En respuesta al ataque contra una mezquita en la provincia de afgana de Nangarhar, en el que han muerto al menos 62 personas y han resultado heridas decenas más, Omar Waraich, director adjunto para Asia Meridional de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Semejante homicidio intencional de decenas de civiles que oraban es un crimen de guerra. Esto no es una guerra que se acaba, sino que se agrava, y quien más la sufre es la población civil. Hay más homicidios de civiles que en cualquier otro momento de la última década, a manos de grupos armados, pero también en operaciones dirigidas por las fuerzas afganas e internacionales.

“El homicidio y la mutilación de civiles afganos exige la atención del mundo. Violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario tales como los ataques deliberados contra civiles no son algo a lo que nadie deba acostumbrarse ni aprender a ignorar. Es preciso que se realice un decidido esfuerzo para proteger a la población civil, garantizar el respeto del derecho internacional humanitario y exigir responsabilidades a los perpetradores. Los ataques deliberados contra civiles y los ataques indiscriminados jamás son aceptables.

“La situación en Afganistán debe hacer que nos demos cuenta de las crueles políticas de muchos gobiernos, que han obligado a regresar afganos y afganas a un país que se vuelve cada día más peligroso. También debe poner de relieve la urgente necesidad de justicia en un momento en el que la Corte Penal Internacional se enfrenta a la importante decisión de reabrir o no su investigación sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes del conflicto.”

Información complementaria

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) reveló hoy que durante el verano han muerto más civiles que en cualquier otro momento del conflicto. Según UNAMA, Entre julio y septiembre de 2019 perdieron la vida 1.174 civiles.

UNAMA había informado anteriormente de que 2018 había sido el más letal para la población civil —tanto personas adultas como niños y niñas— desde que este organismo comenzó a registrar el número de víctimas civiles, en 2009.

En abril de 2019, los jueces de la Corte Penal Internacional rechazaron la petición de la Fiscal de que se abriera una investigación sobre los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto, decisión que se consideró una rendición de la Corte a las amenazas del gobierno estadounidense. En diciembre de 2019, la Sala de Apelaciones de la Corte verá la apelación de la decisión presentada por la Fiscal.