El lunes, Amnistía Internacional junto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y el Congreso Mundial Uigur escribieron a Guterres instándolo a pronunciarse contra el gobierno chino

António Guterres debe condenar de manera pública e inequívoca las políticas abusivas de las autoridades chinas en Sinkiang y pedir la clausura inmediata de los campos en los que, según estimaciones, se encuentran recluidas un millón de personas de la comunidad musulmana túrquica, según ha expresado una coalición de cinco organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, en una carta dirigida al secretario general de la ONU.

“En palabras del propio señor Guterres, los derechos humanos son universales con independencia de la raza, las creencias o la ubicación. Le pedimos que aplique ese principio al millón de personas uigures y otros miembros de la comunidad musulmana túrquica que continúan recluidas arbitrariamente por las autoridades chinas en ‘campos de educación política’ en Sinkiang”, declaró Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“Es evidente que la diplomacia privada del señor Guterres sobre esta cuestión no está dando resultado. António Guterres debe pronunciarse públicamente de inmediato contra la persecución de las personas de fe musulmana en Sinkiang o, de lo contrario, será recordado por haber fallado a cientos de miles de personas en este momento crucial.”

El lunes, Amnistía Internacional junto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y el Congreso Mundial Uigur escribieron a Guterres instándolo a pronunciarse contra el gobierno chino.

En la carta, la coalición pide a Guterres que apoye la creación de una visita de investigación para evaluar la escala y la naturaleza de los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en Sinkiang y que se reúna con representantes de la comunidad uigur. Le pide, además, que se abstenga de elogiar sin reservas la iniciativa de inversión “Franja y Ruta” de Pekín, en la que Sinkiang es una pieza central.

“Hay numerosos motivos que suscitan honda preocupación en relación con la situación de los derechos humanos en China, pero la escala y la gravedad atroces de la situación en Sinkiang exige la atención inmediata del mundo a medida que cada vez se somete a detención ilícita a más minorías, en su mayoría, musulmanas”, afirmó Kumi Naidoo.

“El mero hecho de que nos veamos obligados a hacer una llamamiento público al secretario general de la ONU para que se pronuncie sobre un abuso de esta magnitud es una denuncia condenatoria de su liderazgo.”

Desde 2017 se ha intensificado la campaña gubernamental de internamiento masivo, vigilancia intrusiva, adoctrinamiento político y asimilación cultural forzada contra las personas de etnias uigur y kazaja y los miembros de otros grupos étnicos, en su mayoría musulmanes, de la provincia de Sinkiang, en el noroeste de China.

Las personas recluidas en los campos de detención no son sometidas a juicio ni tienen acceso a asistencia letrada o derecho a impugnar la decisión.

Las autoridades chinas alegan que su campaña de detención ilegítima en Sinkiang es una medida necesaria para “luchar contra el terrorismo”.