En diciembre de 2014, Hussain Ali Moosa y Mohamed Ramadhan fueron condenados a muerte por el homicidio de un policía. Durante el juicio, la “confesión” forzada de Hussain Ali Moosa se utilizó como prueba principal contra él y sirvió también para incriminar a Mohamed Ramadhan

El Tribunal Penal Superior de Apelación de Bahréin ha fijado la fecha del 25 de diciembre de 2019 para dictar sentencia en la causa contra Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain y Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed. El 22 de octubre de 2018, el Tribunal de Casación anuló las condenas a muerte de ambos hombres, que había confirmado en 2015, y devolvió la causa al Tribunal de Apelación para que se viera de nuevo, basándose en pruebas nuevas.

 

 

 

Shaikh Khaled bin Ali al-Khalifa

Ministro de Justicia y Asuntos Islámicos / Minister of Justice and Islamic Affairs

Ministry of Justice and Islamic Affairs

P. O. Box 450, al-Manama, Bahréin

Fax: +973 1753 1284

Twitter: @Khaled_Bin_Ali

 

Excelencia:

 

Se espera que, el 25 de diciembre de 2019, el Tribunal Penal Superior de Apelación dicte sentencia en la causa contra Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed y Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain, que fueron condenados a muerte tras un juicio injusto, basado en “confesiones” obtenidas por medio de tortura. La causa se está viendo de nuevo por haber aparecido pruebas de la tortura que sufrieron.

 

En diciembre de 2014, Hussain Ali Moosa y Mohamed Ramadhan fueron condenados a muerte por el homicidio de un policía. Durante el juicio, la “confesión” forzada de Hussain Ali Moosa se utilizó como prueba principal contra él y sirvió también para incriminar a Mohamed Ramadhan. El 16 de noviembre de 2015, el Tribunal de Casación confirmó las condenas a muerte de ambos hombres. En marzo de 2018, la Unidad de Investigaciones Especiales presentó informes médicos de facultativos adscritos al Ministerio del Interior, que indicaban que ambos habían sido sometidos a tortura y recomendaban una revisión del juicio. El 22 de octubre de 2018, el Tribunal de Casación de Bahréin anuló las condenas a muerte a la espera de que un grupo nuevo de jueces del Tribunal Penal Superior de Apelación vieran de nuevo causa.

 

Pedimos a las autoridades bahreiníes que garanticen que la sentencia de la causa contra Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed y Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain es el resultado justo de un procedimiento completamente acorde con las normas internacionales sobre juicios justos, en el que no se hayan admitido pruebas obtenidas por medio de tortura y no se recurra a la pena de muerte. Pedimos, además, a Su Excelencia que garantice que se hace rendir cuentas a todos los presuntos responsables de la tortura de ambos hombres y que se proporcione a Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed y Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain una reparación que incluya restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. Reconocemos el deber de las autoridades de prEVenir la comisión de delitos y  poner  a  quienes  los  cometan  a  disposición  judicial,  pero  insistimos  en  que  deben  hacerlo  de  acuerdo  con  las obligaciones internacionales contraídas por Bahréin en materia de derechos humanos, e instamos al Estado bahreiní a conmutar por penas de prisión todas las condenas a muerte y a establecer una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital.

 

 

 

 

Las fuerzas de seguridad detuvieron a Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed, empleado de hotel, el 21 de febrero de 2014, y a Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain, el 20 de marzo de 2014, en el aeropuerto internacional de Bahréin, donde prestaba servicio como miembro de las fuerzas de seguridad. Llevaron a ambos al Departamento de Criminalística, donde los torturaron durante su interrogatorio. Mohamed Ramadhan se negó a firmar ninguna confesión, pero Hussain Ali Moosa dijo que lo habían obligado a confesar el delito y a incriminar a Mohamed Ramadhan, tras tenerlo colgado de las extremidades y golpearlo durante varios días. Su “confesión” se utilizó luego en el juicio como prueba principal para declarar culpables a ambos. Los dos se encuentran recluidos en la prisión de Yaw, situada en el sur de la capital bahreiní, Manama.

 

El 29 de diciembre de 2014, un tribunal penal los condenó a muerte por el homicidio de un policía, muerto al explotar una bomba en Al Deir, pueblo situado al noreste de Manama, el 14 de febrero de 2014. El Tribunal Penal Superior de Apelación confirmó la sentencia y las condenas a muerte el 30 de marzo de 2015, y el Tribunal de Casación las ratificó el 16 de noviembre de 2015. También se confirmaron las penas de entre seis años de prisión y cadena perpetua impuestas a otras 10 personas en la misma causa.

 

Pese a haber recibido denuncias de tortura de la esposa de Mohamed Ramadhan y de una ONG con sede en Estados Unidos en 2014, la Oficina del Defensor del Pueblo estuvo dos años sin investigarlas. En abril 2016 informó erróneamente al gobierno británico de que no había recibido “ninguna denuncia de maltrato o tortura” en relación con Mohamed Ramadhan. Tras la presión internacional, en julio de 2016 el Defensor del Pueblo dijo al gobierno del Reino Unido que se había comprometido a llevar a cabo una “investigación completa e independiente”, tras lo cual entrevistó a la esposa y el abogado de Mohamed Ramadhan.

 

El 28 de marzo de 2018, el fiscal confirmó haber recibido de la Unidad de Investigaciones Especiales un memorándum sobre las investigaciones de ésta acerca de las denuncias de tortura presentas por Mohamed Ramadhan y Hussain Ali Moosa. Siguiendo las recomendaciones de la Unidad, la causa fue remitida al ministro de Justicia, que a primeros de mayo de 2018 envió al Tribunal de Casación una petición para que volviera a considerar la sentencia. La Unidad afirmaba que había recibido informes de médicos del Ministerio del Interior que indicaban que ambos hombres habían sido torturados. Durante el juicio, estos informes no habían estado disponibles.

 

El 22 de octubre de 2018, el Tribunal de Casación de Bahréin anuló las condenas a muerte de ambos hombres basándose en nuevas pruebas aportadas en informes médicos de facultativos del Ministerio del Interior, que indicaban que los dos habían sido sometidos a tortura, y ordenó al Tribunal Penal Superior de Apelación que volviera a ver la causa con un grupo nuevo de jueces.

 

Bahréin es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconoce el derecho a la vida y el derecho a un juicio justo, que incluye el derecho de la persona detenida a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a declararse culpable. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que “la imposición de la pena capital al término de un juicio en que no se hayan respetado las disposiciones del artículo 14 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] constituye una violación del derecho a la vida (artículo 6 del Pacto)”. En su informe de 2012, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias reiteró que “[e]s arbitrario imponer la pena de muerte cuando las actuaciones no respetan las normas más estrictas relativas a un juicio imparcial”.

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.

 

 

Pueden escribir llamamientos en: Árabe o inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

 

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 21 de enero de 2019

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

Nombre y género gramatical preferido: Mohamed Ramadhan Issa Ali Hussain (masculino) y

Hussain Ali Moosa Hussain Mohamed (masculino).

 

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/mde11/9347/2018/es/