En el documento informativo, Defenceless Defenders: Attacks on Afghanistan’s Human Rights Community, Amnistía Internacional revela que el gobierno afgano se ha abstenido reiteradamente de investigar los ataques contra personas activistas de los derechos humanos, a quienes ha acusado a veces de “inventarse” lo que dicen, e incluso ha dicho que empuñen las armas para defenderse ellas mismas

La comunidad de derechos humanos de Afganistán está siendo objeto de ataques cada vez más intensos tanto de las autoridades como de grupos armados, que someten a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos a intimidaciones, hostigamiento, amenazas y violencia, ha manifestado Amnistía Internacional en un documento informativo publicado hoy.

Contra el fondo de la escalada de la violencia en Afganistán, donde el año pasado se produjo el mayor número de muertes civiles de que se tiene constancia y donde nunca, en más de dos años, la violencia ha sido tan intensa como el mes pasado, las personas activistas y defensoras de los derechos humanos son ignoradas en gran medida por el gobierno afgano y por la comunidad internacional.

En el documento informativo, Defenceless Defenders: Attacks on Afghanistan’s Human Rights Community, Amnistía Internacional revela que el gobierno afgano se ha abstenido reiteradamente de investigar los ataques contra personas activistas de los derechos humanos, a quienes ha acusado a veces de “inventarse” lo que dicen, e incluso ha dicho que empuñen las armas para defenderse ellas mismas.

“Este es uno de los momentos más peligrosos para ser activista de los derechos humanos en Afganistán. Estas personas, no sólo desarrollan sus actividades en uno de los entornos con mayores peligros, sino que reciben amenazas tanto del gobierno como de grupos armados. El gobierno afgano tiene el deber de respetarlas, protegerlas y apoyarlas, y de investigar las amenazas y ataques contra ellas y hacer rendir cuentas a los presuntos responsables”, ha afirmado Omar Waraich, director adjunto de Amnistía Internacional, para el sur de Asia.

“La comunidad internacional también tiene una función muy importante que desempeñar en este sentido. Lleva mucho tiempo alabando la valentía de las personas activistas de los derechos humanos de Afganistán, pero sin reconocer sus logros ni prestarles apoyo efectivo en estos momentos cada vez más difíciles. La comunidad internacional debe dar un paso más y prestar a la comunidad de derechos humanos de Afganistán el apoyo que necesita recibir con urgencia".

Violencia, amenazas y homicidios

En el documento, Amnistía Internacional detalla cómo se ha intimidado, hostigado, disparado e incluso matado a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en ataques sobre los que las autoridades afganas no han iniciado investigaciones ni procesamientos.

• En octubre de 2015, dos miembros del personal de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán murieron y otros dos resultaron heridos al estallar una bomba caminera en la provincia oriental de Nangarhar.

“Lamentablemente, hasta la fecha el gobierno no ha detenido a nadie –ha comunicado un miembro de la Comisión Independiente a Amnistía Internacional–. No se nos ha informado de ningún avance [en la investigación]”.

• En septiembre de 2016 dispararon siete veces contra Khalil Parsa, activista de los derechos humanos de la provincia de Herat, cuando regresaba a casa en automóvil. Antes del ataque había recibido una serie de amenazas, instándolo a poner fin a su trabajo en favor de los derechos humanos.

Cuando las denunció en la Dirección Nacional de Seguridad, se limitaron a decirle que informara de ello a los organismos de seguridad la próxima vez que recibiera una. Tras marcharse temporalmente del país para buscar seguridad en otro lugar, le dijeron que el gobierno no iba a investigar el ataque contra él.

• En octubre de 2018 dispararon contra “Mohammed” (nombre ficticio) cerca de su casa, en Kabul, cuando volvía caminando a ella, y lo hirieron en el hígado. Pidió protección a las autoridades, pero no le proporcionaron ninguna.

Le dijeron que se compara un arma para “protegerse él mismo”. Se vio obligado a mudarse a otro lugar por seguridad.

• “Hasiba” (nombre ficticio), es una abogada que defiende a mujeres víctimas de violencia doméstica, que quieren divorciarse o que están acusadas de algún delito.

Desde 2017 ha recibido reiteradas amenazas de violencia, incluidos ataques con ácido. La policía tomó nota de su caso, pero no hizo nada, por lo que Hasiba se vio obligada a cerrar su despacho de abogados durante siete meses.

Amenazas del gobierno

En diciembre de 2016, el presidente afgano, Ashraf Ghani, juró proteger los derechos de las personas activistas y defensoras de los derechos humanos. “La protección de quienes defienden los derechos humanos es responsabilidad exclusiva de mi gobierno y sus ramas legislativa y judicial”, afirmó en una conferencia auspiciada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

Lejos de cumplir este compromiso, el gobierno ha sido responsable él mismo de intimidaciones, hostigamiento y amenaza contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

En junio de 2016, las autoridades afganas hicieron uso excesivo de la fuerza para reprimir una manifestación convocada en la plaza de Zanbaq de Kabul para protestar por las víctimas civiles del conflicto.

En una protesta anterior, uno de los organizadores dijo a Amnistía Internacional que la oficina del presidente se había puesto en contacto con él para advertirle de que levantaran las tiendas montadas por los manifestantes porque podían ser “atacadas” por grupos armados, algo que él había interpretado como una amenaza.

En mayo de 2017, el historial de Afganistán en materia de tortura fue objeto de examen en las Naciones Unidas. Antes del examen del Comité de la ONU contra la Tortura, un grupo de la sociedad civil fue obligado a retirar los nombres de altos cargos del gobierno de un “informe paralelo” que iba a presentar.

“No hay confianza”

Ante la falta de medidas para proteger a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos e iniciar investigaciones y enjuiciamientos sobre las amenazas y ataques de que son objeto, varias personas activistas de los derechos humanos han dicho a Amnistía Internacional que no hay confianza en el gobierno.

“No hay confianza”, ha explicado “Ishaqzia” (nombre ficticio) a la organización. “Entendemos que no nos protegerán".

Esta sensación se ha visto exacerbada por varios incidentes en los que las autoridades han acusado a activistas de inventarse las amenazas o se han negado a prestarles protección.

“Shahzad” (nombre ficticio) es un activista de los derechos humanos que recibió amenazas de los talibanes en Facebook. “Eres el servidor de los judíos y los infieles –rezaba uno de los mensajes–. Hemos informado a los muyahidín para que te manden al infierno".

Cuando Shahzad denunció las amenazas en la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, las remitieron a la Dirección Nacional de Seguridad, la agencia de inteligencia de Afganistán, que se negó a admitirlas por considerar que eran “inventadas”.

Dos activistas a quienes Amnistía Internacional ha entrevistado han dicho que, cuando denunciaron ataques que habían sufrido, no les ofrecieron protección, sino que se limitaron a decirles que se compraran un arma para protegerse.

“Las personas activistas y defensoras de los derechos humanos de Afganistán han dado muestra de enorme valentía a pesar del contexto tan difícil en que desarrollan sus actividades. Objeto de graves amenazas contra su vida y su bienestar, continúan alzando la voz contra la injusticia y en defensa de los derechos de las demás personas. Ya es hora de que las autoridades afganas y la comunidad internacional defiendan igualmente sus derechos”, ha señalado Omar Waraich.