Los múltiples hostigamientos y amenazas contra diputados y diputadas de la oposición en la Asamblea Nacional forman parte de la política de represión en contra de cualquier forma de disidencia política que el gobierno de Nicolás Maduro ha desplegado en los últimos años en Venezuela, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Repetida y sostenidamente las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro han intentado desmantelar cualquier forma de disidencia política en el país por medio de graves violaciones de derechos humanos, que han incluido el uso de la tortura, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización ha tenido conocimiento recientemente de lo que podría suponer la desaparición forzada del diputado Gilber Caro y Víctor Ugas, detenidos por supuestos agentes del Estado el 20 de diciembre de 2019. Si bien ambos fueron presentados ante un juez, las autoridades han negado a sus familiares cualquier información sobre el lugar de su detención.

Asimismo, las campañas de estigmatización y amenazas contra miembros de la oposición, como los ataques en contra de la diputada Delsa Solórzano, son ejemplos que se suman al persistente acoso e intimidación de diputados de la oposición y trabajadores de la Asamblea Nacional que han sido detenidos arbitrariamente. En los últimos años, docenas de miembros de la oposición se han visto forzados a huir del país y solicitar asilo ante las amenazas que han recibido por parte del gobierno de Maduro.

“Amnistia Internacional continuará vigilante ante esta nueva crisis política alrededor de la Asamblea Nacional y el riesgo de que se repitan detenciones arbitrarias, u otros ataques que puedan incluir agresiones a diputados y periodistas, campañas de estigmatización, restricciones de la libertad de movimiento, amenazas a su integridad física, tortura, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales”, dijo Erika Guevara Rosas.

“La Misión de Investigación de la ONU encargada de investigar a los responsables de haber cometido crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones a derechos humanos que ocurren en Venezuela deben poner atención a esta nueva ola de represión. Las autoridades venezolanas deben recordar que estas violaciones a derechos humanos pueden constituir crímenes bajo el derecho internacional que no quedarán impunes.”

Información adicional:

En el informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela, publicado el año pasado, Amnistía Internacional concluyó que las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el gobierno de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad.