Aumentan los temores de que las autoridades chinas ejecuten de un momento a otro a Tashpolat Tiyip, destacado académico uigur que fue condenado en un juicio secreto y manifiestamente injusto. El académico fue sometido a desaparición forzada en 2017, y desde entonces ha estado detenido arbitrariamente. No se ha facilitado ninguna información sobre los cargos de los que se le acusa ni sobre su procedimiento judicial, y sigue sin conocerse su actual paradero

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente de la República Popular China / President of the People’s Republic of China
Xi Jinping

Zhongnanhai

Xichangan’jie

Xichengqu, Beijing Shi 100017

República Popular China

Fax: +86 10 6238 1025

Correo-e: english@mail.gov.cn

Señor Presidente:

Le escribo para pedirle que intervenga urgentemente y detenga la ejecución de Tashpolat Tiyip, que incluso podría llevarse a cabo ya en septiembre.

Tashpolat Tiyip era decano de la Universidad de Sinkiang cuando fue sometido a desaparición forzada en 2017 mientras viajaba a Alemania con un grupo de estudiantes para asistir a una conferencia. Desde entonces ha permanecido detenido y se desconoce su paradero. Tashpolat Tiyip fue declarado culpable de “separatismo” en un juicio secreto y manifiestamente injusto, en el que se dictó “condena a muerte condicional”, que puede ser conmutada tras dos años de cárcel si no se cometen otros delitos, y ahora se enfrenta a una ejecución inminente.

Le pido que:

• detenga de inmediato los planes para llevar a cabo la ejecución de Tashpolat Tiyip;
• ponga inmediatamente en libertad sin condiciones a Tashpolat Tiyip, salvo que haya suficientes pruebas creíbles y admisibles de que ha cometido un delito reconocido internacionalmente y se le garantice un juicio justo con arreglo a las normas internacionales.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

La uigur es una minoría étnica principalmente musulmana que se concentra sobre todo en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, en China. Desde la década de 1980 sus miembros han sido objeto de muchas violaciones sistemáticas de derechos humanos, tales como detención arbitraria, reclusión en régimen de incomunicación y restricciones de la libertad religiosa, así como de los derechos sociales y culturales. Las autoridades locales mantienen un estricto control sobre las prácticas religiosas, llegando a prohibir a todas las personas que sean funcionarios o menores de 18 años asistir al culto en las mezquitas. La política del gobierno chino limita el uso del idioma uigur, restringe severamente la libertad de religión y fomenta la afluencia constante de migrantes de etnia han a la región.

En mayo de 2014, en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang se inició una campaña de “mano dura” que duró un año y en la que las autoridades dieron prioridad a las detenciones inmediatas, los juicios rápidos y la imposición colectiva de condenas a uigures. El gobierno pidió más “cooperación” entre la fiscalía y los tribunales, y esto incrementó las dudas sobre las garantías de los juicios. La campaña de “mano dura” se ha prolongado durante los años siguientes, y las autoridades han aumentado enormemente el gasto en la policía. En tales circunstancias, muchas personas de etnia uigur han tomado la decisión de huir del país. Las autoridades chinas han respondido acosando a las familias de quienes se han ido para obligarlos a volver, e intentando cada vez con más fuerza restringir las actividades políticas y de derechos humanos de activistas uigures en otros países. Esto ha aumentado el temor de muchas personas uigures en el extranjero, incluidas personas refugiadas y solicitantes de asilo, de ser devueltas a China. En los últimos años se ha devuelto a decenas de solicitantes de asilo uigures a China desde países del sudeste asiático o de Asia central.

Las noticias aparecidas en los medios de comunicación han mostrado la magnitud de las nuevas medidas draconianas de seguridad que se han aplicado desde que el nuevo secretario del partido en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, Chen Quanguo, subió al poder en 2016, y que incluyen el anuncio de más de 90.000 puestos relacionados con la seguridad en un año. En octubre de 2016 hubo numerosos informes sobre la confiscación de pasaportes uigures por las autoridades de la región, que trataban de recortar más la libertad de circulación. En marzo de 2017, el gobierno de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang promulgó la “Normativa Antirradicalización”, que describe y prohíbe una amplia variedad de conductas calificadas de “radicales”, tales como “difundir el pensamiento radical”, desacreditar o negarse a oír o ver programas de la radio y la televisión estatales, llevar burka, llevar una barba “extraña”, resistirse a las políticas nacionales y publicar, descargar, almacenar o leer artículos, publicaciones o material audiovisual de “contenido radical”. Esta normativa también establece un “sistema de responsabilidad” de los cuadros oficiales respecto al trabajo de “antirradicalización”, así como la revisión anual de su rendimiento. Según Radio Free Asia, desde mayo de 2017 las autoridades chinas han venido obligando a las personas de etnia uigur matriculadas en universidades extranjeras a regresar a China. A comienzos de julio de 2017, unas 200 personas de etnia uigur fueron detenidas en Egipto por orden de las autoridades chinas, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de 16 que fueron devueltas.

Las autoridades chinas han negado la existencia de centros de “transformación a través de la educación” hasta octubre de 2018, cuando reconocieron que existían unos campos, aunque afirmaron que eran centros voluntarios y gratuitos de “formación profesional” cuyo objetivo, según dijeron, es proporcionar a la gente una formación técnica y profesional que le permita encontrar trabajo y llegar a ser ciudadanos y ciudadanas “útiles”. Sin embargo, la explicación de China contradice los informes de golpes, privación de alimentos y reclusión en régimen de aislamiento que han dado a Amnistía Internacional personas que han estado detenidas en estos centros.

A Amnistía Internacional le ha seguido preocupando también el secretismo que rodea el uso de la pena de muerte en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang en el marco del aumento de las medidas de seguridad en las campañas de “mano dura”. Estas campañas han ido acompañadas habitualmente de un incremento en el empleo de la pena de muerte, y personas expertas en el tema han criticado los procedimientos empleados en ellas por la falta de salvaguardias procesales y por la probabilidad de que haya “ejecuciones erróneas”.

Una investigación en profundidad publicada por Amnistía Internacional en abril de 2017, China’s Deadly Secrets, demuestra que, a pesar de que China afirma estar avanzando hacia una mayor transparencia en el sistema de justicia penal, las autoridades aplican un elaborado sistema de secretismo para disfrazar la magnitud de la cifra de ejecuciones. Según esta investigación, centenares de ejecuciones de las que se informa en los medios de comunicación públicos no aparecen en una base de datos judicial online de sentencias a nivel nacional, aunque la normativa China obliga a registrarlas en ella. Esto era particularmente frecuente en los casos de pena de muerte relacionados con la Región Autónoma Uigur de Sinkiang. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, por considerarla una violación de la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. La organización lleva más de 40 años haciendo campaña en favor de su abolición total.

Pueden escribir llamamientos en: Chino e inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 21 de octubre de 2019

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Tashpolat Tiyip (masculino)