El 26 de septiembre, la Fiscalía egipcia hizo una declaración oficial en la que manifestaba que se había interrogado a “menos de 1.000 personas” en relación con su participación pacífica en protestas. Se ha confirmado que se han registrado las cuentas en redes sociales de las personas acusadas para buscar pruebas de “incitación a las protestas”. La declaración mencionaba que los llamamientos a la protesta publicados en las redes sociales se considerarían indicio del “delito” de “reunión no autorizada”

En los últimos 12 días, las autoridades egipcias han lanzado la mayor campaña de represión durante el gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi y han detenido a más de 2.300 personas, al menos 111 de ellas menores de edad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Las autoridades han llevado a cabo detenciones generalizadas de cientos de personas que se manifestaban pacíficamente, y han practicado más detenciones arbitrarias específicas de abogados/as de derechos humanos, periodistas, activistas políticos y profesionales de la política.

La inmensa mayoría de las personas detenidas están siendo investigadas como parte de un único caso. Si son remitidas a juicio, sería el caso penal relacionado con protestas más grande de la historia de Egipto.

“El gobierno del presidente Abdelfatah al Sisi ha orquestado esta represión para aplastar la más leve señal de disidencia y silenciar a todas las personas que critican al gobierno. La oleada de detenciones colectivas sin precedentes, que incluyó a muchas personas que ni siquiera participaban en las protestas, transmite un mensaje claro: toda persona percibida como una amenaza para el gobierno de Al Sisi será aplastada”, ha manifestado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Participar en una protesta pacífica no es un delito. La draconiana respuesta de las autoridades egipcias a las manifestaciones pacíficas ilustra su total desprecio por los derechos humanos y muestra un absoluto desdén por el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de reunión o expresión.”

En un insólito desafío al presidente Al Sisi y a su gobierno, desde el 20 de septiembre estallaron pequeñas protestas en varias ciudades de todo Egipto. Las autoridades egipcias trataron de prevenir una segunda ronda de protestas el 27 de septiembre cerrando grandes zonas del centro de El Cairo y llevando a cabo detenciones colectivas.

Los abogados y abogadas de derechos humanos que trabajan con organizaciones como el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales y la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto han documentado hasta el momento al menos 2.300 detenciones. Según los abogados, decenas de personas detenidas han sido puestas en libertad sin interrogarlas, pero muchas otras siguen compareciendo ante los fiscales.

Según Belady por los Derechos y Libertades, entre las personas detenidas se encuentran al menos 111 menores de edad, de entre 11 y 17 años, varios de los cuales han sido sometidos a desaparición forzada durante periodos de entre 2 y 10 días. Al menos 69 se enfrentan a cargos que incluyen “pertenencia a un grupo terrorista" y “uso indebido de redes sociales”, aunque muchos de ellos ni siquiera tienen teléfono móvil.

Amnistía Internacional ha documentado la detención de cinco menores de edad; tres estaban comprando uniformes y material escolar en el centro de El Cairo en aquellos momentos, y dos regresaban a casa desde la escuela en Suez. Los progenitores de Osama Abdallah todavía no conocen el paradero de su hijo de 16 años. Desde que Osama fue detenido el 21 de septiembre, sus padres no han podido darle su medicación ni informar a las autoridades de que tiene que someterse a cirugía de urgencia. Amnistía Internacional ha visto copias de su historial médico.

Amnistía Internacional también ha verificado un vídeo en el que se ve a “informadores” vestidos de civil que golpean a un muchacho de 17 años y lo detienen en el centro de El Cairo.

A la mayoría de los menores de edad detenidos les han impedido ponerse en contacto con sus familias y los han detenido junto con adultos en contra de lo establecido por las normas internacionales.

Detención de profesionales del derecho, el periodismo y la política

Amnistía Internacional ha documentado la detención de 10 periodistas, de quienes hay que destacar que la mayoría trabajan para medios de comunicación progubernamentales, principalmente en Suez y Mahalla; también ha documentado la detención de al menos 25 políticos e intelectuales de cuatro partidos políticos diferentes. Entre ellos se encuentran Khaled Dawoud, periodista y ex líder del partido liberal Dostour, y también los catedráticos de ciencias políticas Hassan Nefea y Hazem Hosny. Al menos diez se enfrentan a investigación por cargos relacionados con el “terrorismo”.

En lo que constituye un fuerte golpe al derecho de las personas acusadas a una defensa letrada, también se han dirigido ataques contra abogados y abogadas: al menos cuatro han sido detenidos mientras realizaban su trabajo, y en total se ha detenido a 16.

El 29 de septiembre, el abogado de derechos humanos y director del Centro Adalah por los Derechos y Libertades, Mohamed el Baqer, entró en el edificio de la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado para representar al activista detenido Alaa Abdelfattah, y allí fue detenido por los mismos cargos infundados que su cliente. Entre esos cargos se encontraban los de “pertenencia a un grupo prohibido” y “difusión de noticias falsas”. El fiscal lo interrogó sobre el trabajo de su organización y no presentó pruebas contra él, salvo un informe de investigación de la Agencia de Seguridad Nacional que ni a él ni a su abogado le han permitido examinar.

Amnistía Internacional considera a Mohammed el Baqer preso de conciencia, detenido exclusivamente por su trabajo de defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos. La organización pide su libertad inmediata e incondicional.

“La enorme magnitud y la naturaleza arbitraria de las detenciones es un indicador claro de lo nerviosas que están las autoridades egipcias ante la perspectiva de futuras protestas”, ha manifestado Najia Bounaim.

“Se ha atacado a gente de todos los sectores sociales. Debe permitirse que quienes ejercen el derecho, la política, el periodismo y otras actividades lleven a cabo su trabajo libremente y manifiesten su opinión sin sufrir represalias.” 

Al menos siete personas de ciudadanía extranjera fueron también detenidas y obligadas a “confesar” ante las cámaras que conspiraban contra Egipto. Los vídeos fueron retransmitidos por un canal de televisión privado. Amnistía Internacional teme que estas personas fueran coaccionadas para autoincriminarse.

Nueva detención de ex presos y presas

En una decisión especialmente injusta e ilegal, las autoridades egipcias han recurrido también a volver a detener a ex presos y presas que estaban en libertad vigilada por la policía, en algunos casos cuando no estaban ni siquiera cerca de las protestas.

Las fuerzas de seguridad volvieron a detener a Alaa Abed El Fattah, activista político e ingeniero de software que cobró visibilidad durante el levantamiento de 2011. Lo detuvieron el 29 de septiembre, cuando se presentó, como medida de su libertad condicional, en la comisaría de policía de Dokki. Ya había cumplido una pena injusta de cinco años de prisión por participar en una protesta pacífica en 2013. Como parte de sus condiciones de libertad condicional, al ser liberado en marzo de 2019 se le exigió que pasara 12 horas cada noche en una comisaría de policía durante cinco años. A pesar de que durante las protestas estaba entre rejas, fue detenido por cargos de difusión de noticias falsas y unirse a una organización ilegal.

Mohammed Ibrahim, fundador del conocido blog “Oxygen Egypt”, también fue detenido de nuevo por publicar vídeos sobre las últimas protestas mientras cumplía las condiciones de su libertad vigilada en una comisaría de policía de El Cairo el 21 de septiembre.

Amnistía Internacional pide a las autoridades egipcias que detengan el uso de medidas de libertad vigilada contra activistas pacíficos, impuestas como castigo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Operaciones aleatorias de dar el alto y registrar

Para impedir nuevas protestas el 27 de septiembre, la policía estableció varios controles informales en el centro de El Cairo y Alejandría, donde “informadores” vestidos de civil y policías daban el alto al azar a individuos y les ordenaban que entregaran sus teléfonos para examinar sus cuentas en redes sociales, un examen que en ocasiones daba lugar a su detención. Las autoridades también han realizado registros sin orden judicial en varias casas del centro de El Cairo.

En un caso, una persona fue detenida simplemente por haber descargado en su teléfono una aplicación de noticias de la que se sabía que publicaba artículos críticos con las autoridades. Estos registros al azar no sólo son una grave violación del derecho de la persona a la intimidad en virtud de la propia Constitución egipcia, sino que además infringen tratados internacionales y regionales de derechos humanos en los que Egipto es Estado Parte.

Investigaciones profundamente deficientes

La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional también ha encontrado profundas deficiencias en las investigaciones de las personas detenidas, y un flagrante desprecio por el debido proceso.

La inmensa mayoría de las detenciones son arbitrarias porque se basan en el acto de la protesta pacífica o en la participación en convocatorias de protesta. Los cargos presentados contra las personas detenidas se derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de su derecho de reunión, y se basan en arcaicas leyes de reunión egipcias que criminalizan las reuniones no autorizadas, o en disposiciones del Código Penal que criminalizan la expresión legítima.

Según el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales, al menos 2.285 personas han sido detenidas en espera de investigación como parte de seis causas diferentes. La inmensa mayoría (2.268) entran en la causa núm. 1338/2019 y se enfrentan a cargos de “ayudar a un grupo terrorista”, “difundir información falsa”, “uso indebido de redes sociales” y “participación en protestas no autorizadas”. Las autoridades ordenaron su detención en espera de investigación, independientemente de sus circunstancias individuales.

A muchas las recluyeron inicialmente en campos de las Fuerzas de Seguridad Central y les impidieron ponerse en contacto con sus familiares o abogados. Las autoridades también se han negado a revelar oficialmente el paradero de muchas de las personas detenidas.

Muchas personas detenidas permanecieron recluidas durante días antes de ser finalmente interrogadas sin la presencia de sus abogados, lo cual viola sus derechos jurídicos. En varios casos se interrogó a grandes grupos al mismo tiempo, a consecuencia de lo cual cientos de personas se enfrentan a la misma serie de cargos y su detención preventiva colectiva fue ordenada al mismo tiempo. Estas prácticas violan tanto las propias leyes de Egipto como las obligaciones y compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional pide a las autoridades que revelen el lugar donde se encuentran todas las personas detenidas actualmente y que garanticen que tienen acceso a abogados, a sus familias y a atención médica, si la necesitan.

Reacción contra organizaciones de derechos humanos

Desde que comenzaron las protestas, el presidente, la Fiscalía, el Servicio de Información del Estado y varias plataformas progubernamentales de medios de comunicación han tratado de desacreditar a manifestantes y figuras políticas, a quienes han calificado de “islamistas” o “terroristas”.

También han denunciado declaraciones de una serie de organizaciones de derechos humanos tanto egipcias como internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, calificándolas de “politizadas”, y han negado tajantemente que estén violando los derechos de cientos de habitantes de Egipto. El Centro Al Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de Violencia también ha denunciado haber sufrido acoso de las fuerzas de seguridad a lo largo de la semana pasada.

“En lugar de dedicar tiempo a tratar de encubrir sus violaciones de derechos humanos atacando a las organizaciones de derechos humanos que sacan a la luz los abusos, las autoridades egipcias deberían centrarse en poner fin a la oleada de detenciones arbitrarias colectivas y poner en libertad a las personas detenidas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y de reunión”, ha manifestado Najia Bounaim.