“Estoy muy satisfecho de que Amnistía Internacional y las otras organizaciones de derechos humanos hayan presentado esta estrategia”, dijo el vicepresidente segundo Sarwar Danish.

Las autoridades de Afganistán se han comprometido públicamente a establecer un mecanismo de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, una medida que han acogido con satisfacción Amnistía Internacional y la comunidad de derechos humanos afgana.

En una intervención en un acto organizado por Amnistía Internacional en Kabul (Afganistán), el vicepresidente segundo de Afganistán, Sarwar Danish, afirmó que el gobierno se toma en serio las preocupaciones por la seguridad de defensores y defensoras de los derechos humanos en el país y adoptará medidas que garanticen su protección.

“Hasta ahora se ha puesto el foco principalmente en la sensibilización sobre los derechos humanos y no se ha prestado suficiente atención a la protección de las personas que defienden tales derechos”, dijo el vicepresidente segundo Sarwar Danish.

En el acto, 32 organizaciones de derechos humanos de todo Afganistán presentaron una estrategia conjunta para el establecimiento de un mecanismo de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos en un contexto cada vez más peligroso en el que se enfrentan a ataques de agentes tanto estatales como no estatales.

La estrategia conjunta define cómo el gobierno afgano y la comunidad internacional pueden establecer un mecanismo de protección que investigue eficazmente los ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos, reaccione rápidamente ante los casos de amenazas y ataques, ofrezca apoyo humanitario a quienes estén en situación de riesgo, fomente la capacidad de la comunidad de derechos humanos y cree un entorno propicio en el que estas personas puedan hacer su trabajo con libertad y sin miedo a represalias.

“Estoy muy satisfecho de que Amnistía Internacional y las otras organizaciones de derechos humanos hayan presentado esta estrategia. Es una iniciativa crucial”, dijo el vicepresidente segundo.

“En nombre del gobierno de Afganistán, me comprometo a hacer todo lo posible por implementar esta estrategia.”

Ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos

En agosto de 2019, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Defenceless defenders: Afghanistan’s human rights community under attack, en el que se describen con detalle las amenazas, el acoso, la intimidación, la violencia e incluso la muerte que han sufrido defensores y defensoras de derechos humanos por hacer su trabajo. En muchos casos en que un defensor o defensora recurrió a las autoridades en busca de apoyo y protección, se le acusó de inventar sus quejas o incluso se le dijo que comprara un arma para defenderse.

En septiembre de 2019, Abdul Samad Amiri, funcionario provincial de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, fue secuestrado y asesinado por los talibanes.

En noviembre de 2019, los defensores de los derechos humanos Musa Mahmudi y Ehsanullah Hamidi, que habían destapado una red de pederastia y más de 100 casos de abusos sexuales a muchachos en la provincia de Logar, fueron detenidos arbitrariamente por la Dirección Nacional de Seguridad, los principales servicios de inteligencia de Afganistán.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Afganistán están entre los más valientes del mundo, ya que trabajan en medio de un conflicto que se cobra miles de vidas cada año. Ante los ataques tanto del Estado como de grupos armados, estas personas deben recibir la protección que necesitan para proseguir su importante labor de promoción de los valores básicos de la humanidad”, ha dicho Samira Hamidi, responsable de campañas de Amnistía Internacional para Asia Meridional.

“El compromiso con la estrategia de protección expresado por el gobierno marca un importante primer paso. Ahora debe implementar un mecanismo de protección que se necesita con urgencia. La comunidad internacional puede desempeñar un papel clave en este sentido apoyando la iniciativa.”

La estrategia conjunta es el resultado de amplias consultas entre más de un centenar de defensores y defensoras de los derechos humanos en diversas partes del país, como Kabul, Herat, Kunduz, Baghlan, Logar y Mazar-e Sharif.

“Quienes defienden los derechos humanos en Afganistán llevan una vida muy arriesgada, ya que se enfrentan a distintas clases de violaciones y abusos. Son personas sometidas a una presión tremenda. No pueden sentirse a salvo si no existe un mecanismo específico que les proteja”, ha dicho Zakir Stanikzai, director ejecutivo del Instituto para la Sociedad Civil de Afganistán.

“Debido a las distintas clases de amenazas contra defensores y defensoras, luchan y se enfrentan a graves retos. Estas amenazas pueden obligarles a guardar silencio sobre la violencia a la que se enfrentan, a dejar su empleo e incluso su país, a sufrir prisión o ser asesinados por su trabajo. Un mecanismo de protección de defensores y defensoras de los derechos humanos es muy necesario en Afganistán para apoyar y proteger a estas personas”, ha dicho Freshta Karimi, directora ejecutiva de Da Qanon Ghushtonky, organización de la sociedad civil afgana.

Información complementaria

En 2018, Amnistía Internacional lanzó la campaña global Valiente para combatir las amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo, quienes se enfrentan a hostigamiento, intimidación, legislación represiva, detención, procesamiento injusto y hasta la muerte por sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Los defensores y las defensoras de los derechos desempeñan un papel fundamental en la defensa de los principios de libertad, justicia y dignidad que sirven de base a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Su labor contribuye directamente a la realización de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción del desarrollo sostenible.

En 1998, la comunidad internacional reconoció la importante función que cumplen estos agentes de la sociedad civil cuando la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (o Declaración sobre los defensores de los derechos humanos). La Declaración hace hincapié en que el reconocimiento y la protección de las personas que defienden los derechos humanos son fundamentales para garantizar que pueden trabajar en un entorno seguro.