Jueves, 09 de enero, 2020
Una de las tendencias más inquietantes de la última década ha sido el aumento de las retóricas y políticas que demonizan a algunos de los grupos más marginados de la sociedad, como las personas refugiadas y solicitantes de asilo, las minorías religiosas y étnicas, las mujeres y las personas LGBTI.
Es el hilo común que une la persecución de la población rohingya en Myanmar, el internamiento masivo de uigures en China y la propuesta de introducir la pena de muerte para personas que mantengan relaciones homosexuales en Uganda. También ha alimentado ataques xenófobos contra personas migrantes en Sudáfrica y ha sido la fuerza motriz tras la política estadounidense de separar a la fuerza a familias que buscan seguridad. Mientras tanto, ha contribuido a incrementar la criminalización de quienes ayudan a las personas refugiadas en Europa.
En lugar de abordar problemas reales como la desigualdad, la corrupción, el desempleo y las dificultades económicas, los líderes políticos de todos los continentes están utilizando a los grupos minoritarios como chivos expiatorios para los males sociales y económicos, difundiendo noticias falsas sobre esos grupos e incitando a la discriminación, la hostilidad y la violencia contra ellos.
Las plataformas de las redes sociales han permitido que estas ideas de odio se propaguen prácticamente sin control. Sin embargo, ese odio ha puesto en pie a activistas en todo el mundo. Nunca la lucha por nuestros derechos humanos ha parecido más importante.
La emergencia climática
Esta década ha sido probablemente la más calurosa de la historia: otra alarmante señal de la emergencia climática que constituye una de las mayores amenazas a los derechos humanos de nuestra era.
Millones de personas sufren ya los catastróficos efectos del cambio climático, desde las largas sequías de África hasta las devastadoras tormentas tropicales en el sureste asiático y el Caribe, o las olas de calor que han marcado temperaturas récord en Europa.
El cambio climático amenaza con exacerbar las desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo; entre distintas etnias y clases; entre géneros, generaciones y comunidades. Y los grupos más desfavorecidos son los que más sufren sus efectos. Ya está teniendo un impacto nocivo en nuestro derecho a la vida, la salud, el alimento, el agua, la vivienda y los medios de vida.
Todos los datos científicos sugieren que el clima extremo no irá más que a peor, a menos que los gobiernos tomen medidas urgentes para reducir las emisiones de carbono en el plazo más breve posible, mediante una transición que proteja los derechos humanos de los grupos desfavorecidos. Sin embargo, prácticamente todos los gobiernos están eludiendo su deber de poner en marcha planes efectivos, y aún existe resistencia por parte de algunos de los principales emisores, especialmente Estados Unidos que, bajo el gobierno del presidente Trump, ha iniciado el proceso para abandonar oficialmente el Acuerdo de París.
Más que nunca, tenemos que mantener nuestra unión para hacer que nuestros líderes políticos rindan cuentas. El movimiento Viernes por el Futuro, iniciado en 2018 por la adolescente sueca Greta Thunberg y sus colegas, nos muestra que el cambio es posible. El fracaso es un lujo que no nos podemos permitir.
Violencia contra las mujeres
La lucha por proteger a las mujeres y las niñas, y a otras personas, frente a todas las formas de violencia de género, continuó con toda su fuerza. La violencia sexual seguía utilizándose como arma de guerra en lugares como la República Democrática del Congo, donde, en uno de muchos casos, más de 300 personas fueron violadas en cuatro días por hombres armados en Walikale, Kivu Septentrional. Amnistía Internacional también documentó el terrible impacto de la violación en otras zonas de conflicto como Irak, Somalia, Darfur, Nigeria y Sudán del Sur.
En muchos lugares, las mismas personas que deben mantener segura a la sociedad son las que atacan a las mujeres y las niñas. En México, las mujeres denunciaron tortura y otras formas de violencia, como descargas eléctricas en los genitales, toqueteo de los pechos y violación con objetos, durante la detención y el interrogatorio por parte de la policía y las fuerzas armadas como parte de la “guerra contra las drogas” en el país. Las tasas de homicidio de mujeres han aumentado enormemente a lo largo de la década, sin que las autoridades mexicanas hayan emprendido acciones efectivas para resolver la violencia de género.
En lo que supuso un enorme avance, el 7 de abril de 2011 el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el histórico Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en cuya redacción participó Amnistía Internacional. Recientemente, Suecia y Grecia se convirtieron en unos de los pocos países europeos que cambiaron sus leyes para reconocer que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación.
Uno de los movimientos más representativos de la década, #MeToo / #YoTambién, reunió a millones de mujeres para alzarse contra la violencia sexual, el acoso y la agresión. Este movimiento ha impulsado cambios en todas partes, desde los estudios de Hollywood hasta remotos poblados de Nepal y el norte de Nigeria.
Derechos sexuales y reproductivos
Aunque en los últimos 25 años unos 50 países han modificado sus leyes para permitir un mayor acceso al aborto, los derechos sexuales y reproductivos siguen poniéndose en tela de juicio. Un elemento común a todas las campañas que han tenido éxito a la hora de reformar las leyes sobre el aborto ha sido la valentía de mujeres que han alzado la voz y han exigido el derecho a decidir lo que sucede con su cuerpo.
Los derechos reproductivos se han visto amenazados en otros lugares. Los intentos de restringir aún más el acceso al aborto han provocado protestas nacionales en Polonia. En varios estados de Estados Unidos se han introducido la prohibición casi total del aborto o unas leyes que aumentaban la restricción del acceso al aborto. La reinstauración, por parte del presidente Trump, de la regla de la “mordaza global”, que bloquea la financiación internacional federal estadounidense a las ONG que proporcionen asesoramiento sobre el aborto o remitan a él, o que defiendan la despenalización del aborto, fue un golpe masivo a los derechos de las mujeres en todo el mundo. También lo fueron los intentos del gobierno estadounidense de eliminar las referencias a la “salud sexual y reproductiva” de los documentos políticos de alto nivel de la ONU aprobados por los Estados miembros.
Desde Irlanda hasta Corea del Sur, las activistas han ayudado a disipar el estigma y el secreto existentes en torno al aborto contando sus casos. En Argentina y Polonia, más de un millón de mujeres se han manifestado para exigir que se escuchen sus voces. Tan sólo en el último año, se abrieron servicios de aborto legal en Irlanda, y están camino de hacerse también realidad en Irlanda del Norte, tras años de campaña por parte de grupos entre los que se encuentra Amnistía Internacional. Hubo más buenas noticias en Argentina, donde el presidente electo Alberto Fernández prometió que tomaría medidas para legalizar el aborto después de que tomara posesión de su cargo en diciembre de 2019.
Derechos de las personas LGBTI
No cabe duda de que el movimiento en favor de los derechos de las personas LGBTI es más visible que nunca, pero los progresos han sido desiguales en la última década. En muchos países, las personas LGBTI siguen siendo hostigadas por la calle, golpeadas, detenidas y, a veces, asesinadas sólo por ser quienes son o amar a quien aman.
Las relaciones homosexuales consentidas se consideran delito en 70 países, y en algunos de ellos —como Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen— se castigan con la pena de muerte. En ocasiones, la hostilidad contra las personas LGBTI está alimentada por los propios gobiernos. En Chechenia, por ejemplo, una campaña promovida por el Estado condujo al secuestro, la tortura e incluso el homicidio de personas a las que se consideraba gays o lesbianas.
Este último año se han dado algunos pasos trascendentales. En India, una sentencia histórica despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo, y marcó un hito histórico en las tres décadas de lucha de activistas LGBTI y sus aliados en el país. Taiwán se convirtió en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo tras aprobar una ley histórica el 17 de mayo de 2019. Y Pakistán aprobó una de las legislaciones más progresistas del mundo sobre los derechos de las personas transgénero; se convirtió así en el primer país de Asia, y en uno de los pocos del mundo, que reconocía propia percepción de la identidad de género.
Pero para muchas personas LGBTI de todo el mundo a las que han perseguido, mutilado o matado, a las que han avergonzado o han prendido fuego, a las que han negado el ingreso en hospitales, han rechazado, violado y marginado, aún queda mucho camino por recorrer. Los gobiernos deben garantizar que se protegen sus derechos, y que se elimina la discriminación por su orientación sexual e identidad de género o presunta orientación sexual e identidad de género.
Las grandes empresas tecnológicas y la privacidad de los datos
La década dio un giro orwelliano con el crecimiento de las grandes empresas tecnológicas, como Facebook y Google, que recogían y monetizaban nuestros datos personales; la consiguiente vigilancia omnipresente de miles de millones de personas constituía una amenaza sistémica a nuestros derechos humanos.
Mientras que, al principio de la década, nos vimos todos inducidos a una falsa sensación de seguridad, en la que creíamos que simplemente estábamos compartiendo fotos con unos cuantos amigos, cada vez quedó más claro que la información que compartíamos podía utilizarse como arma de influencia y como medio para difundir peligrosa desinformación y provocar abusos online. Una década después, la denominada “industria de la influencia”, en forma de plataformas de redes sociales, motores de búsqueda en Internet, corredores de datos y empresas tecnológicas que analizan nuestros datos personales y comercian con predicciones sobre los intereses, las características y, en última instancia, la conducta de la gente con fines de marketing y publicidad, se ha convertido en una de las amenazas para la sociedad más grandes y más siniestras de nuestra era.
Ahora vivimos en un mundo en el que el insidioso control de nuestras vidas digitales tiene consecuencias de gran alcance que van incluso más allá de nuestra privacidad: la desinformación y la manipulación de la información son un campo de batalla continuo, con graves repercusiones en nuestra libertad de opinión, expresión y pensamiento. En las encuestas, enormes cantidades de personas afirman que están preocupadas por la influencia de las grandes empresas tecnológicas en su vida, y que les inquieta que los datos revelen demasiado sobre ellas y que las autoridades del Estado utilicen los datos para atacarlas.
Llevó tiempo que quedara claro el peligro que para los derechos humanos suponían las grandes empresas tecnológicas, en parte porque la sociedad civil y las empresas tecnológicas han trabajado tradicionalmente juntas para mantener Internet libre de la injerencia del Estado y, por extensión, de cualquier tipo de normativa. Un ejemplo típico es la defensa del cifrado de extremo a extremo. Este trabajo es importante. Pero, al considerar que la amenaza para los derechos humanos procede de la vigilancia y la censura ejercidas por el gobierno, no hemos sido plenamente conscientes, en cierto modo, de la magnitud de la amenaza que supone la ubicua presencia de las grandes empresas tecnológicas.
Ahora que entramos en una nueva década, será responsabilidad de los gobiernos actuar para protegernos de los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas, lo que incluye poner en vigor sólidas leyes de protección de datos y una regulación efectiva de las grandes empresas tecnológicas, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.