“Un año después de que estallaran en Sudán las protestas que desembocaron en la destitución del presidente Omar al Bashir el 11 de abril de 2019, las nuevas autoridades de transición deben responder a las esperanzas y expectativas del pueblo sudanés”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“Un año después de que el pueblo sudanés tomara las calles para protestar por la subida de los precios de los alimentos, lo que en última instancia puso fin a las tres décadas de régimen de Al Bashir, la ciudadanía puede celebrar que su acción colectiva acabara con la asfixiante represión y reavivara la esperanza de un Sudán mejor”, declaró Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“Las autoridades de transición deben cumplir los compromisos que hicieron de restablecer el Estado de derecho y proteger los derechos humanos. El pueblo sudanés no merece menos”.

El pueblo sudanés ha depositado todas sus esperanzas en las autoridades de transición, encabezadas por el primer ministro Abdullah Hamdok y respaldadas por la Carta Constitucional de Transición, que consagra la declaración de derechos fundamentales más completa que ha tenido hasta ahora el país. 

En un paso positivo, el gobierno derogó en noviembre de 2019 las leyes de orden público y puso fin a la era de atroces violaciones de los derechos humanos que se cebó, sobre todo, en los derechos y libertades de las mujeres.

El gobierno debe abordar de forma proactiva la rendición de cuentas de estos crímenes, entre otras cosas, restaurando la credibilidad y la capacidad del sistema de justicia para investigar y enjuiciar de forma exhaustiva y efectiva los crímenes.

El derecho internacional exige también al gobierno que transfiera a Omar al Bashir a la Corte Penal Internacional, en cumplimiento de las órdenes de detención emitidas contra él por crímenes cometidos en Darfur entre 2003 y 2010.

Aunque el reciente nombramiento de un nuevo fiscal general y presidente del Tribunal Supremo suscita la esperanza de que la rendición de cuentas será una prioridad para las autoridades de transición, el enjuiciamiento de quienes sean hallados responsables de violaciones graves de derechos humanos impulsaría en gran medida la confianza en el sistema judicial nacional.

De las 185 personas que perdieron la vida durante las protestas antigubernamentales de septiembre de 2013, la fiscalía del país sólo ha investigado y juzgado un caso hasta la fecha. En este único caso, el acusado fue absuelto finalmente por falta de pruebas.

Entre diciembre de 2018 y el 11 de abril de 2019, al menos 77 personas que protestaban perdieron la vida y cientos resultaron heridos a manos de las fuerzas de seguridad. El 3 de junio, las fuerzas de seguridad y, de forma destacada, las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), dispersaron brutalmente con fuego real y gas lacrimógeno una multitudinaria sentada en Jartum; mataron a más de 100 personas e hirieron al menos a 700.

“Las autoridades de transición en Sudán deben garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad que han cometido crímenes terribles o usado fuerza excesiva contra manifestantes rinden cuentas de sus actos en juicios justos sin recurso a la pena de muerte”, concluyó Seif Magango.

“El pueblo de Sudán ha hecho frente a las balas, al gas lacrimógeno, a palizas brutales y a tratos degradantes durante meses porque creía que era posible un futuro mejor; este es el momento de que las autoridades provisionales hagan realidad esa esperanza”