cuentas en juicios justos”, ha manifestado Deprose Muchena.

La franja oriental de la RDC sigue viéndose devastada por la violencia entre comunidades y los conflictos armados que han causado cientos de muertes y han dejado a miles de personas sin hogar en los últimos 12 meses.

Según el mecanismo de seguimiento de la seguridad en Kivu, los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas de Uganda atacaron Beni, en Kivu septentrional, y mataron al menos a 206 civiles entre el 30 de octubre de 2019 y el 16 de diciembre de 2019, en el momento álgido de una operación militar emprendida por el gobierno para derrotar a los rebeldes.

La violencia entre comunidades y los conflictos armados en Djugu, Ituri, y en Hauts-Plateaux, Kivu meridional, también han dejado un rastro de muertes, lesiones, desplazamiento y un sentimiento de impotencia entre la población congoleña.

“Continúa la preocupación por la seguridad y la integridad física de la gente que reside en el este de la RDC, a pesar de los reiterados compromisos del presidente respecto a abordar la inseguridad. La población congoleña ya ha escuchado suficientes promesas, y quiere que su vida se proteja de manera efectiva”, ha manifestado Deprose Muchena.

Justicia esquiva

En una escandalosa declaración realizada en septiembre de 2019, el presidente Tshisekedi dijo que no tenía “tiempo de rebuscar en el pasado” y hacer rendir cuentas a los presuntos autores de abusos y violaciones de derechos humanos.

No es de extrañar que la impunidad haya imperado en los últimos 12 meses, y que apenas haya habido un puñado de investigaciones y juicios sobre abusos y violaciones de derechos humanos. 

“El presidente Tshisekedi tiene la responsabilidad constitucional para con las personas que residen en la RDC de hacer rendir cuentas por todos los delitos, pasados y presentes, cometidos contra ellas y sus familias”, ha manifestado Deprose Muchena.