“El caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional anunció hoy, en una declaración pública, que continuará vigilando el proceso penal contra el defensor de derechos digitales Ola Bini en Ecuador, tras identificar violaciones de derechos humanos e interferencia indebida del Gobierno, incluyendo del presidente Lenín Moreno y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

“El caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.

El caso de Ola Bini muestra una grave contradicción en el sistema penal ecuatoriano. Con frecuencia, los ataques contra personas defensoras de derechos humanos permanecen impunes, mientras que las acusaciones infundadas contra ellas sí son investigadas inmediatamente 

Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional

El 11 de abril de este año, Bini fue detenido por policías después de que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, le acusara de estar “colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno”.[1] El 20 de junio, 70 días después, un tribunal ordenó su liberación tras reconocer que su detención fue ilegal y arbitraria, lo cual violó el derecho internacional y afectó los derechos de Bini a la libertad personal y a un juicio justo.

Amnistía Internacional señaló que la interferencia indebida de autoridades, como el presidente, la ministra de Gobierno y el fiscal a cargo del caso, ha violado la independencia de la investigación, el debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, puesto que sus acusaciones públicas contra Bini aún no han sido probadas mediante una investigación independiente, objetiva e imparcial.

Ante esto, la organización alerta sobre el riesgo de que la Fiscalía a cargo del caso presente pruebas obtenidas ilegalmente y pidió a las autoridades judiciales verificar que cualquier prueba utilizada contra Bini haya sido obtenida con apego al derecho internacional.

El uso indebido del sistema penal contra personas que defienden los derechos digitales y a la privacidad podría generar un ambiente intimidatorio y temor entre quienes llevan a cabo esta labor en Ecuador.

Información adicional:

En la mañana del 11 de abril de 2019 – en una conferencia de prensa en que comunicó la decisión de retirar el asilo diplomático a Julian Assange–, la entonces ministra del Interior y actual ministra de Gobierno, María Paula Romo acusó a Bini de estar “colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno”.

Ola Bini fue detenido en la tarde del 11 de abril en Quito sin orden judicial y sin evidencia de que se cometiera un delito en flagrancia. Además, durante el periodo inicial de la detención, no fue informado de sus derechos ni sobre los motivos de su detención en su idioma natal, se encontró incomunicado, no tuvo acceso a un abogado y no se notificó a la Embajada de Suecia sobre su detención.

El 16 de abril, durante un evento público en Washington D.C., Estados Unidos, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acusó a Bini de haber sido “sorprendido haciendo hackeo de cuentas de Gobierno, de cuentas personales y hackeando teléfonos”.