“Una investigación de la CPI sería un paso histórico para exigir responsabilidades a las personas con cargos ejecutivos en empresas de armamento por sus decisiones comerciales”, ha dicho Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas

La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) debe investigar el papel desempeñado por personas que ocupan puestos directivos en empresas de armamento europeas, así como altos cargos gubernamentales que conceden las licencias de exportación, en las violaciones del derecho internacional humanitario que pudieran constituir crímenes de guerra en Yemen, ha dicho hoy Amnistía Internacional al unirse al Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) en una petición oficial a la CPI.

El ECCHR, apoyado por cinco ONG, ha presentado a la Fiscalía de la CPI una comunicación de 300 páginas, con pruebas que la apoyan, solicitando que la Corte investigue la posible responsabilidad penal de altos cargos de empresas y gobiernos europeos por suministrar armas utilizadas por miembros de la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en posibles crímenes de guerra en Yemen. El Centro solicita que se investigue su posible complicidad en 26 ataques aéreos concretos en los que hubo civiles víctimas de homicidio ilegítimo o lesiones y se destruyeron o dañaron escuelas, hospitales y otros bienes protegidos.

“Una investigación de la CPI sería un paso histórico para exigir responsabilidades a las personas con cargos ejecutivos en empresas de armamento por sus decisiones comerciales. En realidad, toda persona implicada en la venta de armas a la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos tiene alguna responsabilidad sobre el uso que se da a estas armas, y esto incluye tanto a quienes ocupan cargos ejecutivos en las empresas de armamento como a los altos cargos gubernamentales”, ha dicho Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas.

“La fiscal de la CPI puede transmitir su clara intención de que los agentes empresariales rindan cuentas en caso de que estén implicados en los más graves delitos.

Aunque en casi cinco años de conflicto se acumulan las pruebas sobre la perpetración de graves violaciones en Yemen, algunos Estados europeos han seguido exportando armas a miembros de la coalición, que ha bombardeado escuelas, viviendas y hospitales. Estas exportaciones son una flagrante violación del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, y también de las leyes europeas y nacionales.

“Cualquier ejecutivo o ejecutiva de empresa puede leer un periódico y entender que las evaluaciones del peligro en materia de derechos humanos de algunos gobiernos europeos han sido un estrepitoso fracaso”.

Los gobiernos son responsables de aprobar licencias de exportación, y muchas empresas de fabricación de armas argumentan que esto las exime de toda responsabilidad. Sin embargo, la aprobación de los gobiernos no exime a quienes ocupan puestos directivos en las empresas de cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones comerciales, lo que incluye no exportar armas cuando hay peligro de que sean utilizadas para cometer crímenes de derecho internacional.

Esta excusa es especialmente floja cuando los propios gobiernos que conceden las licencias están siendo cuestionados por su decisión de exportar armas que hay peligro de que sean utilizadas en posibles crímenes de guerra y otras violaciones.

“Las personas que ocupan puestos ejecutivos en las empresas han tenido mucho tiempo y acceso a numerosa información fiable para revaluar su decisión de suministrar armas a la coalición en vista de los terribles acontecimientos que se estaban produciendo en Yemen. No les sirve esconderse tras una mala decisión gubernamental: ahora se exponen a posibles cargos penales ante un tribunal internacional.”

La comunicación presentada se centra en el papel de las siguientes empresas: Airbus Defensa y Espacio, S.A. (España), Airbus Defence and Space GmbH (Alemania), BAE Systems Plc. (Reino Unido), Dassault Aviation S.A. (Francia), Leonardo S.p. A. (Italia), MBDA UK Ldt. (Reino Unido), MBDA France S.A.S. (Francia), Raytheon Systems Ltd. (Reino Unido), Rheinmetall AG (Alemania) a través de su subsidiaria RWM Italia S.p.A. (Italia), y Thales France.

Información complementaria

El Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y sus asociados (Mwatana for Human Rights, Amnistía Internacional, Campaña contra el Comercio de Armas, Centre Delàs y Rete Disarmo) piden a la Fiscalía de la CPI que investigue la responsabilidad de altos cargos empresariales, así como de altos cargos de organismos gubernamentales que conceden licencias de exportación de armas por su posible complicidad en estos presuntos crímenes de derecho internacional.

La Comunicación del ECCHR, que se centra en empresas de Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, los mayores exportadores europeos de armas a la coalición, proporciona información fáctica sobre 26 ataques aéreos contra edificios de viviendas, escuelas, hospitales, un museo y lugares patrimonio de la humanidad, que pueden constituir crímenes de guerra con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

La CPI puede ejercer su competencia en materia penal respecto al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra perpetrados en cualquier territorio sujeto a la jurisdicción de un Estado Parte (todos los Estados de la UE son Partes en el Estatuto de Roma) o sus ciudadanos/as, dondequiera que se cometan.