A cinco años de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas siguen teniendo una gran deuda con la verdad, justicia y reparación del daño a la que tienen derecho las víctimas, sus familias y la sociedad

Las medidas del gobierno del presidente López Obrador para encontrar la verdad y hacer justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente desde hace cinco años deben traducirse a la brevedad en resultados positivos y replicarse en los otros miles de casos de desaparición en el país, declaró hoy Amnistía Internacional.  

“Durante los primeros cuatro años de lucha, Amnistía Internacional denunció continuamente el encubrimiento de las autoridades en el caso de Ayotzinapa. Hoy hemos visto esfuerzos iniciales del nuevo gobierno por resolver el caso y los saludamos, aunque falta mucho por hacer”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

“No habrá justicia hasta que se investigue a quienes obstruyeron la búsqueda de la verdad, pues ellas son también responsables de que, al día de hoy, no se haya podido esclarecer el paradero de los estudiantes. Amnistía Internacional está comprometida, junto con las familias y otras organizaciones, a seguir el monitoreo de este caso emblemático y espera que los compromisos anunciados por el nuevo gobierno se cumplan hasta llegar a la verdad y hacer justicia.”

En sus primeros 10 meses, el gobierno creó una comisión especial para dar seguimiento al caso, así como una unidad especial en la Fiscalía General de la República. Además, el Subsecretario de Derechos Humanos anunció que México aceptará la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para examinar casos de desaparición en México.

En una reciente reunión con los familiares, el presidente López Obrador y su gobierno se comprometieron a pedir a todas las instituciones a que apoyen los trabajos de investigación y a tener reuniones periódicas con las familias y la Fiscalía. 

Sin embargo, no toda la experiencia bajo el nuevo gobierno ha sido positiva. La investigación no se ha transparentado y las nuevas instancias creadas para el caso no han dado todavía resultados positivos.  

En semanas pasadas, distintos jueces han determinado que mucha de la evidencia presentada por la antigua Procuraduría General de la República -ahora Fiscalía General- era ilegal y, en consecuencia, han ordenado la liberación de varias personas detenidas provisionalmente. Las autoridades deben enfrentar esta situación asegurando que sólo se usen pruebas legales en los casos y que se respete la independencia de las juezas y jueces.

“A cinco años de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas siguen teniendo una gran deuda con la verdad, justicia y reparación del daño a la que tienen derecho las víctimas, sus familias y la sociedad”, declaró Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México. 

“Los vicios en el proceso de investigación del caso Ayotzinapa son el lastre que ha dificultado el esclarecimiento de los hechos. Constituyen además una gran lección que no se debe repetir en este caso por demás emblemático. La verdad solo se puede basar en una investigación imparcial y que sea verificable y seria.”  

Amnistía Internacional además ve con preocupación que la suerte de las personas desaparecidas en el país no se ha dilucidado. Las autoridades han reportado que más de 40 mil personas están desaparecidas actualmente en México.  

“El gobierno debe poner todos los recursos necesarios para resolver no solo el caso de los 43 estudiantes, sino todos los casos de las más de 40 mil personas desaparecidas en el país”, concluyó Erika Guevara Rosas.