La fiscalía ha abierto una investigación sobre los ataques perpetrados en marzo contra la comunidad indígena Ysati “3 de Julio”. El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) proporcionó a la comunidad ayuda humanitaria el 5 de abril de 2019, volvió a expedir los documentos de identidad perdidos durante el ataque, y presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General por el presunto uso indebido del sistema de justicia penal contra las comunidades indígenas avá guaraní.

No se requiere ninguna otra acción. Muchas gracias a todas las personas que enviaron llamamientos.

La comunidad indígena Ysati “3 de Julio” es una de las comunidades pertenecientes al pueblo indígena avá guaraní. Vive en el distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná, en el sureste de Paraguay. En esta zona hay títulos de propiedad de las tierras que se superponen y que generan conflictos constantes entre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), los propietarios individuales, la Industria Paraguaya de Alcoholes SA (INPASA) y los miembros de la comunidad, que se encuentran en peligro constante.

El 3 de marzo de 2019, unas 50 personas, entre ellas hacendados acompañados de individuos armados, entraron en las tierras ancestrales de la comunidad “3 de Julio”. Quemaron cosechas y seis casas con todas sus pertenencias dentro. Cincuenta y cinco personas —de las que 38 eran niños y niñas— se vieron obligadas a desplazarse, y están refugiadas precariamente en una comunidad cercana.

La fiscalía local ha abierto una investigación sobre los ataques perpetrados el 3 de marzo contra la comunidad indígena Ysati “3 de Julio”. Por otra parte, el INDI proporcionó a los miembros de la comunidad ayuda humanitaria el 5 de abril de 2019, y renovó los documentos que habían perdido durante el ataque. El 24 de junio, el INDI presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General por el presunto uso indebido del sistema de justicia penal contra las comunidades indígenas avá guaraní en el contexto de la disputa mantenida con individuos particulares por los títulos de propiedad de la tierra que se superponen. La Fiscalía aún no ha designado un fiscal para que investigue esta denuncia.

La campaña pública en favor de la comunidad Ysati, que incluyó Acciones Urgentes y reuniones entre miembros de Amnistía Internacional y las autoridades, contribuyó a que se dieran pasos positivos tras los ataques, así como sobre la situación general actual de la comunidad y el conflicto de tierras a largo plazo. Seguiremos observando el desarrollo de las investigaciones sobre los ataques de marzo y sobre la situación de la comunidad, y reaccionaremos si se requieren nuevas acciones.

Nombre y género gramatical preferido: Comunidad indígena Ysati “3 de Julio” (no aplicable)

Segunda y última actualización de la AU 032/19

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4599772019SPANISH.pdf