A un año del asesinato del líder indígena rarámuri Julián Carrillo, las autoridades mexicanas deben realizar una investigación exhaustiva que permita determinar quiénes son los responsables en su caso y en todos los ataques contra personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Las valientes personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente enfrentan un peligro constante en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe reconocer públicamente su invaluable contribución a la protección de los recursos naturales y su gobierno debe tomar acción contundente para garantizar que puedan trabajar de manera segura”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El número de personas asesinadas por su activismo ambiental en México ha aumentado en los últimos años. En 2017, Global Witness registró un incremento de 3 a 15 muertes con respecto al año anterior en el país. En 2018, la misma organización señaló que 14 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas. En los primeros nueve meses de 2019, Amnistía Internacional ha registrado el asesinato de al menos 12 personas que defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente en México.

En un caso emblemático, el 24 de octubre de 2018, hombres armados asesinaron a Julián Carrillo en su comunidad de Coloradas de la Virgen en el estado norteño de Chihuahua. Carrillo había sido previamente víctima de amenazas y hostigamiento en relación con su defensa del territorio ancestral en la Sierra Tarahumara y al menos cinco otros miembros de su familia habían sido asesinados en los últimos años.

Después de un año, las autoridades mexicanas aún no han juzgado a los culpables del asesinato de Carrillo. Hasta ahora, dos personas han sido detenidas y están siendo investigadas, pero no se han deslindado aún responsabilidades. 

Las autoridades deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los asesinatos de Carrillo, los demás miembros de su familia y todas las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México. El gobierno del presidente López Obrador debe desarrollar, sin demora, una política pública de prevención y protección que atienda las causas estructurales de la violencia. Dicha perspectiva debe contemplar, entre otros, un enfoque colectivo, tanto en el análisis de riesgo como en las medidas que se implementen.

“El asesinato de Julián Carrillo ocurrió pese a que éste era beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, implementado por el gobierno mexicano. Esta situación es sumamente grave y hace urgente una revisión exhaustiva de dicho mecanismo para que realmente prevenga y proteja a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en México”, declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“La lucha por los derechos sobre la tierra y contra la explotación indiscriminada de los recursos naturales, que llevan a cabo las personas defensoras de tierra y territorio, merece toda nuestra solidaridad y apoyo, dada la obligación fundamental que tenemos de dejar un medio ambiente sano a las siguientes generaciones”.