Además de unas tácticas de control policial cada vez más duras y de la pasividad policial a la hora de proteger a manifestantes frente a la violencia de terceros, las autoridades honkonesas han hecho uso indebido de leyes y reglamentos para hostigar y procesar a personas y grupos acusados de traspasar la “línea roja” de Pekín

El proyecto de ley de extradición propuesto era la expresión más reciente de una erosión constante de los derechos humanos en Hong Kong; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, con motivo de la publicación de un informe donde describe con detalle cómo la progresiva influencia de las políticas y la retórica de Pekín sobre la “seguridad nacional” han hecho que cada vez más activistas y periodistas locales hayan sido censurados, hostigados y procesados en los últimos años. 

En Beijing’s Red Line in Hong Kong (La línea roja de Pekín en Hong Kong), la organización pone de relieve el proceso por el que las restricciones crecientes de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica culminaron en las protestas de este verano.

“La erosión constante de derechos y libertades en Hong Kong comenzó mucho antes del anuncio del proyecto de ley de extradición. Las autoridades chinas, junto con las honkonesas, llevan años recortando sistemáticamente el estatus especial del que se supone que disfruta Hong Kong en relación con la protección de los derechos humanos”, ha dicho Joshua Rosenzweig, director de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para Asia Oriental. 

“La escandalosa respuesta policial a las protestas por el proyecto de ley de extradición ha incrementado el temor de que Hong Kong esté cayendo en el represivo estilo de gobierno observado en China continental. Pedimos a las autoridades de Hong Kong que escuchen las reivindicaciones de millones de manifestantes y protejan su derecho de reunión pacífica, de acuerdo con sus obligaciones nacionales e internacionales. Un primer paso fundamental sería ordenar una investigación independiente y efectiva sobre las actuaciones policiales.” 

Basado en entrevistas a periodistas, activistas, profesores, estudiantes, trabajadores de ONG y legisladores, el informe de Amnistía Internacional describe con detalle cómo las autoridades de Hong Kong, siguiendo el ejemplo de Pekín, han venido aplicando políticas cada vez más represivas desde las protestas del Movimiento de los Paraguas en 2014. Los derechos a la libertad de expresión y asociación son atacados, con más de 100 personas procesadas por activismo pacífico desde 2014.

Además de unas tácticas de control policial cada vez más duras y de la pasividad policial a la hora de proteger a manifestantes frente a la violencia de terceros, las autoridades honkonesas han hecho uso indebido de leyes y reglamentos para hostigar y procesar a personas y grupos acusados de traspasar la “línea roja” de Pekín. 

Una invasiva línea roja 

En su informe, Amnistía Internacional examina el periodo comprendido entre dos momentos críticos de protesta: Occupy Central y la Revolución de los Paraguas en 2014, y las protestas contra el proyecto de ley de extradición que comenzaron en junio de 2019. Describe cómo las autoridades chinas han aplicado su definición amplia e imprecisa de "seguridad nacional" —utilizada con efectos demoledores en China contra activistas y otras personas— para actuar contra periodistas, activistas y detractores en Hong Kong.  

En 2017, el presidente Xi Jinping estableció una “línea roja” en Hong Kong frente a “cualquier intento de poner en peligro la soberanía o la seguridad de China, desafiar la autoridad del gobierno chino o utilizar Hong Kong para realizar actividades de infiltración y sabotaje contra el territorio continental”. Cada vez más, las autoridades chinas interpretan el ejercicio ordinario de derechos como traspasar esta “línea roja”. El gobierno de Hong Kong ha adoptado estas tácticas, incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la Ley Fundamental de Hong Kong.  

Muchas personas entrevistadas por Amnistía Internacional afirmaron que su activismo pacífico en favor de los derechos humanos y la democracia las había convertido en objetivos de las autoridades de Hong Kong y Pekín.  

Un periodista contó que recibía semanalmente llamadas de autoridades pekinesas que lo presionaban para que quitara importancia a las críticas contra el presidente Xi Jinping y asuntos como la independencia taiwanesa. Trabajadores de ONG dijeron que habían sufrido repetidamente el acoso de funcionarios honkoneses y pekineses y que habían tenido que practicar la autocensura para proteger su financiación.

La falta de rendición de cuentas por el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía en las protestas también se reveló como un motivo de preocupación clave para las personas activistas entrevistadas por Amnistía.  

Un activista que había sufrido una paliza a manos de la policía durante una protesta en 2014 contó a Amnistía: 

“Es inútil denunciar a la policía. El número de acusaciones contra policías por agresión que prosperan es prácticamente cero.”  

Durante las protestas recientes contra el proyecto de ley de extradición propuesto en marzo de 2019, Amnistía, entre otros, documentó múltiples casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza por la policía en contravención de leyes y normas internacionales.

Tras el anuncio de la retirada del proyecto de ley de extradición el 4 de septiembre, Amnistía Internacional continúa pidiendo a las autoridades de Hong Kong que investiguen de manera exhaustiva e independiente el uso indebido de la fuerza y otros abusos cometidos por la policía durante las protestas, y asimismo que dejen de utilizar enjuiciamientos por motivos políticos contra manifestantes pacíficos. 

Las autoridades de Hong Kong deben demostrar también su compromiso de respetar, proteger y realizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica levantando toda restricción indebida de estos derechos bajo el disfraz de la “seguridad nacional”. 

“Para los millones de personas que salieron a las calles de Hong Kong este verano, el proyecto de ley de extradición es sólo la punta del iceberg respecto al ataque de Pekín contra sus derechos humanos”, ha afirmado Joshua Rosenzweig. 

“Las autoridades tienen que demostrar que están dispuestas a proteger los derechos humanos en Hong Kong, aunque eso suponga rechazar la 'línea roja' de Pekín.”