Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), fue detenido en el paso fronterizo de Allenby/King Hussein, entre Jordania y la Cisjordania ocupada por Israel el 26 de octubre, cuando se dirigía al funeral de un familiar

“La decisión de las autoridades de Israel de impedir a un miembro del personal de Amnistía Internacional viajar al extranjero por ‘razones de seguridad’, aparentemente como castigo por el trabajo de derechos humanos de la organización, es otro estremecedor indicio de la creciente intolerancia de Israel hacia las voces críticas”. Así lo ha manifestado la organización hoy.

Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), fue detenido en el paso fronterizo de Allenby/King Hussein, entre Jordania y la Cisjordania ocupada por Israel el 26 de octubre, cuando se dirigía al funeral de un familiar. Tras tenerlo esperando cuatro horas, le informaron de que el servicio de inteligencia de Israel le había prohibido viajar por “razones de seguridad” que no revelaron.

“La afirmación de las autoridades israelíes de que tienen razones de seguridad para prohibir viajar a Laith Abu Zeyad es totalmente absurda. El hecho de que no hayan facilitado ningún detalle que justifique la prohibición revela su verdadera intención. Esto es una siniestra medida impuesta como castigo por su labor de defensa de los derechos humanos de la población palestina”, dijo Saleh Higazi, director adjunto para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Además de violar los derechos de Laith a la libertad de circulación y de asociación, esta prohibición de viajar ilustra la escalofriante determinación de las autoridades israelíes de silenciar a las organizaciones y activistas de derechos humanos que critican al gobierno. También pone de manifiesto el carácter cruel e inhumano de sus políticas.”

El pasado mes de septiembre, a Laith se le había denegado un permiso humanitario para entrar en Israel desde la Cisjordania ocupada con el fin de acompañar a su madre, que iba a recibir tratamiento de quimioterapia en Jerusalén. El sistema de permisos exige a todas las personas palestinas residentes en los TPO un permiso de entrada para entrar en Israel, incluida Jerusalén Oriental, sea cual sea el motivo, trabajo, atención médica y visitas familiares incluidos.

Además de invadir cruelmente su vida familiar, estas restricciones arbitrarias para viajar interfieren en su trabajo de derechos humanos, pues le impedirán entrar en Jerusalén Oriental e Israel y viajar al extranjero para realizar actividades esenciales, como el trabajo de incidencia ante la ONU y otras organizaciones de derechos humanos, y la participación en conferencias y otros eventos.

“Las autoridades israelíes deben levantar inmediatamente las prohibiciones arbitrarias de viajar impuestas a Laith Abu Zeyad y a todos los demás defensores y defensoras palestinos de los derechos humanos, a quienes castigan por atreverse a denunciar la discriminación sistemática de la población palestina y las violaciones de derechos humanos que le inflige Israel”, dijo Saleh Higazi.

Israel ha usado en numerosas ocasiones anteriores las prohibiciones arbitrarias de viajar para hostigar e intimidar a quienes defienden los derechos humanos y a activistas pacíficos. Omar Barghouti, cofundador del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), sufre de forma reiterada y arbitraria la prohibición de viajar desde 2016. Shawan Jabarin, director de la organización palestina de derechos Al Haq, ha sufrido asimismo una prohibición de viajar arbitraria y punitiva.

Según las normas internacionales de derechos humanos, sólo podrán imponerse restricciones al derecho a la libertad de circulación de forma excepcional, y deberán ser necesarias para un fin legítimo, proporcionadas y estar basadas en fundamentos de derecho claros. Las razones deben exponerse con claridad y las restricciones deben poder ser objeto de recurso judicial.

La negativa de las autoridades israelíes a hacer público ningún dato que justifique las razones de esta prohibición de viajar hace que se haya negado también a Laith Abu Zeyad una oportunidad significativa para recurrirla ante los tribunales.

Información complementaria

Desde que empezó a trabajar con Amnistía Internacional, en noviembre de 2017, Laith Abu Zeyad ha recibido tres permisos, de seis meses cada uno, para entrar en Israel. El último de ellos fue válido desde el 20 de noviembre de 2018 al 12 de mayo de 2019.

El 8 de septiembre de 2019, Laith Abu Zeyad solicitó un permiso humanitario en el puesto de control militar de Al Zaytoona (Hazatem) para acompañar a su madre a recibir tratamiento médico en Jerusalén. Su solicitud fue denegada el mismo día basándose en “razones de seguridad”, sin ninguna explicación más.

El 13 de junio de 2018, Laith Abu Zeyad fue una de las personas detenidas arbitrariamente y torturada por las fuerzas de seguridad palestinas durante la represión de una manifestación organizada por activistas palestinos en Ramala para exigir que las autoridades palestinas de Ramala levantaran las sanciones impuestas a la Franja de Gaza, gobernada por Hamás. Laith Abu Zeyad fue aprehendido y atacado por dos agentes de seguridad vestidos de civil cuando se dirigía a observar la manifestación.

En los últimos años, las autoridades israelíes han intensificado radicalmente sus actos de intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil y su personal, tanto en Israel como en los TPO. La sociedad civil es objeto de continuas agresiones por medio de leyes y políticas gubernamentales restrictivas, a las que se suma una campaña de difamación que tiene como fin deslegitimar el trabajo de derechos humanos. El mes pasado, las fuerzas israelíes entraron en las oficinas de la organización palestina de derechos humanos Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Addameer. El Tribunal Supremo israelí también vio un recurso contra la decisión del gobierno de revocar el permiso de trabajo del Omar Shakir, director de Human Rights Watch en Israel y Palestina, como preparación para su deportación.