“Mientras el gobierno de Bolsonaro recorta drásticamente las protecciones medioambientales a nivel federal, algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería ilegal”, dijo Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional

• La ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras que violan derechos humanos en las reservas y territorios indígenas
• Las imágenes por satélite y los datos oficiales revelan indicios de ganadería en zonas protegidas
• Amnistía Internacional Brasil y los líderes indígenas entregarán al gobierno de Bolsonaro una petición para que actúe

La ganadería es el principal motor de las confiscaciones ilegales de tierras en las reservas y territorios indígenas de la Amazonía brasileña, y alimenta la deforestación y el atropello de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy.

Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil’s Amazon se ha publicado al mismo tiempo que Amnistía Internacional Brasil, junto con líderes indígenas de la Amazonía, presentaba a las autoridades brasileñas una petición con 162.000 firmas en la que les pedía que pongan fin a las confiscaciones ilegales de tierras protegidas en la Amazonía.

“La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación de la Amazonía. Constituye una amenaza muy real no sólo para los derechos humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta”, ha manifestado Richard Pearshouse, director de Crisis y Medioambiente de Amnistía Internacional.

“La ganadería ilegal es el principal motor de la deforestación de la Amazonía. Constituye una amenaza muy real no sólo para los derechos humanos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí, sino también para todo el ecosistema del planeta”.

“Mientras el gobierno de Bolsonaro recorta drásticamente las protecciones medioambientales a nivel federal, algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería ilegal que destruye zonas protegidas de la selva amazónica.”

Unos dos tercios de las zonas de la Amazonía deforestadas entre 1988 y 2014 han sido valladas, quemadas y convertidas en pastos: casi 500.000 km², una zona que en total equivale a cinco veces el tamaño de Portugal. El informe de Amnistía Internacional documenta la manera en que algunas autoridades estatales están permitiendo de hecho la ganadería en zonas protegidas.

Investigación sobre el terreno

Amnistía Internacional visitó cinco zonas protegidas de la Amazonía brasileña a lo largo de 2019: los territorios indígenas de los karipuna y uru-eu-wau-wau y las reservas de Rio Ouro Preto y Rio Jacy-Paraná (en el estado de Rondônia), y el territorio indígena de los manoki (en el estado de Mato Grosso).

Las reservas son zonas concebidas para la protección del medioambiente, el sustento y la cultura de sus poblaciones tradicionales, incluido un uso sostenible de sus recursos naturales. Junto con los territorios indígenas, están protegidas en virtud de la legislación brasileña y los tratados internacionales.

Los datos oficiales, las imágenes por satélite y las visitas in situ realizadas por Amnistía Internacional muestran la manera en que las confiscaciones ilegales de tierras, vinculadas por lo general con la ganadería, van en aumento en estas cinco zonas.

Patrón de convertir selva en tierras agrícolas

Los ganaderos y los grileiros —individuos particulares que se apropian ilegalmente de tierras— siguen un patrón general de convertir la selva tropical en pastos en la Amazonía brasileña. Se identifican zonas de selva, se talan y eliminan los árboles y se prenden fuegos (a menudo reiteradamente en la misma zona), para luego plantar hierba y después introducir ganado.

La apertura de nuevas carreteras y la aparición de campamentos en la selva protegida son algunas de las señales de advertencia de que este proceso se ha iniciado. Amnistía Internacional documentó lo extendidas que están estas actividades en el territorio indígena de uru-eu-wau-wau, en Rondônia, gran parte del cual se superpone con el Parque Nacional de Pacaás Nuevos, donde un agente medioambiental federal dijo que habían aparecido más de 40km de nuevas carreteras desde 2017.

Otro indicador de que los ganaderos ilegales y los grileiros están intentando confiscar tierras es el vallado y la quema de grandes zonas de selva. Amnistía Internacional presenció y grabó imágenes con un dron de estas prácticas en el territorio indígena de los manoki, en Mato Grosso, el 23 de agosto de 2019.

Un líder manoki contó a Amnistía Internacional que esas prácticas formaban parte de los esfuerzos redoblados de los ganaderos de destruir selva protegida y convertir la tierra en pastos para ganado. Amnistía Internacional observó terrenos de pasto al menos en seis puntos diferentes del territorio manoki.

La organización analizó datos de sensor remoto sobre quemas e imágenes por satélite en los cinco puntos, y surgió un patrón común. En muchos casos, las imágenes por satélite captaban tierra ardiendo junto a zonas en las que se veía claramente a ganado deambulando libremente dentro de zonas protegidas. En algunos casos eran visibles probables caminos abiertos por el ganado que se movía a través de zonas quemadas recientemente.

Intimidación por parte de invasores armados

Los residentes indígenas y tradicionales de cuatro de cinco de las zonas protegidas contaron a Amnistía Internacional que estas nuevas invasiones habían venido acompañadas a menudo por violencia, amenazas e intimidación. En el quinto emplazamiento, en la reserva de Rio Jacy-Paraná, prácticamente todos los habitantes originales han sido desalojados de la reserva y tienen miedo de regresar porque ahora viven en sus tierras invasores armados dedicados a la cría de ganado.

Las agencias gubernamentales que tienen el mandato de proteger las reservas también han sido blanco de ataques. Un agente medioambiental cerca del territorio uru-eu-wau-wau dijo a Amnistía Internacional: “Estábamos rodeados por invasores. Treinta y dos hombres, la mayoría encapuchados, llegaron a pie por detrás de nosotros, con botellas de gasolina [...] Hubo muchos gritos y amenazas, nos llamaban ‘matones’”. El tenso enfrentamiento duró más de una hora antes de que los atacantes se fueran, pero varias semanas después empezaron a enviar a los agentes medioambientales mensajes de audio con amenazas de violencia.

En algunos casos, incluido el del territorio indígena uru-eu-wau-wau, la amenaza de violencia armada contra pueblos indígenas y trabajadores de protección medioambiental ha sido tan grave que han tenido que intervenir las fuerzas armadas y la policía federal.

Permitir la explotación ganadera ilegal

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional reveló que no sólo el gobierno de Bolsonaro ha cortado la financiación a las agencias de protección medioambiental e indígena y las ha socavado de otras maneras, sino que algunas agencias estatales están permitiendo de hecho la explotación ganadera en zonas protegidas.

Las leyes estatales disponen que las agencias de control de salud animal deben visitar e incluir en registro las explotaciones y hacer un seguimiento de los movimientos de ganado.

Amnistía Internacional presentó peticiones a las autoridades estatales de Rondônia y Mato Grosso, en virtud de la legislación relativa a la libertad de información, para poder acceder a los datos sobre el número de cabezas de ganado que pastan en zonas protegidas, y sobre el movimiento de ganado. La agencia de control de salud animal de Rondônia respondió con datos incompletos. A pesar de haber recibido cinco peticiones diferentes en virtud de la legislación relativa a la libertad de información, las autoridades de Mato Grosso se negaron a facilitar absolutamente ningún dato. Los datos que Amnistía Internacional obtuvo de Rondônia muestran que en noviembre de 2018 había más de 295.000 cabezas de ganado en territorios indígenas y zonas de protección medioambiental.

“Este informe es parte de nuestra investigación en curso sobre las consecuencias que tienen sobre los derechos la explotación ganadera y la deforestación ilegal en la Amazonía brasileña. Las empresas de este sector están avisadas: el escrutinio sobre la industria ganadera en Brasil se va a intensificar”.

“La opinión pública tiene derecho a saber de las explotaciones ganaderas en zonas protegidas. Al fin y al cabo, se trata de una actividad delictiva. Las autoridades brasileñas deben difundir públicamente esta información y deben tomar medidas significativas para poner fin a la explotación ganadera ilegal en zonas protegidas”, ha manifestado Richard Pearshouse.