“El gobierno debe mostrar que su compromiso por los derechos humanos no sólo se refleja en la narrativa oficial, sino también, en el diseño e implementación de las políticas públicas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

El gobierno del presidente Nayib Bukele debe seguir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e implementar cambios sustanciales para mejorar la situación de derechos humanos en El Salvador, Amnistía Internacional dijo hoy después de seguir de cerca la primera visita in loco de dicha organización al país en 32 años.

“Luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno del presidente Bukele tiene la oportunidad de acoger sus recomendaciones y realizar cambios profundos que garanticen los derechos humanos de toda la población en El Salvador. El nuevo gobierno debe mostrar que su compromiso por los derechos humanos no sólo se refleja en la narrativa oficial, sino también, en el diseño e implementación de las políticas públicas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La anuencia del gobierno para la visita de la CIDH es un paso importante en la dirección correcta. Esperamos que esto sea acompañado por un compromiso firme que trascienda la visita y que se refleje en una visible mejora en la vida del pueblo salvadoreño. Las organizaciones nacionales tienen propuestas robustas e innovadoras para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Las autoridades deben construir espacios de participación que garanticen que sus valiosos aportes serán tomados en cuenta”.

La visita in loco de la CIDH se orientó en cinco ejes claves: seguridad ciudadana, justicia transicional, personas privadas de libertad, derechos de las personas migrantes, derechos de las mujeres y personas LGBTI. Como parte de esta visita, la CIDH se reunió con autoridades estatales y con organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil presentaron diversas preocupaciones en materia de derechos humanos. Particularmente, informaron a la CIDH la necesidad de mantener y fortalecer los espacios de diálogo y participación entre las organizaciones y las instituciones del Estado.

En materia de seguridad pública, las organizaciones expresaron desconocer el contenido detallado del “Plan Control Territorial”, que expresa la política nacional de seguridad en ese país. Dichas organizaciones se mostraron preocupadas ante la continuidad de los enfoques represivos y la militarización de la seguridad pública.

En el marco de la discusión sobre una propuesta de ley en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que podría tener implicaciones para el acceso a la justicia de víctimas del conflicto armado en El Salvador, las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos señalaron que es indispensable que su voz sea escuchada a fin de garantizar que se cumpla con las exigencias del derecho internacional aplicable en la materia. Además, subrayaron la importancia del acceso a la información contenida en archivos de dependencias gubernamentales, incluyendo los archivos militares de los años del conflicto, cuando sean requeridos por las autoridades nacionales o las víctimas, y que brindan datos sobre los crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado y sus posibles responsables.

Por su parte, las organizaciones también denunciaron las violaciones a los derechos de las mujeres y de la población LGBTI y requirieron a la CIDH su intermediación para que las políticas del Estado garanticen los derechos humanos de estos sectores de la población. En ese contexto, fue objeto de especial preocupación la prohibición absoluta del aborto, la criminalización de mujeres tras sufrir abortos espontáneos o emergencias obstétricas y las reiteradas denuncias de crímenes de odio sufridos por población LGBTI.

Asimismo, familiares de personas migrantes fallecidas o desaparecidas en la ruta migratoria expresaron la importancia de la adopción de una legislación específica, en concordancia con los estándares internacionales, para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y el fortalecimiento del banco de datos forenses de migrantes no localizados.

Una visita in loco es la visita oficial más importante que la CIDH puede realizar en pleno (con los siete Comisionados y Comisionadas, Relatores Especiales y la Secretaría Ejecutiva) a un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, para analizar en profundidad la situación general de los derechos humanos en todo territorio sometido a su jurisdicción. Esta visita se dio por invitación del Estado.