La bomba guiada por láser, fabricada por la empresa estadounidense Raytheon y usada en el ataque, es la prueba más reciente de que Estados Unidos está suministrando armas que la coalición que lideran Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos emplea en ataques sobre Yemen que constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario

En un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos perpetrado el 28 de junio de este año contra una vivienda situada en la gobernación de Taiz, Yemen, que causó la muerte de seis civiles —tres de ellos menores de edad— se utilizó munición guiada de precisión fabricada en Estados Unidos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La bomba guiada por láser, fabricada por la empresa estadounidense Raytheon y usada en el ataque, es la prueba más reciente de que Estados Unidos está suministrando armas que la coalición que lideran Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos emplea en ataques sobre Yemen que constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario.

“No hay palabras, es inconcebible que Estados Unidos siga alimentando la cinta transportadora de armas hasta el demoledor conflicto de Yemen”, ha manifestado Rasha Mohamed, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen.

“A pesar de las abundantes pruebas de que la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha cometido una y otra vez graves violaciones graves del derecho internacional, incluidos posibles crímenes de guerra, Estados Unidos y otros países proveedores de armas, como Reino Unido y Francia, continúan impasibles ante el dolor y el caos que están causando sus armas en la población civil.”

Amnistía Internacional habló con dos miembros de la familia y dos residentes locales, incluidos dos testigos del ataque. Además, la organización analizó imágenes de satélite así como material fotográfico y videográfico de los momentos posteriores al ataque para corroborar las declaraciones de los testigos.

Personal de la organización experto en armas analizó fotografías de los restos del arma que habían desenterrado miembros de la familia en el lugar del ataque, y a través de los datos del producto grabados en la aleta pudo identificarla positivamente como una bomba de 500 libras GBU-12 Paveway II.

Una familia destrozada

Entre los seis civiles muertos en el ataque, perpetrado en el pueblo de Warzan, distrito de Jadir, había una mujer de 52 años y tres niños, de 12, 9 y 6 años.

Un miembro de la familia contó a Amnistía Internacional: “Los enterramos el mismo día porque habían quedado completamente destrozados. No había cadáveres que examinar. La carne de uno estaba mezclada con la de otro. Los envolvieron [en mantas] y se los llevaron.”

Un testigo presencial contó a Amnistía Internacional: “Yo estaba a unos tres minutos a pie, trabajando en una granja cercana. Oí pasar el avión y vi caer la bomba sobre la casa. Ya estaba cerca de la casa cuando lanzó la segunda bomba [...] y me tiré al suelo.”

El posible objetivo militar más cercano entonces era una sala de operaciones huzí instalada en la granja Hayel Saeed, aproximadamente a un kilómetro de distancia. Pero llevaba más de dos años sin funcionar, desde que fue objetivo de varios ataques aéreos llevados a cabo por la coalición en 2016 y 2017. Testigos de los hechos contaron a Amnistía Internacional que no había combatientes ni objetivos militares en las inmediaciones de la casa cuando ocurrió el ataque.

Unos 15 minutos después del primer ataque aéreo tuvo lugar el segundo, lo que indicaba que el piloto quería asegurar la destrucción de la vivienda de la familia Al Kindi. La vivienda volvió a ser atacada cinco días más tarde, cuando miembros de la familia se encontraban en ella inspeccionando los daños. Nadie resultó muerto ni herido en el segundo ataque.

Desde marzo de 2015, personal de Amnistía ha investigado decenas de ataques aéreos y ha encontrado e identificado restos de municiones de fabricación estadounidense en repetidas ocasiones.

“Este ataque pone de relieve, una vez más, la acuciante necesidad de imponer un embargo integral sobre todas las armas que puedan ser utilizadas por alguno de los bandos enfrentados en Yemen”, ha dicho Rasha Mohamed.

“Se siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos ante nuestros ojos y, ahora más que nunca, es primordial que los órganos de investigación, en particular el Grupo de Eminentes Expertos con mandato de la ONU, estén plenamente facultados para continuar documentándolas e informando sobre ellas”.

“Los Estados proveedores de armas no pueden adoptar la postura del avestruz y fingir que no conocen los riesgos asociados a las transferencias de armas a las partes de este conflicto, que están cometiendo violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario. Los ataques intencionados contra civiles o bienes de carácter civil, los ataques desproporcionados y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles son crímenes de guerra”.

“Al suministrar conscientemente los medios que permiten a la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos cometer reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, Estados Unidos, junto a Reino Unido y Francia, comparte la responsabilidad sobre ellas.”

Información complementaria

El Grupo de Eminentes Expertos sobre Yemen, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluye en un informe reciente que las pautas de ataque aéreo de la coalición suscitan “graves dudas acerca de si el procedimiento de selección de objetivos adoptado por la coalición respetaba estos principios fundamentales del derecho internacional humanitario”.

Además, el informe documenta una diversidad de abusos y violaciones graves de derechos humanos cometidas por todas las partes del conflicto de Yemen; un conflicto en el que los Estados de la ONU habrán quitado la vida a más de 233.000 yemeníes al término del año, como resultado tanto de los combates como de la crisis humanitaria. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene previsto votar hoy o mañana sobre la renovación del Grupo de Eminentes Expertos. Junto con otras organizaciones, Amnistía Internacional insta a los Estados a apoyar la resolución del Consejo de Derechos Humanos por la que se refuerza y amplía la vigencia del mandato de este grupo.

Según la Agencia de Cooperación en Seguridad para Defensa, el gobierno de Estados Unidos autorizó la venta de 6.120 bombas guiadas Paveway a Arabia Saudí en 2015 y, en mayo de 2019, el presidente Trump pasó por encima del Congreso para autorizar más ventas de bombas guiadas Paveway a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.