El 18 de julio, el Grupo de Investigación y Detección Criminal de la Policía Nacional de Filipinas presentó una denuncia por sedición contra 36 personas, entre quienes figuran la vicepresidenta Leni Robredo, la senadora Leila de Lima (a quien Amnistía Internacional considera presa de conciencia), la senadora Risa Hontiveros, los ex senadores Antonio Trillanes IV y Bam Aquino, destacados obispos y curas católicos, profesionales del derecho y otras figuras públicas

En respuesta a la noticia de que la Policía Nacional de Filipinas ha presentado una denuncia contra 36 destacadas figuras por sedición y otros cargos conexos, Butch Olano, director de la Sección Filipina de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Por el momento en que se presenta y las personas contra las que va dirigida, esta denuncia tiene todas las características del hostigamiento judicial. Al interponerla tan poco tiempo después de la decisión de la ONU de examinar los miles de homicidios cometidos en el contexto de la brutal campaña del gobierno contra las drogas, las autoridades parecen estar presentando cargos falsos contra figuras notorias por sus críticas dentro del país".

“La denuncia ilustra cómo pueden aplicarse arbitrariamente leyes draconianas como la relativa a la sedición para silenciar a quienes critican al gobierno. Si las autoridades filipinas no pueden presentar pruebas creíbles contra esta larga lista de personas, debe desestimarse la denuncia".

Información complementaria

El 18 de julio, el Grupo de Investigación y Detección Criminal de la Policía Nacional de Filipinas presentó una denuncia por sedición contra 36 personas, entre quienes figuran la vicepresidenta Leni Robredo, la senadora Leila de Lima (a quien Amnistía Internacional considera presa de conciencia), la senadora Risa Hontiveros, los ex senadores Antonio Trillanes IV y Bam Aquino, destacados obispos y curas católicos, profesionales del derecho y otras figuras públicas.

Se acusa a las personas denunciadas de sedición, incitación a la rebelión, difamación y obstrucción a la justicia, así como de valerse de Peter Joemel Advincula, alias Bikoy, para “difundir mentiras contra el presidente y su familia y allegados, haciendo que parezcan protectores del tráfico ilícito de drogas.”

En abril de 2019, sólo un mes antes de las elecciones nacionales de mitad de mandato, se publicaron en Internet los denominados “vídeos Bikoy”, en los que se detallaba la supuesta participación del presidente Rodrigo Duterte y su familia en el tráfico ilícito de drogas. Advincula era el narrador de los cinco vídeos.

No es la primera vez que se presentan cargos contra personas críticas con el gobierno, especialmente contra quienes se oponen a la brutal “guerra contra la drogas” de la administración Duterte. La senadora Leila de Lima, considerada por Amnistía Internacional presa de conciencia, está cumpliendo su tercer año en prisión por cargos de drogas. El senador Antonio Trillanes IV, muy crítico también con Duterte, se halla actualmente en libertad con fianza, tras haberse ordenado su detención por difamación y por una causa por rebelión que se reabrió después de que Duterte revocara su amnistía. Hay al menos nueve causas judiciales abiertas contra el sitio web de noticias Rappler, su editora ejecutiva –Maria Ressa–, su dirección y una persona que realizó labores de investigación en él.