Las fuerzas de seguridad de Myanmar vienen llevando a cabo una devastadora campaña de violencia contra la población rohinyá del estado septentrional de Rajine. Por lo que la ONU pidió que se investigue y juzgue a altos cargos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio

Tras saberse que hoy, jueves, la Corte Penal Internacional (CPI) ha tomado la decisión de autorizar una investigación sobre los presuntos crímenes cometidos contra la población rohinyá de Myanmar, Nicholas Bequelin, director de Amnistía Internacional para Asia Oriental y el Sudeste Asiático, ha manifestado.

“Esta decisión constituye un importante avance en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en Myanmar. Es un claro aviso a quienes han orquestados las atrocidades contra la población rohinyá: su impunidad tiene los días contados.

“El mecanismo de la justicia se ha puesto en marcha”.

“Esta decisión se ha tomado sólo unos días después de que el gobierno de Gambia acusara a Myanmar de genocidio en los procedimientos iniciados en la Corte Internacional de Justicia y de que activistas rohinyás presentarán una demanda en los tribunales argentinos. El mecanismo de la justicia se ha puesto en marcha: quienes pretendan continuar protegiendo a los perpetradores para que no rindan cuentas tendrán que pensarse bien de qué lado de la historia deciden ponerse.

“Aunque la acogemos con satisfacción, la decisión tomada hoy sólo permite a la CPI investigar algunos de los crímenes cometidos por los militares contra las minorías étnicas de Myanmar. Es por eso que continúa siendo esencial que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación en el conjunto del país a la CPI. El hecho de que siga sin hacerlo representa una mancha en su credibilidad y una renuncia a asumir sus responsabilidades.”

Información complementaria

Desde agosto de 2017, las fuerzas de seguridad de Myanmar vienen llevando a cabo una devastadora campaña de violencia contra la población rohinyá del estado septentrional de Rajine. Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada, incendio selectivo de poblados rohinyás y uso de minas terrestres. Una misión de investigación de la ONU ha pedido que se investigue y juzgue a altos cargos por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

El ejército de Myanmar continúa cometiendo graves violaciones del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, contra civiles en las zonas afectadas por el conflicto de los Estados de Kachin, Rajine y Shan. Este año, Amnistía Internacional ha documentado ataques ilegítimos en los que han muerto y han resultado heridas personas civiles, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y trabajo forzoso.