“Es indignante que un año después de la condena no puedan examinarse las apelaciones de las partes a causa de la desaparición de un expediente”, ha manifestado Antonia Mulvey, fundadora y directora ejecutiva de Legal Action Worldwide

La desaparición de un expediente está bloqueando las apelaciones en el caso de asesinato y agresión sexual derivado del ataque perpetrado el 11 de julio de 2016 en el hotel Terrain, en Yuba, Sudán del Sur. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Legal Action Worldwide. El expediente del caso no se ha vuelto a ver desde que se envió al presidente Salva Kiir en 2018.

Por tanto, el Tribunal Supremo no puede avanzar con las apelaciones de las víctimas y los condenados un año después de que 10 soldados fueran declarados culpables de la agresión sexual y violación de al menos cinco trabajadoras de ayuda humanitaria, y del asesinato de un periodista durante el ataque.

“Es indignante que un año después de la condena no puedan examinarse las apelaciones de las partes a causa de la desaparición de un expediente”, ha manifestado Antonia Mulvey, fundadora y directora ejecutiva de Legal Action Worldwide. “Las autoridades deben garantizar que no se llevan a cabo intentos deliberados de obstaculizar la justicia y deben encontrar el expediente, para que el Tribunal Supremo pueda examinar la apelación".

“Las víctimas de este atroz ataque y sus familias ya han sufrido mucho; prolongar su búsqueda de la justicia es una crueldad indescriptible”, ha declarado Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

Las autoridades deben garantizar que las víctimas gozan de su derecho de apelación y los acusados de su derecho a un juicio justo, que incluye el derecho a apelar y el derecho a ser juzgado, o el derecho a obtener justicia sin demoras indebidas. Así lo han manifestado las organizaciones.

En septiembre de 2018, las supervivientes de violación y agresión sexual y la familia de John Gatluak Manguet, el periodista muerto en el ataque, apelaron contra la decisión del tribunal de indemnizar con 4.000 dólares estadounidenses a cada una de las supervivientes de violación y agresión sexual y con 51 vacas a la familia del periodista. Alegaban que la indemnización no era proporcional a los crímenes, y al trauma físico y mental que han sufrido desde el ataque. Los soldados condenados también dejaron constancia de su intención de apelar contra la declaración de culpabilidad.

“Cuando se concedió la indemnización, me sentí ultrajada de nuevo, me sentí violada otra vez por el sistema de justicia”, ha manifestado Sabrina Prioli, una de las supervivientes de violación. “Ahora apelamos porque queremos un sistema de indemnización formal que tenga en cuenta la gravedad del crimen".

El expediente desaparecido, que incluía la sentencia, fue enviado al presidente Salva Kiir para su confirmación antes de que se dictara la sentencia el 6 de septiembre de 2018. Desde entonces no se le ha vuelto a ver. Los diplomáticos y funcionarios de la ONU tienen fuertes sospechas de que el expediente se perdió en la Oficina del Presidente. Para que el caso pase a apelación es necesario contar con el expediente completo.

“Aunque el juicio de los soldados del caso Terrain es un primer paso, el proceso judicial aún no ha terminado”, ha manifestado Jehanne Henry, directora asociada para África de Human Rights Watch. “La desaparición del expediente ha paralizado de hecho el proceso de apelación, y sirve como ejemplo típico de las deficiencias del sistema de justicia que agravan la cultura de la impunidad en Sudán del Sur".

La apelación podría sentar un importante precedente para los procesamientos futuros en los casos de violación en Sudán del Sur, donde la violencia sexual es generalizada y lleva utilizándose como arma de guerra desde diciembre de 2013. Muchas mujeres y niñas, y también hombres y niños, han sufrido violación —ya sea por un solo individuo o por un grupo—, secuestro y mutilación forzosa. Sus casos no se han investigado de manera efectiva y los responsables no han comparecido ante la justicia.

En un caso que sirve de ejemplo, las supervivientes de violación a manos de fuerzas gubernamentales en el poblado de Kubi, a las afueras de Yuba, llevan aguardando justicia desde febrero de 2017. En otro caso, el gobierno rechazó las denuncias, en noviembre de 2018, de violaciones en Bentiu, en el norte del país, tachándolas de “falsas” a pesar de los indicios que señalaban patrones claros de agresiones sexuales por parte de hombres armados.

El 23 de agosto de 2019, el presidente del Tribunal Supremo de Sudán del Sur, Chan Reec Madut, dijo a los medios de comunicación que existían planes para establecer un tribunal especial para la violencia de género, que se ocuparía de casos tanto de violencia intrafamiliar como de violaciones graves de derechos humanos.

Aunque las declaraciones de culpabilidad del año pasado fueron un primer paso importante hacia la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos en Sudán del Sur, las autoridades deben garantizar que la justicia llega hasta el final en este caso. Según la legislación de Sudán del Sur, los juicios de delitos contra civiles deben ser celebrados por tribunales civiles, no por tribunales militares, como sucedió en el caso del hotel Terrain.